El 5 de junio de 2024, en vísperas de la celebración de la elección interna —primera cita del pasado ciclo electoral—, la Cámara de Diputados le dio sanción definitiva a la vigente ley de financiamiento de los partidos políticos, con consenso del arco político de que los cambios incorporados significaban una mejora con respecto a la norma anterior. Sin embargo, la condena por lavado de activos en el marco de la operación Trazador de Pablo Leiva, asesor del edil del Partido Nacional (PN) Gonzalo Gómez, encendió algunas alarmas y una eventual modificación legislativa volvió a estar sobre la mesa.
Por un lado, el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, propuso a los demás partidos con representación parlamentaria “generar ánimos” para discutir “con lejanía del proceso electoral” las condiciones del financiamiento político. Desde el Poder Ejecutivo, Jorge Díaz, prosecretario de Presidencia de la República, manifestó tras encabezar la última reunión de la Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que está “de acuerdo” con trabajar sobre la ley de financiamiento de los partidos, algo que a su entender necesariamente “requiere ciertos consensos”. Díaz, sin embargo, enfatizó que entiende que es “mucho más importante” que la ley vigente “se cumpla”, porque “evidentemente hay algunas dificultades” en ese sentido.
Si se repasa la información conocida en las últimas semanas en el marco de la discusión del caso Leiva, una de las dificultades que tomó luz pública tiene que ver con que el Tribunal de Cuentas (TCR) no pudo opinar sobre la auditoría del estado contable del Partido Colorado (PC) correspondiente a su financiamiento permanente del ejercicio 2025.
la diaria accedió al expediente donde el TCR da cuenta de que “no fue posible obtener la evidencia suficiente y adecuada sobre los saldos, transacciones y demás revelaciones” auditadas en los estados contables de los partidos. En ese sentido, el documento deja constancia de que el organismo tampoco pudo “aplicar procedimientos alternativos que permitieran sustentar una opinión”. “Dentro de la información que fue solicitada y no fue remitida por el Partido se encuentra el diario de asientos contables del período y los mayores auxiliares”, planteó también el informe del TCR.
La lupa sobre el financiamiento permanente
Ante lo sucedido con el PC, Wilfredo Penco, presidente de la Corte Electoral, explicó a la diaria que el organismo que lidera definió solicitar el “apoyo” del TCR, como lo prevé la ley vigente, tanto para la evaluación del financiamiento permanente de los partidos como para la auditoría de las rendiciones de cuenta de los comités de campaña y los responsables de lista en las elecciones nacionales y departamentales.
En ese marco, Penco enfatizó que, tras el trabajo del TCR sobre los estados contables de los partidos en 2025, “la Corte [Electoral] hizo suyos los resultados de dichas auditorías y las recomendaciones fueron transmitidas a los partidos”. Según el presidente del organismo electoral, “se cumplió” en lo que fue “la primera vez que se realizó este procedimiento” a la luz de la legislación de 2024.
“La auditoría fue hecha con observaciones y con recomendaciones que se le hicieron llegar al partido; todo esto ha sido cumplido rigurosamente”, indicó Penco sobre el caso concreto del PC. Sobre el porqué de la aprobación por parte de la Corte Electoral de la auditoría realizada a esa fuerza política, explicó que la falta de información observada por el TCR “no quiere decir que la auditoría no haya sido hecha”, aspecto concreto que debe controlar la Corte Electoral.
Según reconstruyó la diaria, ocho de los nueve integrantes del directorio de la Corte Electoral aprobaron la auditoría realizada sobre el estado contable 2025 del PC; fue la única auditoría de los estados contables de los partidos con representación parlamentaria que no se aprobó por unanimidad. El único que no se mostró conteste a dar el visto bueno al informe realizado sobre los colorados fue el ministro Pablo Klappenbach, quien, tras confirmar esta información a la diaria apuntó a que entiende que con su posición la Corte Electoral “decidió no evaluar, no estudiar” el caso.
Sin embargo, consultado sobre qué acción entiende que debería haber tomado el organismo electoral en este escenario, Klappenbach reconoció que “la ley no dice que hay que hacer tal o cual cosa”. Más allá de eso, reforzó que de todas formas, en el organismo que integra, “no se analizó qué hacer al respecto” de una auditoría que, según reconoció el TCR, no se pudo realizar en condiciones como para emitir una opinión.
Propuestas de cambios en la ley de financiamiento
“La Corte [Electoral] va a tener que promover cambios a la normativa”, reconoció Penco en referencia al financiamiento permanente de los partidos políticos. Detalló que “sobre la base de la experiencia” recabada en el primer año de aplicación de la ley hay una serie de propuestas de cambios que se están “estudiando” por parte del organismo que preside.
Penco detalló que el trabajo de evaluación de la actual legislación se está realizando en conjunto entre los técnicos de la Corte Electoral y los del TCR. Sumó que “en los próximos días” buscará dar a conocer los planteos que entiende necesario evaluar a nivel del financiamiento de los partidos. Apuntó que esto será luego de darlos a conocer a los demás integrantes de la Corte Electoral. “Hay realidades concretas que hay que ir ajustando, perfeccionando y consolidando”, concluyó, dejando claro que habrá que evaluar si “alcanza” con “una reglamentación [de la ley vigente] o hay que sugerir por lo menos un ajuste de carácter legal”.
Francisco Gallinal, presidente del TCR, confirmó en diálogo con la diaria el trabajo que se viene realizando a partir de la preocupación común con la Corte Electoral sobre el financiamiento permanente de los partidos. Advirtió que, si bien los partidos “no disponen” de las herramientas de las que puede disponer “una empresa pública” para “dar respuesta a los requerimientos” del TCR, “se va aprendiendo” en cada nueva instancia.