Hace dos semanas fue condenado por un delito de lavado de activos y tráfico interno de municiones a la pena de dos años y seis meses de cárcel Pablo Leiva, asesor del edil del Partido Nacional (PN) de Montevideo Gonzalo Gómez. La noticia tuvo diferentes derivaciones que se fueron conociendo con el pasar de los días.
En el Partido Nacional aún existen dudas sobre el futuro del curul que, por lo pronto, se someterá a la Comisión de Ética en un escenario de cuestionamientos de algunos correligionarios sobre las explicaciones brindadas públicamente.
Desde el Frente Amplio (FA) apuntaron a volver a poner en el centro de la agenda la necesidad de modificar la legislación sobre el financiamiento de los partidos políticos. Primero fue el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, quien hizo referencia a que se debe ir hacia un sistema de financiamiento mayoritariamente público, en detrimento de los aportes privados.
Luego fue Charles Carrera, exsenador e integrante de la Mesa Política del FA, quien dijo a la diaria que el oficialismo tenía la intención en este período de “volver a citar” a nivel parlamentario la Comisión Especial para el Estudio del Financiamiento de la Democracia. Búsqueda informó el jueves que Pereira invitó a autoridades del resto de los partidos a reunirse para rediscutir sobre la “transparencia” del financiamiento político. Según confirmó Pereira a la diaria, ya se contactó con el presidente del directorio nacionalista, Álvaro Delgado, con el secretario general del Partido Colorado (PC), Andrés Ojeda, el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, y el de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, y también llamará al lider de Identidad Soberana (IS), Gustavo Salle.
El objetivo de Pereira y la recepción de los partidos
El presidente del FA explicó a la diaria que el planteo se hizo sin ánimos de una respuesta “inmediata”, en el entendido de que la sensibilidad del tema amerita “reflexión interna” de las fuerzas políticas. “Fueron cuatro conversaciones de muy buen tono”, evaluó el dirigente frenteamplista.
En el caso de Manini, único en dar el visto bueno en la revisión del financiamiento de los partidos, Pereira detalló que tuvo que ver con que los cabildantes ya tenían la “decisión tomada” de abordar el tema e incluso el líder de CA le transmitió una “propuesta sobre el contralor” del financiamiento.
Pereira reconoció que si bien la última modificación de la ley de financiamiento tuvo lugar en 2024, un hecho como el que sucedió con el asesor del edil nacionalista lleva a tener que pensar “cuánto más la podemos mejorar”. Remarcó que no se trata de pensar que es “un problema del PN”, sino de dejar claro que “por ningún lugar se pueda mezclar” el financiamiento proveniente del “narcotráfico o del crimen organizado” con los partidos.
La clave de su planteo, aseguró, tiene que ver con que los referentes partidarios puedan “ayudar a generar los ánimos y los ámbitos necesarios” para discusiones que deben ser “profundas, con sobriedad y sobre todo con lejanía del proceso electoral”.
Pereira remarcó que son necesarias “decisiones de fondo” que implican posteriormente una “magnitud de diálogo” que “probablemente” se deberá ubicar en el Parlamento. “El lunes mismo voy a la bancada de senadores y después voy a conversar con los coordinadores de la de diputados para agendar este tema como prioritario”, adelantó el dirigente.
Asimismo, descartó que la iniciativa tenga que ver con “aprovechar el momento” para obtener rédito político. Detalló que más bien parte de la certeza de que “hay un tiempo en que la sociedad requiere señales claras de los partidos políticos”. “Es una buena señal para Uruguay que los partidos están preocupados por su propio control y por su propio financiamiento”, complementó.
“Cuanto más cerca de la campaña, más difícil de llegar a un acuerdo”, dijo, y apuntó que el tema se debería “laudar” en 2027. “Hay meses para trabajar, tampoco se puede modificar una ley de financiamiento que se acaba de votar en cuatro días”, puntualizó. “Hay que ver cuál es el acuerdo posible y que ese acuerdo luego pueda ser controlado y cumplible”, agregó.
Otras aristas: el CPP
Pereira reconoció que “probablemente haya otros temas” que se podrán analizar a la luz del caso del asesor condenado. En ese sentido, fuentes políticas confirmaron a la diaria que en el Secretariado Ejecutivo del FA se ha hecho referencia a la necesidad de “buscar una batería de propuestas” centradas en la “lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado” en general. El exsenador Carrera, quien integra este ámbito político, dijo a la diaria que entre los planteos que se han puesto sobre la mesa está la posibilidad de hacer cambios en el Código del Proceso Penal (CPP) en el marco del tratamiento que tiene lugar en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores.
El dirigente hizo referencia a la necesidad de que “el juez pueda tener más control sobre los acuerdos abreviados” en procesos vinculados con el “crimen organizado y el narcotráfico”. El exlegislador remarcó la importancia que podría haber tenido este mecanismo en el caso de Leiva, donde la investigación -ahora reabierta por la Fiscalía de Lavado- había sido cerrada tras el acuerdo abreviado.
Integrantes del FA de la Comisión de Constitución confirmaron a la diaria que la bancada oficialista “no ha terminado de resolver” cómo se va a posicionar sobre distintos puntos -como el citado por Carrera- de la reforma del CPP. La discusión implica la consideración del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, pero también otros que han sido presentados. Por lo pronto, en ese ámbito se conformó una subcomisión integrada por Constanza Moreira, Patricia Kramer, Graciela Bianchi y Ojeda.
La visión de la academia sobre el financiamiento
“El actual régimen de regulación, tanto el financiamiento de las campañas como el financiamiento anual de los partidos en Uruguay, enfrenta un problema: pueden declarar lo que quieran y como quieran”, explicó a la diaria el doctor en Ciencias Políticas y docente de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) Rafael Piñeiro. Según detalló, esto tiene que ver con que la legislación prevé que se auditen las declaraciones de los actores políticos, pero “no existe un monitoreo de los gastos”.
“La lógica de subdeclarar gasto tiene por detrás la subdeclaración de ingreso”, remarcó Piñeiro, ubicando allí el espacio para el financiamiento ilícito. El académico indicó que el rol de auditar el gasto “suele estar bajo la responsabilidad de tribunales electorales”; en nuestro país, la Corte Electoral. Más allá de su existencia, reconoció que estos “siempre enfrentan el mismo problema” vinculado con “controlar a la política” cuando en ocasiones se depende de “los propios partidos”.
“Acá en Uruguay estamos bastante lejos de eso”, subrayó Piñeiro en referencia al control del gasto. Reconoció, sin embargo, que se ha “avanzado bastante” en términos generales a partir de la última modificación legislativa de 2024. Apuntó, no obstante, a que “puede seguir habiendo cambios legislativos” como el de que “no sean donantes las personas jurídicas”.
Sobre la posibilidad de aumentar el financiamiento público de la política, manejada por Pereira, el académico remarcó que se trata de algo que “no necesariamente es bueno”. “El financiamiento político es participación política y nosotros queremos que los partidos estén cerca de las personas; si aumento mucho el financiamiento público lo que hago es estar como autonomizando los partidos de la sociedad”, detalló.
Por el contrario, reconoció que la no existencia de financiamiento público implica que los que tienen “mucha más capacidad para financiar partidos” tengan a “sus preferencias” más “representadas en la política”. “Me parece que en Uruguay el subsidio es lo suficientemente poderoso como para limitar el efecto del dinero político”, evaluó Piñeiro.
Por último, consideró relevante avanzar en una legislación que incentive a que los partidos “se financien con donaciones pequeñas”. Como ejemplo, mencionó que en “términos registrales” existen las mismas dificultades para ingresar un aporte por 30.000 pesos que por 30.000 dólares.