En el Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebra este viernes, y luego de la convocatoria este jueves para marchar en contra del proyecto de ley de Cabildo Abierto que habilita la prisión domiciliaria a los detenidos mayores de 65 años, la Red Nacional de Sitios de Memoria del Uruguay emitió un comunicado en el que asegura que la iniciativa ignora “descaradamente el derecho nacional y los acuerdos internacionales ratificados por el país” y “procura beneficiar a decenas de militares condenados por crímenes de lesa humanidad”.
Para la red, que se conformó a raíz de la aprobación de la ley de Sitios de Memoria Histórica del Pasado Reciente de 2018, “las políticas de memoria son una garantía democrática” y por eso ven “la urgente necesidad de avanzar en su desarrollo”. Desde la red se considera que con esa ley y las que la precedieron, como la de amnistía, la de seguridad social para empleados privados destituidos y la de reparación, el “Estado uruguayo reconoció su responsabilidad por los delitos cometidos durante la dictadura cívico-militar. Fue un paso importante y necesario de política reparatoria y base de una política pública de memoria”.
Mercedes Cunha, una de sus integrantes, dijo en diálogo con la diaria que desde su creación la comisión nacional honoraria que trabaja el tema ha declarado más de quince Sitios de Memoria y más de 20 señalizaciones que suman al medio centenar de placas colocadas por la ley 18.596, conocida como Ley de Reparación, y junto con la red trabajan en extender esa cantidad. En particular, mencionó que entre los lugares que próximamente serán declarados sitios de memoria está el penal de Libertad, en concreto la puerta que está frente a la cárcel, donde los familiares solían concentrarse antes de ir a buscar a los detenidos.
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Para la red es importante posicionarse en contra del proyecto de ley que impulsan los cabildantes y entiende que la movilización fue “importante”, no sólo por el número de personas que participaron en Montevideo, sino también por las distintas réplicas que tuvo en el interior del país. “Distintas manifestaciones le dieron carácter nacional a una movilización armada en poco tiempo como respuesta política y social a una iniciativa concreta”, opinó.
“Consideramos que el proyecto viola normativas de derecho internacional que fueron ratificadas por Uruguay, donde las condiciones de cumplimiento de las condenas por parte de criminales y violadores de derechos humanos no tienen esos beneficios. Además, en Uruguay ya existe el estatuto de la prisión domiciliaria y se ha aplicado en las condiciones previstas por las leyes vigentes, incluso se ha aplicado a varios de los represores condenados de acuerdo a la edad y el estado de salud, no como este proyecto, que es indiscriminado, es de oficio, directamente si tienen 65 años van a gozar de la prisión domiciliaria; por eso nos pronunciamos en contra”, puntualizó Cunha.
Para la militante social, “las señales desde el campo político gubernamental de la coalición son ambivalentes y confusas” respecto de este proyecto; en su opinión, “lo cierto es que ahora se resolvió que pase para el año que viene, que no se discuta ahora”.
Cunha agregó que hay diferencias en torno a este proyecto incluso dentro de Cabildo Abierto, y recordó que el diputado Eduardo Lust admitió que es una iniciativa con “nombre y apellido” que busca beneficiar a los presos de la cárcel de Domingo Arena, mientras que otros legisladores como Guillermo Domenech y Raúl Lozano apuntan al carácter “humanista” de proyecto.
“Más allá de cómo la coalición de gobierno laude sus propias diferencias en torno a un proyecto de este tipo con estas connotaciones, lo que me parece que importa es ese proceso a nivel social de cierta capilaridad donde distintos tipos de organizaciones sociales y políticas van procesando una discusión, un posicionamiento, y para ver por qué hay que salir a marchar y debatir en la sociedad”, resumió.