Con los votos del oficialismo, la Cámara de Representantes aprobó la creación de una comisión investigadora para tratar las presuntas licencias irregulares de docentes agremiados a la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), en especial de Marcel Slamovitz, entonces vicepresidente del sindicato. La discusión en la cámara básicamente giró en torno a cuestiones jurídicas y morales.
Los tres integrantes de la comisión preinvestigadora fueron los que tomaron la palabra para justificar su postura. Tanto Ope Pasquet por el Partido Colorado (PC), como Nancy Núñez por el Partido Nacional (PN) hablaron de la necesidad de que los hechos se investiguen en el ámbito parlamentario, mientras que Felipe Carballo, del Frente Amplio (FA), argumentó en contra porque en paralelo la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) ya está investigando a Slamovitz. “Es sólo un docente de Secundaria de 22.000 que hay en el país”, indicó. De esos 22.000, unos 10.000 están afiliados al sindicato.
El centro de la discusión estuvo en si hay alguna forma legal de justificar las inasistencias del profesor durante 2016 y 2017 y si corresponde que este tema sea tratado por Diputados. Desde la coalición de gobierno afirmaron que sí le corresponde a la cámara baja tratar el tema y buscar “responsabilidades políticas”, en el sentido amplio del término, tal como se ha utilizado en otras oportunidades, independientemente de que la DGES haga una investigación administrativa.
En tanto, para el FA, la responsabilidad política implica en última instancia al ministro de Educación y Cultura que está en funciones, Pablo da Silveira, por lo que no tiene sentido estudiar cuestiones de hace más de cinco años, mientras que la coalición, citando comisiones de períodos anteriores, entiende que no abarca sólo al ministro en el cargo actual. En este sentido, Carballo insistió en que “no quiere decir que los hechos no deban investigarse, por el contrario, toda actuación irregular en el ejercicio de la función pública debe ser investigada conforme a la normativa. La órbita para tal actuación se encuentra en el ámbito donde los hechos denunciados hubieran acaecido, en este caso Secundaria”.
El otro punto referente a la legalidad es si hay forma de justificar las faltas del docente. Pasquet y Núñez, basados en actas del entonces Consejo de Educación Secundaria y el informe de la mesa asesora de abogados, aseguran que no hay manera, mientras que Carballo entiende que hay reglamentos que lo amparan y resalta que esas actas son “borradores” y no tienen firmas que las avalen.
Con respecto a la justificación de esas faltas que llegan desde ámbitos centrales de Secundaria, Pasquet opinó que se “quería justificar inasistencias que no estaban justificadas por la ley de libertad sindical ni el estatuto del funcionario docente”. “Para evitar hacer explícita la violación de las normas vigentes iban a arreglar todo centralmente avisando a los directores que algunas inasistencias se iban a justificar así”, agregó.
Como contrapunto, Carballo argumentó: “Los hechos que se denuncian en nada implican cuestionar la asistencia de horas sindicales, las que son ajustadas a derecho y que en este caso en particular refieren a ámbitos de negociación que hubieran quedado por el régimen general acordado. La resolución en temas de licencia [sindical] es clara en que no se debe afectar la carrera docente, por tanto, si bien establece su denuncia en irregularidad no existen elementos que permitan sostener tal fundamento debido a la existencia de normativa específica del desconcentrado y una zona de actuación autónoma del mismo”.
Por su parte, Núñez aseguró: “Durante muchos años quienes estuvimos en cargos de gestión en cierto momento hasta tuvimos un poco de miedo, como le pasó seguramente a esa directora de San José, de hacer cosas que pudiera afectar nuestra relación con el gremio o sindicato, porque sentíamos que el sindicato estaba tan fuerte que estaba controlando lo que estábamos haciendo, y la calidad de la educación se vio resentida por eso”.
Núñez entendió que la comisión investigadora era necesaria para “saber cuántos fueron los alumnos dañados, porque surge de actuaciones administrativas que hay varios docentes involucrados en esta situación concreta, pero ¿y si analizamos en todo el país?”. Además, dijo que es pertinente “ver qué relación, vínculo y grado de conveniencia hubo con los integrantes del anterior consejo, que tiene que representar a todos los docentes”.
Tras las acusaciones que recibió sobre hacer “persecución sindical”, el miembro denunciante, el colorado Felipe Schipani dijo en sesión que “no es el talante” que tiene. El representante confesó que las declaraciones a la radio Carve de la exdirectora del Liceo 1 de San José Miriam Arnejo en contra de Slamovitz, fue lo que motivó la creación de esta comisión. “Yo soy producto del gremialismo, me formé gremialmente antes de entrar a la política partidaria; actitudes como estas [de Slamovitz, al justificar de manera “irregular” sus licencias] degradan al sindicalismo y es bueno denunciarlo”, expresó.
El colorado indicó que “estos malos sindicalistas degradan al sindicalismo todo”. “No se ha alzado ninguna voz del PIT-CNT, sólo de Fenapes denunciando persecución sindical. Estamos ante una situación grave; nada de lo que hemos dicho es imaginario, está todo documentado”, indicó, y agregó que los principales “perjudicados” son los estudiantes “por las faltas de Slamovitz”. “Después nos hablan de la centralidad de la enseñanza, de la centralidad en el estudiante”, cuestionó. La comisión investigadora tendrá tres representantes del FA, dos del PN, uno del PC y otro de Cabildo Abierto, y funcionará hasta el 15 de diciembre.