El Frente Amplio (FA) solicitó a la presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón, que remita un asunto a la Comisión de Constitución y Legislación de ese cuerpo con el fin de analizar si hay mérito para aplicar alguna de las medidas que prevé el artículo 115 de la Constitución a la senadora nacionalista Graciela Bianchi, a raíz del pedido de informes que hizo la legisladora para conocer la “situación funcional” de la presidenta de la Asociación de Funcionarios de UTU, Mabel Mallo, tras su participación en una movilización del sindicato en la que criticó al presidente Luis Lacalle Pou.
El artículo 115 de la Constitución establece que “cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes”. También “podrá removerlo por imposibilidad física o incapacidad mental superviniente a su incorporación, o por actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo, después de su proclamación”. También al amparo de este artículo el FA había solicitado la remoción del diputado colorado Omar Estévez, que todavía sigue a estudio de la cámara baja.
Para la oposición, el pedido de informes que hizo Bianchi a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) fue de un “gravísimo tenor” y “deshonra gravemente la responsabilidad ontológica” que los estados democráticos reservan a los parlamentos, que es “oficiar como control y contrapeso del gobierno a través del control de la gestión los demás poderes públicos”. Se señala que, por el contrario, el pedido de la legisladora “no tiene por objeto controlar la gestión del Ministerio de Educación y Cultura, ni la de ANEP”, sino que se “centra exclusivamente en recabar información” sobre la sindicalista.
Al entender del FA, Bianchi utilizó la potestad que le confiere la Constitución en el artículo 118 para solicitar información “de forma desviada a su fin” y configurando, a criterio de los firmantes, “una manifiesta hipótesis de desviación de poder repelida por nuestro orden jurídico”. Por lo tanto, la oposición pide rechazar este “desvío” para “así dar un mensaje claro a la ciudadanía en cuanto a que este Parlamento es una garantía a la libertad de expresión y a la libertad sindical y a que nadie ―absolutamente nadie― será perseguido desde el Poder Legislativo cuando haga uso de tales libertades constitucionales tan caras para nuestro Estado Constitucional”; en este caso, la libertad sindical.
Finalmente, los senadores frenteamplistas afirman que “dar curso al pedido de informes en cuestión mengua la debida imagen institucional de la Cámara de Senadores frente a la ciudadanía, y además, deja en mala posición al gobierno en sí y a nuestro propio presidente de la República”, mencionando que Bianchi es la senadora más votada del Partido Nacional.
“No daba para más”
“Nosotros consideramos que hubo un exceso, una desviación de poder, y que esto aparecía como una presión indebida”, argumentó el senador frenteamplista Enrique Rubio, en diálogo con la diaria. El legislador, que integra la Comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta, señaló que el pedido de informe de Bianchi se suma “a otras situaciones previas” protagonizadas por la senadora que, a juicio de la bancada de la oposición, “rompen las reglas del juego” en el Parlamento. Mencionó, por ejemplo, el enojo de Bianchi durante la última comparecencia de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos en la comisión, ante el ingreso de la prensa a la sala en varias oportunidades. Rubio calificó la reacción de la senadora como un “bochorno para el Parlamento”.
Sobre el pedido de informe en concreto, el senador de la Vertiente Artiguista dijo que se entendió que “violenta las normas jurídicas e implica un comportamiento absolutamente objetable”. “Tenía ribetes muy preocupantes porque se estaba pidiendo un tipo de información que no es la que corresponde a la naturaleza de los pedidos de informe. Esto de entrar al expediente, si se quiere, de cada funcionario público, no tiene absolutamente nada que ver. Por ese camino podemos terminar en muy malos lugares”, reflexionó. Por lo anterior, la bancada consideró que la situación “no daba para más y que eso debía ser puesto en conocimiento del Senado”. “Nosotros no estamos dispuestos a admitir pasivamente, como natural, comportamientos parlamentarios de esta característica”, afirmó.
Domenech pidió no entrar en “tiroteos”
El senador cabildante Guillermo Domenech, quien también integra la Comisión de Constitución del Senado, opinó que el pedido del FA “no tiene mérito”. “Me parece que no es constructivo entrar en estos tiroteos. Yo diría que tenemos que ser un poquito más serios en los planteos”, aseveró. Domenech consideró que Bianchi “es una senadora muy combativa”, así como “el FA también tiene gente muy combativa”, y sugirió que habría “que bajarle los decibeles” al asunto. Bianchi “es una legisladora que tiene esa característica combativa, pero no creo que haya incurrido en ninguna actitud que merezca reproche ético ni jurídico”, agregó.
El legislador de Cabildo Abierto señaló que el pedido de informe “es una facultad que tienen los legisladores” y que “cada uno usa según su leal saber y entender”. Dijo que con el criterio del FA “todos los pedidos de informe podrían ser interpretados como desviaciones de poder o estar, de alguna forma, inspirados en el deseo de hostigar o perjudicar a alguien”.
En tanto, el senador nacionalista Amín Niffouri dijo a la diaria que la bancada nacionalista también entiende que “no hay mérito” en el planteo de la oposición y que es un derecho de la senadora hacer el pedido de informe que considere. “En todo caso será el organismo [en este caso la ANEP] el que determine si no corresponde”, afirmó. No obstante, aclaró que el pedido será remitido a la comisión y discutido en ese ámbito. Consultada por la diaria, Bianchi prefirió no hacer declaraciones.