Los cerca de 20 millones dólares anuales que el Instituto Nacional de Colonización destina a la compra de tierras sería el monto que el gobierno quiere brindar, a través de un fideicomiso, al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) para buscar soluciones a los 650 asentamientos que hay en el país. El artículo que define este traspaso se presenta este miércoles al Parlamento con el resto del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, y a pesar de que la titular de la cartera, Irene Moreira, no quiso dar detalles, comentó que para decidir de dónde obtener los recursos “se estudió mucho las distintas opciones y esta fue la que se encontró”.
Consultada en Doble Click, de FM Del Sol, sobre por qué apuntar a Colonización, la jerarca respondió: “¿Por qué no?”. “Estamos en una situación crítica por cómo recibimos el país y a los 13 días llegó esta pandemia que afecta al mundo entero”, dijo y agregó que el problema de los asentamientos es algo que “había que resolver, es una ponderación y tratar de buscar esa solución para tantos uruguayos que lo solicitan”.
La ministra puntualizó que Colonización “tiene tierras que aún no están en uso, que no están entregadas; se estudió mucho las distintas opciones y esta fue la que se encontró”, y sobre las críticas desde la oposición opinó: “Fue la solución que encontramos para esta coyuntura, para este momento, para esta situación tan grave que tiene el país. Es fácil hoy decir que se podía haber buscado otra solución, ¿por qué no lo hicieron anteriormente?”.
Moreira detalló que hay 650 asentamientos en el país, y en Montevideo se concentran unos 320; en total se estima que hay 200.000 personas viviendo en estas condiciones: “Vaya si se necesita plata, tiene que ser una política de Estado, un tema que trascienda más allá de los partidos políticos y un quinquenio de gobierno”.
Nuevo Comienzo
La jueza penal de 44° turno Diovanet Olivera dispuso una prórroga para la investigación penal hasta marzo de 2022 en la causa contra ocho personas que viven en el asentamiento Nuevo Comienzo, sobre las que se formalizó un proceso por usurpación. Mientras tanto, siguen avanzando los casos en el Juzgado de Familia que obligaron al MVOT a entregar soluciones habitacionales a tres familias del asentamiento.
“No es que no esté de acuerdo con entregar una vivienda a un caso concreto en una situación dada, el asunto fue el camino que se siguió, estamos ante una tipificación de un delito penal, están usurpando un terreno privado”, subrayó Moreira. A su entender, este tipo de resoluciones de la Justicia llevó a un “enfrentamiento de por qué en este caso y no en otro asentamiento donde hay familias que hace 20 años que están esperando, hay un choque entre los propios afectados”. “Es el asentamiento más reciente, nació en enero de 2020, y el juez vio ese caso concreto que le presentaron; nosotros tenemos que ver de forma holística los 650 asentamientos que hay”, agregó.
Rol de Cabildo Abierto: “Somos distintos a los demás”
Moreira también habló del papel de su partido en la coalición de gobierno. Sobre las críticas que han hecho desde el Partido Nacional y el Partido Colorado sobre las decisiones inconsultas a la interna, la ministra comentó: “Esa actitud que dicen de no hablar con los otros miembros, no es un tema de Cabildo Abierto [CA], lo hemos visto en los partidos tradicionales, que muchas veces han presentado cosas que a CA no le habían comunicado, como el proyecto de la ley de eutanasia, que cuando lo vimos ya estaba presentado”.
A su entender, a pesar de su corta experiencia como partido, “CA es transparente y ha enriquecido con propuestas a esta legislatura. Tenemos claro que lo que se firmó en el Compromiso por el País se va a respetar, pero queremos aportar y somos distintos a los demás”.