La defensa del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva presentó este lunes ante el Supremo Tribunal Federal (STF) un documento en el que revela que los fiscales que investigaban las causas relacionadas con la trama conocida como Lava Jato mantuvieron reuniones con la empresa israelí NSO Group para contratar el servicio de Pegasus, el spyware que infiltra teléfonos móviles y que ha sido utilizado por los gobiernos de varios países para vigilar a periodistas, políticos y activistas.
Según informó UOL con base en un chat de enero de 2018 al que accedieron, los fiscales de Curitiba buscaban crear un sistema de ciberespionaje clandestino para investigar a los sospechosos del Lava Jato. Los magistrados tuvieron una serie de reuniones con representantes de la compañía de software israelí a principios de ese año para adquirir una “solución tecnológica” que “invade” teléfonos móviles en tiempo real.
El fiscal Julio Carlos Motta Noronha dijo a sus colegas en el chat que sus pares de Río de Janeiro se habían reunido con “otra empresa de Israel, con una solución tecnológica súper avanzada para investigaciones” y que quedaron “impresionados con la solución” porque “está fuera de este mundo”.
“Hay problemas, como el costo y obstáculos legales para todas las funciones (por ejemplo, abrir el micrófono para escuchar en tiempo real). De todos modos, el representante de la empresa estará aquí en CWB [Curitiba], y hemos concertado una cita para venir aquí a las 5 de la tarde. ¡Cualquiera que pueda participar en la reunión será genial! (Incluso sirve para ver qué pueden / deberían estar haciendo con nuestros teléfonos móviles)”, explicó Motta Noronha ese día.
Varios integrantes de la investigación respondieron a los mensajes enviados por el fiscal. Entre ellos se destaca el de una persona identificada como Paulo, quien expresó dudas sobre la adquisición de este sistema. “Confieso que tengo dificultades filosóficas con esta función (abrir micrófono en tiempo real, filmar al tipo en la privacidad de su casa haciendo lo que sea, en nombre de la investigación). Resquicios de mis estudios sobre derechos humanos versus lucha contra el terrorismo en Londres”, afirmó.
Allí también se mencionaba la posibilidad de adquirir otro software de espionaje de origen israelí, que permite extraer información de dispositivos que han sido incautados.
Según la defensa del expresidente, en ese tiempo también se planteó la posibilidad de crear una suerte de búnker de big data en la oficina del fiscal Deltan Dallagnol utilizando recursos “obtenidos de forma encubierta en acuerdos de delación premiada, por ejemplo, simulando la pérdida de equipos”, tomando como ejemplo una situación concreta que ya había sido practicada por los investigadores del Lava Jato en Río de Janeiro.
Si bien en los chats no se menciona la empresa ni el nombre del programa, una serie de correos electrónicos enviados entre 2018 y principios de 2019, que fueron obtenidos por UOL, confirman que la empresa mencionada era NSO Group y la “solución tecnológica” que buscaban adquirir era Pegasus, y el nexo de las negociaciones sería Motta Noronha. Uno de estos mails tiene como asunto “Pegasus”. Allí, un representante de NSO Group informa al fiscal que, tras algunas observaciones realizadas por el Ministerio Público, algunas funcionalidades serían incluidas en una nueva versión del spyware, y que en mayo de 2018 podrían acceder a una versión demo de esta actualización.
Las negociaciones se suspendieron en setiembre de 2019, cuando Augusto Aras asumió como nuevo fiscal general de Brasil. El nuevo jerarca determinó que el software debía ser auditable y que sólo funcionaría con autorizaciones judiciales, lo que permitiría un mayor control sobre posibles abusos. Como Pegasus funciona aprovechando vulnerabilidades e infiltrándose en los dispositivos sin que sus propietarios se enteren, era imposible inspeccionar desde qué servidores fue utilizado, por lo que no se podría saber qué funcionarios tuvieron acceso a qué teléfonos.
Los Bolsonaro
En mayo de este año, UOL ya había informado que existía un vínculo entre NSO Group y Carlos Bolsonaro, concejal de Río de Janeiro e hijo del presidente Jair Bolsonaro, quien intentaba adquirir Pegasus para el gobierno de su padre.
Según se informaba en ese momento, las conversaciones se llevaron a cabo en junio de 2019 y la excusa fue el presunto hackeo del teléfono del entonces ministro de Justicia, Sergio Moro, quien como juez de Curitiba encabezó las investigaciones del Lava Jato pero vio cómo las causas comenzaban a caer a partir de la divulgación por parte de The Intercept de las conversaciones que mantuvo con Deltan Dallagnol.
En ese momento se presentaron dos herramientas, entre ellas Pegasus. Previamente, Carlos Bolsonaro se involucró directamente en las negociaciones con NSO Group para adquirir el spyware. La presentación de este software no cayó bien en el entonces secretario del gobierno, el general Carlos Alberto dos Santos Cruz. La negativa del jerarca le costó su salida unos días después, ante la presión ejercida por Carlos Bolsonaro.