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Soledad González, Amira Fagúndez, Fernando Pereyra y Rafael Michelini, el 23 de junio de 2021, en el edificio anexo de la Torre Ejecutiva, en Montevideo.

Foto: Federico Gutiérrez

Gobierno niega cadena nacional para la comisión prorreferéndum

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La comisión había planteado que sería “un aporte” para informar a la ciudadanía; el Poder Ejecutivo ofrecerá a las organizaciones los medios públicos.

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Leído por Andrés Alba.
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La comisión prorreferéndum para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) presentó este miércoles una solicitud por escrito a Presidencia de la República para acceder a la cadena nacional para informar a la ciudadanía sobre “las razones que fundamentan nuestra iniciativa”. El gobierno respondió negativamente el planteo. En una carta dirigida a Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, y Rafael Michelini, representante del Frente Amplio en la comisión, el presidente Luis Lacalle Pou transmitió que “la política de comunicación adoptada por este gobierno, en relación al uso de dicho recurso, contempla únicamente necesidades de carácter nacional que involucren a las instituciones de gobierno”. Además, señala que Presidencia de la República “realizará las gestiones necesarias para que dicha Comisión pueda transmitir su mensaje a través de un espacio en los medios públicos”.

El pedido de la comisión se ampara en el artículo 94 de la Ley 19.307, y en la nota la comisión afirma que sería “un sustancial aporte para que la ciudadanía pudiera estar debidamente informada de un tema del más alto interés público y consecuentemente, participar adecuadamente en un amplio debate que hará más robusta a nuestra democracia”.

“La posibilidad de comunicar” pensamientos e ideas, señala la misiva, “se ve limitada por la capacidad material de acceso a los medios de comunicación, por lo que sujeta el pleno goce del derecho consagrado a los fondos disponibles para contratar los espacios o a la voluntad de los propietarios de las empresas de comunicación de ceder sin costo los mismos”, entiende la comisión. En ese sentido, afirma que “la acción del Estado puede contribuir a mitigar, aunque sea parcialmente” esa desigualdad.

Añade que más allá que se comparta o no la convocatoria a un referéndum, la propuesta “ha recabado ya más de medio millón de adhesiones y es llevada adelante por organizaciones indudablemente representativas de un sector importante de la ciudadanía”, y puntualizan además que el contexto de pandemia y crisis sanitaria “han supuesto una dificultad adicional innegable para la recolección de firmas y para la realización de acciones de difusión que una campaña de estas características requiere”.

Por último, señala que tal como menciona la ley, la solicitud “trata de un tema de ‘interés público’ y aborda ‘cuestiones urgentes que puedan afectar gravemente a la población’, por lo cual se encuadra en las condiciones necesarias para fundamentar la autorización del Poder Ejecutivo y que por las razones descriptas sería particularmente oportuno otorgarla”.

Desde que asumió, en 2020, el presidente Luis Lacalle Pou ya rechazó solicitudes de uso de la cadena nacional al PIT-CNT, a raíz del 1º de Mayo, y a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, ante la imposibilidad de concretar la Marcha del Silencio del 20 de mayo.

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