La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó su alarma por el “creciente número de amenazas, ataques e intentos de socavar y deslegitimar” a las instituciones nacionales independientes de derechos humanos en América Latina y el Caribe por parte de los gobiernos y de funcionarios parlamentarios. En la declaración de este jueves mencionó su “preocupación” por “las declaraciones públicas que desacreditan el trabajo” de las defensorías del pueblo, en particular en Uruguay y Ecuador.
“En los últimos dos años, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha recibido cada vez más denuncias de las INDH (Defensorías del Pueblo, Procuradurías para la Defensa de los Derechos Humanos) de la región, que han sido hostigadas y amenazadas por gobiernos, parlamentarios y funcionarios” y otros, “simplemente por hacer su trabajo y cumplir con su mandato”, sostuvo la expresidenta de Chile en un video que difundió la oficina de la ONU.
Bachelet señaló que los incidentes denunciados “incluyen amenazas u hostigamiento contra las instituciones o su personal en Bolivia, Chile y El Salvador”; “ataques contra las instalaciones y el personal de la INDH en Haití”; el intento de remoción del jefe de la organización en Guatemala y México “a nivel estatal”. Son “motivo de preocupación las declaraciones públicas que desacreditan el trabajo de las instituciones en Ecuador y Uruguay” y los “recortes presupuestarios y el levantamiento de la inmunidad del titular de la INDH en Perú”, apuntó.
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“El hecho de que hayamos recibido quejas de instituciones en casi una docena de países de la región es un testimonio contundente de la tendencia de expansión y la magnitud del problema”, dijo Bachelet, que defendió el trabajo de las instituciones nacionales independientes de derechos humanos, al que considera “fundamental para cualquier sociedad”. “Sin embargo, sólo pueden cumplir con su mandato de proteger y promover los derechos humanos si pueden operar sin interferencias indebidas de los gobiernos y otros, y pueden mantener su independencia. De lo contrario, perderán su credibilidad y legitimidad a los ojos de las personas a las que deben servir”, sostuvo.
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Bachelet hizo énfasis en que estas instituciones, que trabajan en “estrecha colaboración” con su oficina y los mecanismos de derechos humanos de la ONU, “no deben enfrentar ninguna forma de abuso o interferencia, especialmente presión política”. “Insto a los gobiernos de la región a que cumplan con sus responsabilidades y respeten y protejan la independencia de las instituciones nacionales de derechos humanos”, insistió.