El Instituto Nacional del Niño y el Adolescente (INAU) acudió este martes al Parlamento para brindar opinión sobre los proyectos de ley de tenencia compartida que están bajo estudio —uno del Partido Nacional (PN) y otro de Cabildo Abierto (CA)—, que modifican las disposiciones que regulan la actuación de la Justicia ante los casos de separación de los padres. El presidente del INAU, Pablo Abdala, se pronunció favorablemente y dijo que “implican una mejora en la legislación”, mientras que la representante del Frente Amplio (FA) en el organismo, Natalia Argenzio, se mostró contraria.
“No se innova ni modifica drásticamente lo dispuesto, pero se introduce una serie de disposiciones que ayudan a hacer efectivo el cumplimiento de la decisión judicial [sobre la tenencia del niño] cuando corresponda, eso es algo positivo. La diversidad de situaciones es muy amplia y en cada caso la resolución es diferente, el juez es quien tiene la enorme responsabilidad de resolver, y es correcto que se establezcan procedimientos para garantizar el cumplimiento de esas decisiones, para prevenir conflictos que sabemos que se dan con relativa frecuencia entre los progenitores”, manifestó Abdala a la diaria.
La iniciativa de las senadoras nacionalistas Carmen Asiaín y Graciela Bianchi apunta a modificar el artículo 34 del Código de la Niñez y Adolescencia, que determina como primer paso el acuerdo entre los padres para la corresponsabilidad de la tenencia en caso de separación y, en segundo lugar, de no haber arreglo, pasar el caso al juzgado de familia. Para esa intervención judicial, en el proyecto se establece que la “responsabilidad en la crianza corresponde a ambos padres” y que una separación no puede repercutir en la pérdida de la titularidad o el ejercicio de la patria potestad de los dos. En esa línea, el proyecto de CA establece que la “tenencia será siempre compartida” y se buscará que los niños pasen “la misma cantidad de tiempo con ambos padres”.
Abdala señaló que “en la perspectiva de la legislación protectora de la niñez”, con estas disposiciones se busca “erradicar y prevenir” los conflictos entre los padres “que terminan afectando el interés superior del niño, porque terminan subordinado el interés del niño a la voluntad de los adultos”. Los procedimientos planteados en el proyecto del PN “van a ayudar en esa dirección”, dijo el presidente del INAU y dirigente blanco.
“Hoy los jueces disponen una tenencia compartida cuando corresponde, pero después eso se desconoce o incumple. Es indistinto sea por uno o por otro [progenitor], no hay una cuestión de género”, agregó. “En la medida en que ese derecho coincida con la posibilidad real de llevar una tenencia compartida adelante, si no es lo indicado ni deseable el juez tendrá que resolver”, indicó.
Los cambios legales “no limitan ni acotan la posibilidad [de actuación] del juez, sigue siendo el dueño de la decisión y es a quien corresponde la delicada tarea de definir en cada situación qué mejor se adecue a cada niño”.
Sobre la advertencia de que al promoverse la tenencia compartida se podrían omitir situaciones de violencia intrafamiliar, Abdala expresó: “Si hay riesgo de que acontezca una situación de violencia, porque hay una situación potencial, es necesario que el juez pueda apreciarlo y tendrá que proteger al niño del progenitor [violento]”.
La visión contraria surge porque entienden que la legislación actual procura dar soluciones para cada caso puntual y defender el interés del menor, mientras que los proyectos de tenencia compartida priorizan esta modalidad para la generalidad de situaciones.
El FA se ha pronunciado en contra de los proyectos: “La tenencia compartida ya existe” en la legislación y los proyectos a estudio no toman en cuenta “las situaciones y contextos de la madre y el padre” del niño, dijo días atrás el senador frenteamplista Charles Carrera. Esa postura crítica fue la que expuso ante la Comisión la directora del INAU por la oposición. Argenzio indicó a través de Twitter: “Proyectos que no tienen el foco en la voz de niños, niñas y adolescentes y son regresivos en cuanto a derechos. No podemos imponer tenencia compartida, menos aún cuando la violencia es factor de riesgo”.