En una conferencia de prensa emitida en línea, la Comisión Prorreferéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) anunció que al día de hoy se llevan acumuladas 133.095 firmas.
Para poder convocar al referéndum, la comisión deberá conseguir 675.000 firmas antes del 10 de julio. Durante el fin de semana, el PIT-CNT, junto con otras organizaciones sociales y políticas que integran la comisión, llevó adelante una serie de jornadas con el objetivo de alcanzar las 100.000 firmas.
“Hace apenas 45 días comenzamos la laboriosa tarea de mejorar la calidad democrática del país”, afirmaba el comunicado leído en la conferencia. Según se dijo, es necesario un “tratamiento distinto” para los artículos que fueron votados por medio del procedimiento de urgente consideración, con el agravante adicional de haber sido aprobados en plena pandemia.
“Al día de hoy, 11 de febrero de 2021, confirmamos la necesidad del debate. Es tiempo de un debate profundo, riguroso, fraterno y plural a lo largo y ancho del Uruguay”, sostenía el mensaje de la comisión, que destacó el trabajo de “más de 100 organizaciones sociales y políticas” en el despliegue de “1.000 puntos de recolección” en el país, “cumpliendo así con la primera consigna de alcance nacional”.
La comisión también denunció el “desmantelamiento del rol social de las empresas públicas”, la “precarización de la vivienda” y el “debilitamiento de la educación pública”.
Por qué firman
Durante la conferencia, referentes de organizaciones sociales y personalidades públicas explicaron por qué dieron su firma para llevar a referéndum los 135 artículos de la norma, e hicieron hincapié en distintos aspectos de la ley.
Por ejemplo, la cantante Patricia Kramer dijo que ella firma porque cree que es un “acto de transparencia” ante una norma que trató de “forma inédita” temas “que hacen a la vida de las personas” sin la debida discusión.
La militante social feminista Lilián Celiberti se refirió al capítulo de seguridad y se preguntó si una sociedad “tiene que vivir bajo un régimen carcelario, aumentando penas”. En esa línea, también sostuvo que, a su juicio, la ley estaba “contrabandeando” la voluntad popular contra el aumento de penas reflejada en las votaciones no favorables a los plebiscitos en las dos últimas elecciones nacionales (la baja de la edad de imputabilidad y la campaña “Vivir sin miedo”).
El exrector de la Universidad de la República Rodrigo Arocena ironizó sobre el carácter “urgente” de la norma, y dijo que sería bueno que en este momento el Parlamento estuviera considerando “leyes de urgencia” para abatir el desempleo que el país sufre debido a la pandemia. Además, cuestionó la eliminación de los consejos de Primera Infancia y Primaria, Secundaria y UTU, y su sustitución por direcciones unipersonales. “Los que no saben conducir y convencer tienen que mandar”, sostuvo.
Gustavo González, secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, criticó que hubiera varias organizaciones que tuvieron apenas 15 minutos para dar su parecer sobre la ley, y esto “deja un antecedente terrible” porque, “a partir de esto, cualquier gobierno va a poder colocar su propia ley de urgente consideración de 500 artículos”. A su vez, disparó contra los desalojos exprés previstos en la norma, y dijo que, cuando se apliquen, la gente no va a poder estar ni en la calle, porque serán “pasibles de ser detenidos”, por lo que establece la propia LUC.
Por último, la directora de TV Ciudad, Alejandra Casablanca, advirtió que la norma significa una “brutal pérdida de derechos para trabajadoras y trabajadores”.