“Una ley innecesaria que daña la infancia” es la consigna de la campaña que lanzaron este lunes seis organizaciones sociales que nuclean a cientos de asociaciones y colectivos vinculados con temáticas de infancia y género en rechazo a los proyectos de ley que elaboraron el Partido Nacional (PN) y Cabildo Abierto (CA) sobre tenencia compartida y corresponsabilidad en la crianza, que están en plena discusión en la Comisión de Constitución y Legislación en el Senado.
Los impulsores de las iniciativas –Carmen Asiaín y Graciela Bianchi por el PN y Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano por CA– trabajan actualmente en unificar los proyectos y, según supo la diaria, ya tienen un borrador bastante avanzado, que presentarán en la comisión en las próximas semanas. Asimismo, buscan conseguir el apoyo del Partido Colorado, que tiene reparos sobre el contenido de las iniciativas, según lo reconocieron legisladoras coloradas días atrás.
Los proyectos recibieron críticas desde varios frentes: varias de las organizaciones sociales que impulsan la campaña ya habían manifestado su preocupación por el contenido de las iniciativas en intercambio con la comisión; el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y el Adolescente, que preside el Ministerio de Educación y Cultura, hizo un informe en el que califica de “regresivas” las modificaciones normativas propuestas, e incluso la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Bottero, en su comparecencia ante la comisión se mostró preocupada por el contenido de los proyectos, lo cual le valió cuestionamientos por parte de senadores oficialistas.
Ante este escenario, la Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales Orientadas al Desarrollo, el Comité de los Derechos del Niño del Uruguay (CDNU), la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, la Red Pro Cuidados, el Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Intersocial Feminista lanzaron una campaña que busca informar a la ciudadanía sobre el contenido de estos proyectos y la necesidad de “colocar a las niñas y niños en el centro de toda actuación legislativa, judicial o administrativa que les involucre”, promoviendo una “visión de protección y respeto de sus derechos, donde se privilegie el análisis particularizado de las situaciones”.
Una legislación que ya existe
En un conversatorio virtual que hizo de puntapié para el lanzamiento de la campaña, referentes de varias organizaciones destacaron que la legislación actual en nuestro país ya permite la tenencia compartida de los hijos ante la separación de los padres, siempre y cuando se considere que es lo mejor para el niño, niña o adolescente en su situación particular. En ese sentido, consideraron que “imponer la tenencia compartida” significa “anteponer el interés de los adultos al de los niños, niñas y adolescentes”, además de que “plantear la división del niño 50% entre los adultos es una cosa casi salomónica”.
“En esta división arbitraria no se consideran los diferentes modelos de familia y prima el interés de los adultos. ¿Cómo van a construir vínculos en su comunidad, a participar en la vida de sus barrios?”, se preguntó Gastón Cortés, del CDNU, en referencia a los niños y niñas sometidos a este tipo de tutela “sin contemplar si [la tenencia compartida] es viable para cada caso y beneficiosa para cada niño, niña y adolescente en particular”.
Asimismo, los colectivos resaltaron el peligro al que se expone a esta población en caso de violencia o abuso por parte de uno de los progenitores, a causa de las limitaciones que ponen ambos proyectos a las medidas cautelares, incluso aunque medie una denuncia por violencia. “La sentencia firme puede llevar años, y eso implica exponer a niños, niñas y adolescentes a situaciones terribles. ¿Cómo vamos a garantizar una vida libre de violencia si permitimos esto?”, reflexionó Cortés.
Por otro lado, el coordinador del CDNU dijo que los proyectos “desconocen la voz de los niños” y la ponen “en tela de juicio al hablar de voz ‘autorreflexiva y autónoma’”. En su opinión, la legislación impulsada “pretende volver al Código [del Niño] de 1934, donde los niños eran objetos de tutela y control por parte del Estado y no sujetos de derecho”.
Las organizaciones también destacaron que estas iniciativas van en contra de convenios internacionales que Uruguay ha ratificado en materia de protección de derechos de las infancias, por lo que aprobar este tipo de normativa sería dar “un paso hacia atrás muy grave”.
Contra la imposición de un único criterio
Por su parte, Andrea Tuana, integrante de la Intersocial Feminista, subrayó que la campaña iniciada hoy “no cuestiona la idea de la tenencia compartida ni la corresponsabilidad de los cuidados”, puesto que las organizaciones consideran que “la tenencia compartida puede ser perfectamente una forma de organización familiar, y sin dudas la corresponsabilidad es un horizonte a alcanzar”; por el contrario, el cuestionamiento parte de que “no se tome en cuenta cada situación y se pretenda imponer esta forma de organización en todos los casos”.
Para Tuana, esta imposición “daña porque cuando existen conflictos entre los padres, cuando no existe posibilidad de dialogar, cuando hay padres que se encuentran en una guerra, en un fuego cruzado, colocar a los niños en tenencia compartida les puede generar situaciones muy complicadas en cuanto a las lealtades; son padres que no van a estar priorizando sus necesidades, sino que se cumpla con rigidez ese acuerdo de tenencia compartida”, explicó.
Asimismo, insistió en que de aprobarse esta legislación “puede poner en serio peligro a los niños y niñas, porque abre la puerta a que abusadores sexuales puedan acceder libremente a ellos, que violentos puedan hacer uso de esa violencia y generar sufrimiento a su expareja como forma de perpetuar la violencia que había antes de la separación”.
Por otro lado, señaló que “los planteos de quienes impulsan estos proyectos es que una gran mayoría de las denuncias [por violencia de género] son falsas. Muchos de quienes están impulsando estos proyectos pretenden volver a instalar una pseudoteoría sin base científica, que es el falso síndrome de alienación parental”. Tuana calificó este concepto como “un instrumento de tortura que se utiliza para entregar a los niños a adultos y adultas agresores”.
El proyecto impulsado por Asiaín y Bianchi fue elaborado originalmente por la organización Todo por Nuestros Hijos y ya había sido presentado en 2016 por el entonces senador y actual presidente de la República Luis Lacalle Pou. En una reciente comparecencia ante la comisión, la organización de varones pidió profundizar el alcance de los proyectos para “contrarrestar” los efectos de la Ley 19.580, de violencia basada en género, a la que calificaron de “inconstitucional”.