Hace casi un mes, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores el proyecto sobre competitividad y reducción del costo de vida. Desde esa instancia, los legisladores continúan con su estudio y está previsto que se vote en el plenario de la cámara alta a fines de agosto, antes de que ingrese el proyecto de Rendición de Cuentas, que está en la Cámara de Diputados.
La sesión del jueves pasado se enfocó en la opinión de diversos especialistas, entre ellos Nicolás Grau, ministro de Hacienda de Chile en el gobierno de Gabriel Boric, quien asesoró al gobierno en la redacción del proyecto. Además, comparecieron el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), liderado por el nacionalista Agustín Iturralde, y el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), que dirige el economista Ignacio Munyo.
“Todos sabemos que Uruguay enfrenta un problema regulatorio que no se explica por una única norma, sino por una acumulación de trámites, registros, autorizaciones, controles y exigencias que se superponen a lo largo del tiempo”, dijo Munyo en el comienzo de su intervención, según consta en la versión taquigráfica. “Esa acumulación afecta de manera desproporcionada a las pequeñas y medianas empresas, desalienta la entrada de nuevos competidores, demora inversiones y deteriora la relación entre el Estado y los ciudadanos”, sostuvo.
En ese sentido, dijo que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo “ofrece una respuesta amplia a este problema”. Asimismo, Iturralde, que también es economista, señaló que la iniciativa sigue “un camino que va en el sentido correcto”. “Las intuiciones que motivan el proyecto de ley son todas compartibles de parte del CED y tratan de atacar un problema muy profundo de Uruguay, que es el costo de vida y de producción de nuestro país”, apuntó.
Tanto Munyo como Iturralde dijeron que ven con buenos ojos algunos de los artículos del proyecto, como los vinculados al silencio administrativo, la transformación de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia en un servicio descentralizado, los registros unificados y el reconocimiento de información ya disponible en el Estado.
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Munyo consideró que el proyecto “contribuye a mejorar la inserción internacional del país, no solo con la modernización aduanera, sino con el reconocimiento de certificaciones y simplificación de documentos” que “acercan a Uruguay a estándares requeridos en procesos de adhesión y acuerdos comerciales muy relevantes. En ese marco, destacó las negociaciones para ingresar al Acuerdo Transpacífico y también el “potencial ingreso” a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
CED alerta sobre proyecto de prohibición de importación de bienes con trabajo forzoso
El economista en jefe del CED, Ramiro Correa, se refirió en particular al artículo 96 del proyecto que prohíbe las importaciones de bienes que hayan sido producidos total o parcialmente por empresas donde haya sido comprobado “objetivamente” la utilización de trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo infantil. Hace unas semanas, Estados Unidos aumentó los aranceles a Uruguay de 10% a 12,5%, tras una investigación de la Oficina del Representante Comercial del país norteamericano sobre los países que no impusieron ni aplicaron de manera eficaz “la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso”.
Correa señaló que la prohibición del proyecto “es correcta”, pero dijo que “se debe tener mucho cuidado con el espíritu de la ley para que esto no se transforme en algún tipo de barrera paraarancelaria selectiva para determinados sectores”. “Se debe evitar que, a partir de este proyecto de ley, algunos sectores puedan quedar expuestos a la competencia y utilicen este instrumento como una barrera de protección”, sugirió, y afirmó que “si bien es claro” lo vinculado al trabajo forzoso, “nunca está de más aclararlo en el proyecto de ley”.
Cuando el MEF presentó el proyecto en comisión, el director de la Asesoría de Política Comercial de la cartera, Juan Labraga, dijo que dicho artículo surge “claramente” de “dos demandas”. Una de ellas tiene raíz en una “exigencia” de Estados Unidos y la otra está vinculada a distintas reuniones que ha mantenido con la vicecanciller Valeria Csukasi, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y la Confederación de Sindicatos Industriales.
Ante la consulta de la diaria sobre si está previsto revisar este artículo, el senador del Frente Amplio Eduardo Brenta, adelantó que una vez terminada la ronda de delegaciones, los legisladores se reunirán con el MEF para “peinar” el proyecto de ley y ajustar lo que sea necesario.
Como valoración final, Munyo dijo que el “riesgo principal” de la iniciativa es que “abre la puerta de la regulación, pero deja la llave en la reglamentación”, es decir, que “algunos avances previstos” quedarían “condicionados” a la reglamentación. Según dijo, el “riesgo” es “especialmente relevante” cuando hay conceptos centrales que “no están suficientemente definidos”.
De esa forma, el economista sugirió que la implementación “debería seguir una hoja de ruta ordenada” que incluya “mapeo normativo, clasificación crítica, consulta sectorial e internacional, priorización política, redacción de propuestas, plan de implementación y evaluación de impacto”.
A pesar del destaque de los elementos positivos, Iturralde subrayó que “la magnitud del proyecto es acotada, limitada”, y que si bien se toman temas recomendados por especialistas, “cuando uno pasa raya y mira todos los temas, claramente no es un proyecto que tenga la potencialidad de realmente mover la aguja en los problemas de competitividad y competencia que tiene nuestro país”.
En línea con esto, Munyo señaló que la iniciativa “deja [por fuera] dos grandes dimensiones que determinan la inversión, la productividad, el empleo y, en el fondo, la competitividad del país” que son la regulación laboral y “la elevada carga fiscal”.