Luego de la espera tras el anuncio del presidente Luis Lacalle Pou el 2 de marzo ante la Asamblea General, este miércoles el gobierno brindó explicaciones y divulgó los acuerdos que realizó con la firma belga Katoen Natie, que le permite extender la concesión de la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo a cambio de levantar una amenaza de juicio internacional e invertir 460 millones de dólares en este período. Lejos de calmarse las aguas, lo dicho elevó los cuestionamientos de la empresa Montecon, que opera en los muelles públicos con “permisos precarios” desde hace 12 años y pagando la tarifa “más baja”, según dijo el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber.

El punto de diferendo del que surgen varios conflictos es la interpretación del artículo 72 de la ley de puertos de 1992 y el posterior decreto reglamentario. Heber dijo ante la Comisión de Transporte del Senado que dicha norma establece que “las actividades de operación de contenedores estarán concentradas en las instalaciones especializadas a este fin”, y que el trabajo en “los muelles de carga general” se permitirán “solamente en caso de ocupación de las instalaciones especializadas”. 

El jerarca señaló que “esta situación de no aplicación del artículo 72 es la base del reclamo” que realizó en octubre de 2019 la firma belga, por incumplimiento al tratado bilateral de inversiones entre ambas naciones, y que derivó en una amenaza de juicio internacional por 1.500 millones de dólares, lo que abrió la negociación con el gobierno, tras el cambio de autoridades en marzo de 2020.

Sin embargo, otra lectura hacen desde la empresa Montecon, la otra operadora del puerto de Montevideo. Su gerente general, Juan Olascoaga, dijo a la diaria que la interpretación del gobierno sobre el artículo está “sacada de contexto y conduce a un monopolio” de Terminal Cuenca del Plata (TCP) —perteneciente a Katoen Natie (80%) y el Estado uruguayo (20%)—, que ganó la licitación en 2001 del área especializada para contenedores.

En las condiciones de la subasta, “dice que no tendrá más prioridad” que la zona concesionada y que prestará “servicio en condiciones de libre competencia con otros operadores” que trabajan en los muelles públicos, expresó Olascoaga. Añadió que el escenario planteado por el gobierno en virtud del acuerdo con Katoen “viola la libertad de elección de las líneas navieras”, porque “se redireccionará el 100% de la carga para TCP”.

Heber sostuvo que en el acuerdo con Katoen no se modifica “absolutamente nada de la ley ni de su reglamentación”, y que “el Estado lo que hace es garantizar que se va a cumplir” con estas disposiciones, “eso es lo que dimos a cambio”.

El gerente general de Montecon dijo que buscarán un encuentro con el ministro, “sin desmedro de recurrir al marco legal que entendemos necesario se proteja”. Tiempo atrás, la diaria había informado que la compañía internacional evaluaría recurrir al mismo camino que Katoen, y plantear una demanda por incumplimiento de acuerdo de inversiones.

A su vez, Olascoaga respondió a Heber sobre la actividad de la empresa en los últimos 12 años: “Montecon lleva invertidos 160 millones de dólares en maquinaria y equipos, pagó a la ANP por uso de la infraestructura unos 14 millones de dólares al año, no es que estuvo gratis ni por fuera de la ley”.

El jerarca comentó que el gobierno no quiere “que se vaya” Montecon y le ofreció “la posibilidad de una iniciativa privada para una terminal multipropósito”. Respecto al diferendo entre Katoen y su competidora, el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferres, indicó que “desde el punto de vista jurídico las dos empresas no están en la misma situación: los barcos con contenedores deben ir a esa terminal (TCP), y solamente cuando la misma no tenga capacidad” podrán pasar a los muelles públicos.

Heber: “llevábamos todas las de perder” en el juicio internacional

El ministro de Transporte y Obras Públicas dijo que la relación de los gobiernos del Frente Amplio (FA) con Katoen se “empieza a complicar a partir de 2008” por el incumplimiento del artículo 72. “Frente a esta situación creíamos que estábamos muy mal parados para enfrentar un juicio y que el camino era acordar. Hasta ahora ningún jurista me ha dicho lo contrario”, manifestó.

Heber subrayó sobre el balance de la negociación: “estábamos convencidos de que llevábamos todas las de perder, pero salimos con una inversión de 460 millones de dólares que debemos dimensionar”.

Sin embargo, desde el FA entienden que “Katoen Natie no ha sido el mejor socio posible” y mantuvo una “relación sistemáticamente conflictiva” con Uruguay, dijo el senador Mario Bergara. Los legisladores opositores mencionaron que la firma tuvo “incumplimientos” del contrato y “la concesión puede caer”, contexto que lleva “hace pensar que es demasiado barato el precio” para extender el plazo hasta 2081, señaló el senador Eduardo Bonomi. Asimismo, el senador del FA, Charles Carrera, dijo que “preocupa” la “situación de monopolio de hecho a favor de TCP” a raíz del acuerdo.

Más allá de las críticas de la oposición, Heber mantuvo su postura: “No había y no hay alternativa más que buscar un acuerdo [con Katoen]. Este es un acuerdo digno, es conveniente y va a generar empleo”.