Este martes la bancada de diputados del Frente Amplio (FA) decidió promover una interpelación a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, debido a la exoneración aprobada a la empresa del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, quien renunció al beneficio luego de que se hiciera pública la información.
Carlos Varela, coordinador de la bancada de diputados del FA, explicó a la diaria que “tomada la decisión de interpelar, ahora queda coordinar en qué momento se presentará la solicitud”. Es que el Parlamento suspendió las actividades al menos por esta semana ‒el jueves habrá una sesión extraordinaria para votar los proyectos que envió el gobierno‒ tras la aparición de casos de covid-19 en el Palacio Legislativo. La “intención” del FA es hacer efectivo el pedido de interpelación “en las primeras sesiones de abril”, pero todo “estará condicionado a la situación sanitaria del país y sus consecuencias sobre el Parlamento”, indicó.
Para promover la interpelación alcanza con los votos de la oposición, pero Varela aclaró que “es bienvenido” si el oficialismo “quiere acompañar esta instancia para conocer y saber más sobre la situación que ocurrió” con el director de la OPP. Durante el receso parlamentario, cuando funcionó la Comisión Permanente, el FA promovió un llamado a sala de Arbeleche y el equipo económico ‒con motivo de las medidas tomadas para atender la pandemia y el rumbo de la economía‒ que fue apoyado por los legisladores de la coalición.
Varela aclaró que en esta oportunidad el motivo de la citación será únicamente “el tema de Alfie”. El caso refiere a una resolución del 11 de febrero, mediante la cual el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) resolvió exonerar de impuestos la inversión en equipamiento para la instalación de un nuevo local en una empresa a nombre de Alfie. La resolución la exime de pagar IRAE por hasta 401.000 pesos. El director de la OPP resolvió horas más tarde de que esto saliera en la prensa, tras comunicarse con el presidente Luis Lacalle Pou, renunciar al beneficio, y explicó que se había postulado para acceder a la exoneración a finales de 2019.
En los días posteriores a conocerse la noticia sobre la exoneración a Alfie, primero varios sectores, y luego el FA como fuerza política, solicitaron la destitución del titular de OPP por lo sucedido. El Partido Socialista (PS) incluyó también en el pedido de renuncia a Arbeleche, tras considerar que ocurrió un acto “absolutamente reñido con la ética en la gestión pública”. Consultado sobre esto, Lacalle Pou dijo la semana pasada que el PS “no resistía el archivo” y señaló: “Durante el gobierno del FA no me alcanzan los dedos de las manos para situaciones reñidas con la ley y con la ética y todo el mundo quedó calladito”.
El FA ya acordó que el diputado socialista Gonzalo Civila será el miembro interpelante. En los próximos días la oposición formará un grupo de trabajo con distintos legisladores para preparar la interpelación.
Varela sostuvo que la bancada pretende “primero transitar la instancia de la interpelación antes de pensar en las consecuencias” ‒en referencia a insistir en el pedido de renuncia de Alfie‒. “Están arriba de la mesa todos los caminos a recorrer, pero lo lógico es primero escuchar la explicación de la ministra y a partir de ahí tomar decisiones”, añadió.
Además, comentó que “si se pudiera desde el punto de vista constitucional interpelar a Alfie”, instancia reservada únicamente para los ministros, el FA lo haría y no citaría a Arbeleche. Como asesor de la ministra, el director de OPP puede acudir a la sesión si ella lo decide ‒ocurrió así en la comparecencia de febrero‒.
Posteriormente al pedido de renuncia del FA, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado respaldó al jerarca y consideró “difamatoria la actitud del Partido Socialista”. Los colorados, partido al que pertenece Alfie, señalaron que este se postuló para la exoneración impositiva que “legalmente correspondía a una sencilla obra de mejoramiento de su estudio”. El año pasado Alfie también fue noticia por su actividad privada. Cuando ya había sido designado director de la OPP y antes de asumir sus funciones, declaró a favor de la empresa Aratirí en su juicio contra el Estado uruguayo.