“No es cualquier interpelación: es la primera interpelación llevada por el Frente Amplio como oposición en este período de gobierno”. Con estas palabras comenzó la interpelación el diputado socialista Gonzalo Civila a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, por el otorgamiento de exoneraciones fiscales a una empresa propiedad del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie.
Civila hizo referencia al contexto previo a la interpelación y cuestionó la postura del presidente Luis Lacalle Pou, quien este martes habló del tema y dijo que había “que ser muy ligeros para andar hablando de falta de ética por parte de la oposición”. “Nada de esto nos parece muy republicano. Se ha hablado mucho de republicanismo en este país y hay que ponerlo en práctica”, manifestó.
El legislador remarcó que la interpelación no es un “duelo de honor” ni se busca caer en la “política del barro”. Cuestionó a los legisladores oficialistas que sostuvieron que no era oportuno el momento para llevarla a cabo, y dijo que la “ética importa siempre”. “La ética en tanto campo de valores es importante siempre, y pensar que en la pobreza, privación de derechos o crisis no hay debate de ética que sea relevante es muy penoso”, señaló.
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Luego el diputado opositor detalló el motivo de la interpelación y realizó 11 preguntas a la ministra. Consultó la fecha concreta en que se realizó la solicitud de la exoneración fiscal y si ya se sabía que Alfie integraría el gobierno. También le preguntó si al momento de firmar la resolución, era consciente de que estaba autorizando exoneraciones a una empresa del director de la OPP. Otra de las consultas fue si no le parecía reñido con la ética “otorgarle un beneficio tributario a un compañero”, con quien “además la une un vínculo de larga data”, ya que Alfie fue su docente y trabajaron juntos previamente.
La cuestión del mostrador
A su turno, Arbeleche habló sobre la política de beneficios fiscales y luego se refirió al caso concreto. Sostuvo que la fecha de resolución fue el 11 de febrero de 2021 y ella, como ministra, firmó con “absoluto conocimiento” de lo que estaba firmando. Además, dijo que la solicitud de beneficio fue realizada el 13 de diciembre de 2019.
Azucena Arbeleche (C), el 19 de mayo, en la Cámara de Diputados.
Foto: Federico Gutiérrez
“Cabe destacar que la Comap [Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones], con base en la evaluación efectuada por los servicios técnicos preopinantes, recomendó expresamente el otorgamiento de los beneficios previstos. Se actuó en consecuencia plenamente conforme a derecho, contándose con los asesoramientos preceptivos previos. Debe afirmarse que la exoneración otorgada es regular, legal y ajustada absolutamente al sistema jurídico”, detalló.
Luego de detallar el procedimiento, Arbeleche recalcó que legalmente no se incumplió con ninguna normativa. “El cargo de director de la OPP no tiene incompatibilidades o inhibiciones específicas para el desarrollo de actividades privadas”, como es el caso de los directores de entes públicos o jueces y fiscales.
La ministra mencionó la Ley 19.823, que regula la ética en el ejercicio de la función pública, y dijo que “no amputa los derechos sustantivos o de fondo. Es decir, no afecta la capacidad de goce de derechos”, señaló.
Por otra parte, manifestó que el beneficiario no integró ningún organismo resolutivo porque la decisión fue del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Este aspecto considero que es de particular relevancia, porque debe quedar claro que Alfie no integra el MEF ni el sistema orgánico Poder Ejecutivo. El economista preside otro órgano, dependiente de Presidencia de la República”, apuntó.
En ese sentido, afirmó Arbeleche, no puede decirse que “se estaba de los dos lados del mostrador”. “Ni la ministra se encuentra sujeta a jerarquía del director de la OPP, ni el director se encuentra sujeto a jerarquía de esta ministra”, señaló. “En cuarto lugar, y no menos importante, es el hecho de que el beneficiario no participó ni podría participar del proceso decisorio, que es lo único que se le puede y debe exigir a un servidor público que posee algún interés empresarial legítimo. Esto es: no pudo ni tuvo ningún tipo de injerencia en el expediente cuyo trámite corrió completamente por el MEF”.
Arbeleche señaló que jurídicamente no hay ninguna ley que establezca que por el hecho de devenir gobernante o funcionario público se deban negar “derechos sustanciales”. En ese sentido, señaló que lo único que debe exigirse es la abstención en el procedimiento resolutivo. Agregó que la resolución se adecúa al principio de igualdad y parcialidad.
Un crimen mayor
Al culminar la exposición, Civila señaló que la ministra no respondió prácticamente ninguna de las preguntas que realizó. De todas formas, opinó que lo expuesto por la jerarca muestra la “visión reducida” sobre las situaciones que se presentan como “dudosas”. A modo de ejemplo, mencionó el artículo 17 del Decreto 30/003, que reglamenta la ley que determina las normas de la conducta pública, y sostuvo que “el funcionario público debe distinguir y separar radicalmente los intereses personales del interés público”. “Acá parece que a nadie se le presenta ninguna duda sobre un conflicto en el interés público o privado”, afirmó.
Luego señaló que la ministra dio cuenta que Alfie solicitó el beneficio luego de saber que iba a ser director de la OPP. Según dijo, el 3 de diciembre Alfie se reunió con Lacalle Pou y, tras el encuentro, según informó por ese entonces El País, el actual director de la OPP dijo que se le había ofrecido un cargo público. “Estuvimos meses escuchando insinuaciones que pretendían establecer que no sabía que iba a integrar el gobierno, y eso es una absoluta falsedad”, dijo Civila y agregó que podría haber presentado la solicitud en cualquier momento, pero eligió hacerlo después de esa reunión. “Es poco serio”, señaló.
Ante estos dichos, diputados del oficialismo le empezaron a gritar a Civila que estaba faltando el respeto al director de la OPP. “Es poco serio, qué quiere que le diga. Es un hecho paradigmático, es una pieza de evidencia de un crimen mayor: gobiernan para beneficiarse a sí mismos, y vienen a fundamentar en principios generales del derecho que no aplican normas de ética en la función pública para darse beneficios a sí mismos”, retrucó Civila, mientras le gritaban que era un atrevido y había sido una falta de respeto.