Una de las primeras decisiones de la Convención Constitucional de Chile, que comenzó a sesionar el miércoles, fue solicitar el indulto a los manifestantes detenidos en el marco de las protestas que comenzaron en 2019. El jueves aprobó una declaración en la que pide que se acelere la discusión parlamentaria de un proyecto de ley en ese sentido. Lo presentaron meses atrás parlamentarios del Colectivo Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio, y genera una fuerte resistencia de la derecha gobernante. Pero en la convención, donde el oficialismo es minoría, la declaración fue aprobada el jueves con 105 votos. Se pronunciaron en contra 34 convencionales y hubo diez abstenciones.
Justamente fueron aquellas manifestaciones las que llevaron a los partidos políticos a acordar una salida institucional que abrió las puertas a la elaboración de una nueva constitución. “Es innegable que la revuelta fue el inicio del proceso constituyente [...] Es incoherente tratar como delitos a los hechos que lo hicieron posible”, dijo uno de los constituyentes, el abogado Fernando Atria, según citó la agencia de noticias Efe. De acuerdo con los datos oficiales, en mayo todavía estaban en prisión preventiva 25 personas por delitos vinculados con las manifestaciones, algunas desde hacía más de 500 días.
“Miles de personas fueron detenidas y sometidas a condiciones ilegales, acusadas de manera injusta, arbitraria e inhumana, mientras que otro gran número nunca tuvo un debido proceso ni la aplicación de la presunción de inocencia”, afirma la declaración. “La Convención Constitucional, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política”, agrega.
Además, la declaración reclama la “desmilitarización” del territorio indígena del sur de Chile y un indulto a los presos mapuches por el conflicto en La Araucanía que se aplique desde 2001.
La convención, que tiene un año para redactar una nueva constitución, tuvo una primera semana de sesiones más corta que lo esperado. Después de su inauguración, el domingo, debió suspender sus sesiones de lunes y martes porque en el local que el gobierno de Sebastián Piñera acondicionó para su funcionamiento, una vieja sede del Parlamento, persistían las fallas técnicas y no se habían asegurado las condiciones para que los 155 convencionales pudieran participar con las medidas sanitarias dispuestas por la pandemia de covid-19.
Esta situación generó un fuerte malestar en los integrantes de la convención y motivó la renuncia del funcionario que tenía la tarea operativa de asegurar las condiciones para que sesionara.
Finalmente, presidida por una académica indígena, Elisa Loncón, y con Jaime Bassa como vicepresidente, sesionó el miércoles y decidió ampliar el número de integrantes de su mesa directiva, sumando cinco cargos a los de Loncón y Bassa, y crear comisiones de trabajo específicas: de ética, reglamento, presupuesto y administración interior. También estas decisiones tuvieron la oposición de los convencionales de derecha, que las consideraron “arbitrarias”.