La empresa Montecon, que realiza operaciones de contenedores en los muelles públicos de Montevideo, cuestionó los dichos del titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Luis Alberto Heber, en un comunicado difundido este martes en el que asegura que las últimas declaraciones del jerarca sobre cómo venía operando esta firma faltan a la verdad.

“Montecon no pide más que se le permita continuar prestando servicios portuarios al comercio exterior de Uruguay en un régimen de libre competencia como consagran actualmente las leyes de la República de Uruguay”, resume el comunicado.

La empresa tiene relaciones cada vez más tensas con el actual gobierno en base a dos hechos puntuales que se materializaron en dos decretos: la decisión de la actual administración de prorrogar la concesión vigente de la terminal especializada de contenedores a la empresa belga Katoen Natie desde 2031 hasta 2081; y la interpretación de las actuales autoridades del MTOP de que Montecon operaba de forma ilícita en los muelles públicos, que en un decreto da prioridad en las operaciones a Terminal Cuenca del Plata (TCP), la empresa mixta formada en mayoría por Katoen Natie y en minoría por el Estado uruguayo.

En el comunicado Montecon sostiene que muchas de las últimas frases del jerarca sobre el tema “no son exactas”, que “cuestionan sin fundamento la legitimidad de las actividades” de la empresa, y que los recientes decretos consagran un “monopolio de los servicios portuarios” en el puerto de Montevideo en favor de TCP.

La empresa afirma que “no es verdad” que sus actividades sean “ilegítimas”, y dice estar amparada por el Estado como operadora portuaria, de conformidad a la Ley de Puertos y a su decreto reglamentario 413/992, según resoluciones de la Administración Nacional de Puertos (ANP) de 2000 y 2003, que fueron aprobadas por el Poder Ejecutivo.

“Esas habilitaciones le permiten prestar servicios de transferencia de toda clase de cargas en el Puerto de Montevideo, particularmente contenedores, usando parte de su infraestructura, sin exclusividad ni privilegio alguno, y pagando lo que el Estado exige por ellas”, sostiene. En cambio, Heber había sostenido en el Parlamento que Montecon “no tiene concesión y actúa en los muelles públicos con permisos precarios, compitiendo deslealmente”.

Además, según sostiene el comunicado, Montecon “ha pagado a la ANP más de 100 millones de dólares por el uso de áreas de almacenaje, permisos, concesiones y tasas por transferencia de contenedores, ascendiendo en los últimos años a aproximadamente 14 millones de dólares anuales”. Asimismo, la empresa asegura haber invertido “más de 90 millones de dólares en obras de infraestructura portuaria, equipos y tecnología, y en su operación emplea a más de 700 personas, por salarios de más de 18 millones de dólares anuales y otros ocho millones de dólares a sus contratistas”. Esta argumentación responde a los dichos de Heber, quien en declaraciones al programa radial En perspectiva había sostenido que era “muy difícil comparar y hacer competencia en un puerto cuando unos trabajan con permisos donde no tienen que invertir y otros tienen que invertir y pagar canon”.

Seguidamente, Montecon señala que “ha venido operando por espacio de más de 20 años, período durante el cual jamás autoridad alguna cuestionó la legitimidad de sus actividades y, por el contrario, se le ha permitido participar en las licitaciones públicas de áreas de almacenamiento para permitir el mejor desarrollo de las actividades del puerto”.

Respecto del debate jurídico, Montecon sostiene que la libre competencia en la actividad portuaria está consagrada en la Ley de Puertos aprobada en 1992, ratificada por la Ley de la Concesión de TCP del año 2000, y confirmada por la Ley de Defensa de Libre Competencia de 2007, entre otras normativas.

En cambio, la tesis de Katoen Natie, apoyada expresamente por el gobierno, sostiene que uno de los decretos reglamentarios de la Ley de Puertos, el 183/994, establece que “las actividades de operación de contenedores estarán concentradas en las instalaciones especializadas a este fin”, mientras que la actividad en “los muelles de carga general” [los muelles públicos] será autorizada “solamente en caso de ocupación de las instalaciones especializadas”.

Montecon entiende que esa interpretación del decreto es “inadmisible” y que refería a otro contexto, cuando la ANP era operadora de todos los puertos de Montevideo. “Hoy los decretos 114/021 y 115/021 [aprobados por el gobierno] pretenden sostener esta ilegal interpretación y hacer caso omiso del régimen de libre competencia que consagra la Ley de Puertos”, se agrega.

La empresa finalmente advierte que si estos decretos se mantienen vigentes “no podrá seguir operando y quedarán vulnerados sus derecho a desarrollar actividades económicas, su derecho a competir libremente, el derecho al trabajo de su gente y el trato equitativo que merece la inversión de sus accionistas Atco Canadá y Ultramar Chile al amparo de los Tratados Internacionales vigentes entre uno y otro país y la República de Uruguay”.