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Política Gobierno nacional
Incautación del operativo trazador por lavado de activos del narcotrafico (archivo, noviembre de 2026). · Foto: Ernesto Ryan

Incautación del operativo trazador por lavado de activos del narcotrafico (archivo, noviembre de 2026).

Foto: Ernesto Ryan

Secretaría antilavado impulsa decreto para que todos los partidos políticos se conviertan en “sujetos obligados”

Esto implica informar de “operaciones inusuales o sospechosas” a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central y contar con un oficial de cumplimiento.

La condena por lavado de activos en el marco de la operación Trazador de Pablo Leiva, asesor del edil del Partido Nacional (PN) Gonzalo Gómez, encendió algunas alarmas y puso nuevamente al financiamiento de los partidos políticos en el centro de la discusión pública. Por un lado, el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, propuso a los partidos “generar ánimos” para discutir la realidad del financiamiento político “con lejanía del proceso electoral”. Por el otro, desde la Corte Electoral se informó que se estaba trabajando en propuestas de mejora de la ley de financiamiento de los partidos “sobre la base de la experiencia” del primer año de aplicación de la ley aprobada en junio de 2024.

En paralelo a estos planteos, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) afina la redacción de un decreto que tiene como uno de sus puntos centrales que todos los partidos políticos se conviertan en sujetos obligados a reportar “operaciones inusuales o sospechosas” a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay (BCU). Según la legislación actual esto implica, entre otras cosas, contar con un oficial de cumplimiento que vigile el seguimiento de los procedimientos antilavado.

Sandra Libonatti, titular de la Senaclaft, explicó a la diaria que actualmente los partidos políticos son comprendidos -por el decreto que reglamentó en 2018 la ley integral contra el lavado- como “organizaciones sin fines de lucro”. En ese sentido, se establece que estas organizaciones serán sujetos obligados solo cuando “tengan ingresos de cualquier naturaleza al cierre del ejercicio anual por un importe superior a 4.000.000 unidades indexadas”. Según el valor actual de las unidades indexadas, una organización sin fines de lucro se convierte actualmente en sujeto obligado luego de cerrar su ejercicio anual con ingresos superiores a unos 661.000 dólares.

Sin detenerse en casos particulares, la jerarca puntualizó que en fiscalizaciones realizadas en la anterior administración de la Senaclaft se reportaron partidos que “no llegaban” a esos ingresos, y por tanto, no eran sujetos obligados a reportar a la UIAF. Según logró reconstruir la diaria, uno de ellos era el Partido Colorado (PC). Distinta es la situación del PN y el FA, que sí figuran ante el organismo de control con oficiales de cumplimiento.

Más allá de los oficiales de cumplimiento

Libonatti recordó que la legislación vigente cuenta para el control del financiamiento de campaña con la figura del “responsable de campaña”. Según la ley de financiamiento, estos son los “responsables” de la “observancia” de la normativa, no así los partidos.

“Esos son aspectos que tenemos que seguir trabajando, homogeneizar la ley de financiamiento de partidos y la ley de lavado de activos”, profundizó la titular de Senaclaft. En el mismo sentido, y pensando en el nuevo decreto, indicó que también se buscará eliminar diferencias respecto a una cuestión tan básica como “qué es un partido político”.

Por lo pronto, Libonatti aseguró que el decreto en el que se trabaja será elevado próximamente al Poder Ejecutivo para que lo revise, y eventualmente, le realice modificaciones. Más allá de esta acción, la jerarca dejó claro que dentro de la estrategia antilavado está el “objetivo” de trabajar junto con la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas y la Junta de Transparencia y Ética Pública en el financiamiento de los partidos.

El reconocimiento de un error

La bancada de senadores del FA recibió el lunes a José Korzeniak, Alberto Castelar y Pablo Klappenbach, ministros de la Corte Electoral vinculados al oficialismo. Si bien durante la reunión se pusieron sobre la mesa varios puntos, el central fue la preocupación de los legisladores por la aprobación por parte del organismo de la auditoría del estado contable del PC correspondiente a su financiamiento permanente del ejercicio 2025.

En la mencionada auditoría, realizada por el Tribunal de Cuentas, se daba cuenta de que en el caso de los colorados “no fue posible obtener la evidencia suficiente y adecuada sobre los saldos, transacciones y demás revelaciones”. En este marco, Klappenbach fue el único integrante del directorio de la Corte Electoral que no dio su voto para la aprobación.

Según confirmaron a la diaria fuentes parlamentarias, Korzeniak y Castelar “reconocieron que se habían equivocado” al votar la citada auditoría. Según apuntaron desde la bancada oficialista, el diálogo mantenido sobre el episodio sirve como “alerta” de cara a la aprobación de las auditorías del último periodo electoral que el organismo deberá abordar próximamente.