Este lunes una delegación del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) se manifestó en la puerta del sindicato, ubicado sobre la calle Miguelete, para protestar por “la subasta para la llamada portabilidad numérica”.
“Los trabajadores y trabajadoras consideramos inoportuna la convocatoria realizada por las autoridades, la cual no solamente se lleva adelante con un ocultamiento increíble sino que además redundará en un gasto del país, en millones de dólares, en beneficio de privados y en medio de una crisis económica y sanitaria muy importante”, dice el comunicado difundido antes del acto.
Gabriel Molina, presidente de Sutel, aseguró: “Hoy es la apertura de los sobres de los oferentes que se presentaron para ver quién va a ser el que administre los clientes de todas las empresas, como un operador nuevo. Esto lo vemos como un claro negocio para los privados, nada tiene de beneficioso para el país. Al contrario: vamos a tener que pagar entre tres y cinco millones de dólares para que esto salga porque hay que hacer inversiones técnicas”.
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Molina dijo que en el medio de la pandemia generada por la covid-19, en la que hay muchos uruguayos que no tienen para comer, “que el Estado se ponga a gastar en esto nos parece fuera de lugar”.
Como en otras oportunidades, el dirigente sindical señaló que se trata de una forma de debilitar a Antel, y dijo que es un proceso como el llevado adelante en Colombia y Chile, con la excepción de que en esos países no hay empresas públicas de comunicaciones. “Están aplicando algo que no contempla ni considera a nuestra empresa pública”, dijo. “Es un mal negocio para el país. Perjudicar a la empresa es perjudicar los aportes que hace a Rentas Generales. Es un negocio para los privados que tiene la complicidad del presidente [Luis Lacalle Pou] y de la mayoría del directorio de la empresa”, señaló.
Molina sostuvo que desde Argentina Telecom exigió al gobierno un cambio en el marco regulatorio porque “Antel era un obstáculo para que ellos pudieran avanzar en Uruguay. Es claro que a nivel nacional e internacional hay expectativa para que se cambie el marco regulatorio y Antel se termine entregando a las multinacionales”, expresó.
Cabe recordar que en febrero de este año el director de Antel en representación del Frente Amplio (FA), Daniel Larrosa, votó en contra de la portabilidad para la telefonía móvil porque consideró que se trataba de una política que debilita a “la empresa estatal y fortalece la posición de las privadas (Claro y Movistar).
Lo que se abrió este lunes fue el llamado para la contratación del administrador de la base de datos, que será quien gestione los números.
La portabilidad -la posibilidad de que las personas, y no las empresas, sean las dueñas de su número telefónico- tiene un costo que redundará en un aumento de las tarifas, decía en su momento Larrosa, porque “no está claro cuánto deberán gastar las empresas de telefonía móvil para que funcione el sistema”.
Los costos se dividen entre los “comunes” para implementar la portabilidad y los internos de cada empresa. Antel deberá hacer ese gasto, mientras que las otras dos empresas “ya se han adecuado a esta modalidad en los demás países, por lo que no tienen que cambiar su software, ni siquiera su hardware, además de que ya conocen a los futuros administradores de base de datos”.
El director del FA consideraba innecesario el cambio, ya que en la actualidad las personas pueden elegir la empresa de telefonía móvil que deseen y lo que las ata es un contrato. También decía que era una manera obsoleta de concebir la telefonía porque ya no se usan de manera tan frecuente las llamadas directas, sino aplicaciones como Whatsapp.
A los costos que hay que realizar al inicio del cambio se añaden al costo de operación y mantenimiento de la base de datos, que será permanente y rondará entre los 250.000 y 500.000 dólares anuales, agregaba. “En el período 2010-2020 Antel hizo transferencias al Estado por 1.000 millones de dólares, es decir, unos 100 millones anuales en promedio. En este sentido, la portabilidad, en la medida en que afecte la recaudación, generaría una disminución en las transferencias de utilidades al Estado”, afirmaba Larrosa.