El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado (PC) encomendó a los legisladores Tabaré Viera y Ope Pasquet reunirse con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, con el objetivo de transmitirle la postura de esta colectividad política de que es necesario blindar jurídicamente el acuerdo que el gobierno alcanzó con Katoen Natie para la extensión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo hasta 2081.
En la sesión del CEN del lunes el PC abordó el tema junto con dos invitados especializados en el área: el exembajador Edison González Lapeyre y el exministro de Transporte Lucio Cáceres. En una declaración emitida por el organismo ejecutivo del partido tras dicho encuentro, se consideró que el acuerdo sería “en principio favorable al interés nacional”, aunque “con dudas en lo jurídico y la riesgosa perspectiva de una acción judicial ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de otro eventual reclamo internacional”. Según detalla el CEN, el tema volverá a ser considerado en otra sesión del organismo.
Fuentes del CEN dijeron a la diaria que debido a esta lectura del asunto se le encomendó a Pasquet y Viera transmitirle al ministro de Transporte la necesidad de que dicho acuerdo sea ratificado a través de una ley, que “daría muchas más certezas al respecto” y permitiría “subsanar eventuales flancos jurídicos”.
Desde el partido explicaron que la ley podría tener en cuenta varios aspectos: desde los recientes decretos 114/021 y 115/021, aprobados por el Poder Ejecutivo, que establecen la prioridad en el manejo de contenedores para la actual terminal de contenedores operada por Terminal Cuenca del Plata (TCP, que es una asociación entre Katoen Natie y el Estado uruguayo) y la extensión de la concesión hasta el plazo del nuevo contrato.
Una fuente del gobierno dijo a la diaria que “la decisión está tomada” sobre la extensión de la concesión a Katoen Natie y que desconocía al planteo de los colorados de impulsar una ley. Las nuevas “reglas de juego” con la prioridad para la firma belga para recibir contenedores entrarán a regir a inicios de 2022, y se buscará un diálogo con Montecon y los demás actores portuarios “para bajo estas reglas generar condiciones para que todos puedan trabajar y se adecuen” al cambio de escenario, señaló el informante.
La disputa entre Montecon y Katoen
La empresa Montecon, que opera en los muelles públicos de la Administración Nacional de Puertos, dio a entender en un comunicado que dichos decretos podrían dar lugar a un litigio internacional por incumplimiento de tratados de protección de inversiones con Chile y Canadá, países de las empresas accionarias de dicha firma.
Más tarde, Katoen Natie divulgó un comunicado, en respuesta al mensaje de Montecon, y acusó a su competidora de “tergiversar la información”, de haber cometido “varias irregularidades que deberían ser investigadas a fondo” y de utilizar hace 12 años “los espacios portuarios sin haber participado de ningún proceso competitivo”, en un régimen calificado como “ilegal y que para Katoen Natie nunca debió existir”.
FA reclama transparencia
El Frente Amplio (FA) ha realizado críticas al proceder del gobierno en este asunto y también cuestionó la falta de transparencia. En esa línea, los senadores de la oposición realizaron cuatro pedidos de acceso a la información pública donde solicitan distintos datos, dirigidos al presidente, Luis Lacalle Pou, la vicepresidenta, Beatriz Argimón, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, y el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo.
Allí piden acceder a los cuatro informes jurídicos que consideró el gobierno, según lo dicho por Heber al comparecer ante el Parlamento, y plantean que el jerarca en su segunda visita entregó un informe sin firma "que recoge las opiniones de varios juristas”, tratándose de una selección y no de los documentos completos. Además, cuestionan que entre esos informes aparece uno del doctor Durán Martínez, “abogado de Katoen Natie”, y piden aclarar si el profesional actuó en nombre de la empresa o del Estado uruguayo.
También solicitan conocer si hay un análisis del Tribunal de Cuentas sobre la modificación del contrato con la concesionaria, acceder a todos los expedientes administrativos en organismos del Estado correspondientes al acuerdo con Katoen, los balances de TCP desde su fecha de creación y un “estudio económico” donde se haga referencia al monto de 1.500 millones de dólares por el que la firma internacional planteó una denuncia contra Uruguay.