La Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado acordó pasar para el año que viene los dos proyectos en discusión –uno del colorado Germán Coutinho y otro de Cabildo Abierto– que buscan atender el reclamo de los deudores en unidades reajustables (UR) del Banco Hipotecario.
El senador del Partido Nacional (PN) Carlos Camy, presidente de la comisión, dijo a la diaria que los dos proyectos quedaron “en el primer punto del orden del día para tratarse en la primera sesión” de 2022, ya que hoy se recibió a una nueva delegación para que dé su opinión sobre las iniciativas “y quedó poco tiempo” para someterlas a discusión.
“Ya agotamos la lista de las entrevistas pendientes, que fueron todas concretadas”, dijo Camy, quien agregó que “está todo para empezar” el análisis en profundidad el año que viene, luego del receso parlamentario. Sobre cuál proyecto se elegirá finalmente para someterse a votación del plenario, o si ambos se unificarán, dijo que “hay un informe jurídico” del área de estudios legislativos del Senado “que considera que no sería viable la fusión, salvo que se hicieran modificaciones”. “Si de acá a la primera sesión podemos fusionar o incorporar alguna cosa, bárbaro; si no, se van a votar por orden”, apuntó.
Camy reafirmó que “están los dos inspirados en el mismo objetivo, por lo cual va a quedar uno solo”. El senador también dijo estar “en conversaciones con la ministra de Economía [Azucena Arbeleche] analizando alguna alternativa”.
En la misma línea fue el comentario de otra senadora del PN que integra la comisión, Gloria Rodríguez, quien afirmó a la diaria que se llegó “a un acuerdo” acerca del tratamiento de las iniciativas desde la primera sesión de 2022. “Es un tema que nos preocupa a todos los integrantes de la comisión, la situación de los mal llamados deudores, porque en sí ya han pagado su vivienda”, apuntó.
El reclamo de los deudores en UR viene de larga data; se trata de un grupo estimado en unas 20.000 personas que tomaron créditos en UR de entidades del Estado para construir su vivienda y que entienden que fueron perjudicadas, ya que pagarán por el inmueble más de lo que vale, debido al alza de los salarios en el largo plazo –variable de ajuste de la UR–, las condiciones de refinanciación y los denominados “colgamentos”, que se añaden a la deuda por modificaciones en la vivienda.