El Ministerio Público Federal (MPF) y la Policía Federal de Brasil abrieron este miércoles expedientes para investigar presuntas irregularidades en el contrato suscrito por el Ministerio de Salud para la compra de la vacuna india contra la covid-19 Covaxin, operación que finalmente no se concretó, pero que incomoda al presidente Jair Bolsonaro.
De acuerdo a lo que consignó la agencia de noticias Reuters, la Fiscalía Federal informó que se abrió un procedimiento de investigación penal para investigar el acuerdo por 324 millones de dólares firmado por el gobierno federal con Need Medicines, representante en Brasil del laboratorio indio Bharat Biotech, por 20 millones de dosis de Covaxin.
El acuerdo se cerró en febrero, incluso sin la aprobación de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) para la vacuna india. El martes, el gobierno suspendió el contrato por sugerencia de la Contraloría General de la Unión, a pesar de que inicialmente no había notado irregularidades en la transacción.
El contrato de Covaxin dejó a Bolsonaro en una situación aún más incómoda en la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), que indaga en torno a la gestión de la pandemia del gobierno del capitán ultraderechista. Si bien inicialmente los puntos centrales de la CPI estaban puestos en la existencia de un Ministerio de Salud paralelo, en la negligencia y en el negacionismo con el que la administración Bolsonaro afrontó la pandemia, las cosas dieron un giro luego de que el diputado Luis Miranda, del partido derechista Demócratas, y su hermano, el funcionario del Ministerio de Salud Ricardo Miranda, dijeron que habían denunciado sospechas de irregularidades en la negociación de la vacuna liderada por el presidente.
En base en las declaraciones de los hermanos Miranda, los senadores solicitaron al Supremo Tribunal Federal que investigara a Bolsonaro. En dichas declaraciones se menciona al diputado Ricardo Barros, exministro de Salud durante el gobierno de Michel Temer y actualmente líder del gobierno en la Cámara de Diputados. Barros, integrante del partido derechista Progresistas, también fue mencionado en otra presunta compra irregular de vacunas, las del laboratorio chino CanSino. Según informaron medios brasileños, el abogado de Barros, Flávio Pansieri, trabajó para la compañía farmacéutica Belcher, representante de CanSino en Brasil.
El Ministerio de Salud llegó a firmar una carta de intención de compra por 60 millones de dosis por algo más de 200 millones de dólares, pero luego CanSino le informó a la Anvisa que ya no tenía vínculos con Belcher, compañía que tiene su sede en la ciudad paranaense de Maringá, de la que Barros fue alcalde. La semana que viene Barros deberá comparecer ante la CPI del Senado.
Paralelamente, otra presunta negociación por vacunas supuso una nueva complicación para Bolsonaro, luego de que el supuesto representante del laboratorio Astrazeneca denunció que el gobierno pidió una coima. El diario Folha de São Paulo informó el martes que el jefe de Logística del Ministerio de Salud, Roberto Ferreira Dias, había sugerido un soborno de un dólar por dosis durante una cena con el representante de la empresa Davati Medical Supply, Luis Paulo Dominguetti Pereira, que supuestamente negociaba un pedido de 400 millones de vacunas de Astrazeneca. El Ministerio de Salud dijo que el despido de Dias se había decidido el martes de mañana, sin abordar las acusaciones, y el laboratorio, por su parte, desmintió que tuvieran intermediarios para negociar con el gobierno de Brasil.
Pedido y movilizaciones
Mientras todo esto sucede, este miércoles un grupo de más de 100 legisladores de todo el arco ideológico, apoyados también por organizaciones sociales y civiles, presentaron ante la presidencia de la Cámara de Diputados un megapedido de juicio político contra Bolsonaro, que unifica más de 120 solicitudes de impeachment que habían sido ingresadas en el Congreso. Además de contar con el apoyo de todos los sectores de izquierda, muchos legisladores centristas y aun de derecha, exaliados de Bolsonaro, firmaron el documento que ahora deberá ser considerado por el presidente de la cámara, el derechista Arthur Lira, del partido Progresistas, quien no ve con buenos ojos la idea. A pesar de tener un valor simbólico importante, el pedido difícilmente prospere en la cámara incluso si fuera votado, en virtud del apoyo con que cuenta el presidente en varios partidos del centro político, el denominado centrão.
También este miércoles, sin mencionar las acusaciones que pesan en su contra, Bolsonaro atacó a la CPI del Senado y dijo que su gobierno no será derrocado por la comisión ni por lo que calificó de “mentiras”. “No nos van a agarrar. No será con mentiras o con una CPI de siete bandidos que nos sacarán”, dijo, según informaron medios brasileños, en un discurso mientras participaba en la inauguración de un radar de la Fuerza Aérea en la localidad de Ponta Porã, en el estado de Mato Grosso do Sul.