En junio comenzó a regir el nuevo esquema de fijación de precios de las naftas y el gasoil, que impulsó la coalición de gobierno tras el fallido intento de desmonopolización y que toma como referencia el precio de paridad de importación (PPI) —un ejercicio teórico sobre lo que costaría a un privado abastecer el mercado en iguales condiciones que lo hace Ancap—. Al inicio del mes pasado se hizo un ajuste que venía siendo postergado, de 12% en promedio, y en julio fue de 0,5% en las naftas y de 0,9% en el gasoil.
Por estas variaciones de precios consecutivas el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, y el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, fueron convocados a la Comisión de Industria de Diputados y asistieron este miércoles. Tras la comparecencia, el diputado del Frente Amplio (FA) Gabriel Tinaglini expresó que las “noticias” de la sesión eran que “sube el combustible y va a subir el supergás”.
En diálogo con la diaria, Paganini expresó que lo dicho fue “que el petróleo viene subiendo y si eso pasa van a subir [los combustibles], pero si baja también van a bajar”. Explicó que “en el corto plazo” el nuevo esquema, que establece ajustes al inicio de cada mes, puede implicar “alguna suba no muy importante, en la misma línea que viene [en referencia al ajuste de julio], y después puede haber un enfriamiento del mercado”.
Más allá de esos vaivenes en el precio internacional, subrayó que “lo que decidió el gobierno fue plegarse al PPI, reflejar la variación internacional del valor del petróleo”.
A su vez, señaló que esto “no es lo que estamos haciendo con el supergás”, que tiene un subsidio especial en el precio al público y no está alineado al PPI. Si bien el ministro ya adelantó tiempo atrás, en una entrevista con la diaria, la intención de revisar este subsidio, aclaró que por el momento no hay definiciones al respecto. “La reforma no es simplemente tocar el precio, es poder rediseñar el subsidio para abarcar a muchos hogares, y ese es un trabajo largo”, añadió. Tinaglini, del FA, había dicho que la modificación del subsidio “va a impactar directamente en la canasta básica”.
Por su parte, Alejandro Stipanicic, presidente de Ancap, expuso en su cuenta de Twitter números de los resultados económicos de la empresa en los últimos años para defender el nuevo esquema: “En años posteriores, los ingresos de la empresa (y por tanto sus resultados económicos) fueron favorecidos por un importante sobreprecio con respecto a la paridad de importación calculada por Ursea [Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua, que calcula el PPI] en cada momento”.
Además, en años posteriores, los ingresos de la empresa (y por tanto sus resultados económicos) fueron favorecidos por un importante sobreprecio con respecto a la paridad de importación calculada con la paridad definida por URSEA en cada momento. pic.twitter.com/IJ7ltk2bNu
— A. Stipanicic (@a_stipanicic) July 15, 2021
El planteo es que durante el último quinquenio, luego de la capitalización de Ancap aprobada a principios de 2016 a raíz de los problemas financieros del ente bajo la gestión de Raúl Sendic y José Coya, se vendió combustible por encima de la paridad de importación, es decir, se recompuso a la empresa, en función de un sobreprecio en el valor al público.
“Si bien la metodología de la Ursea tuvo variaciones en 2018 (y también en 2020, que rige actualmente y que refleja el costo de un importador de manera más precisa), las diferencias entre el precio recibido por Ancap y la importación fueron muy significativas”, indicó Stipanicic.
El nuevo mecanismo de ajuste de precios que surge de la ley de urgente consideración (LUC), según la argumentación del gobierno, evitaría que se produzcan desfasajes como los mencionados por Stipanicic, al hacer que los valores al público acompañen la evolución del mercado crudo.
Gasoil 10-S no alineado al PPI
El combustible utilizado por el sector productivo y donde tiene los ojos el gobierno es el gasoil 50-S, cuyo valor al público es 45,7 pesos el litro. También está el gasoil 10-S, que tiene menos azufre y por ende contamina menos, que cuesta 67,87 pesos el litro.
El ministro de Industria explicó que, tomando en cuenta los procesos de producción de Ancap, se valoró que “no hay capacidad de llevar a PPI” el gasoil 10-S, “porque se generaría una corrida hacia ese mercado y no puede haber una respuesta productiva de Ancap [a esa demanda]”. Sostuvo que hoy sólo 1% de las ventas son de este gasoil y que en general se utiliza “en motores de [autos de] alta gama”.
Paganini expresó que el gobierno entiende “menos relevante hacer converger” al PPI el gasoil 10-S. Aclaró que en la LUC y posteriores decretos se estableció que los precios convergen a PPI pero tomando en cuenta “un informe de Ancap sobre la situación interna”, y eso pesó para esta decisión. Subrayó que “la decisión política” del gobierno es priorizar el PPI para naftas y gasoil 50-S, así como, por el momento, mantener un subsidio en favor del consumidor en el caso del supergás.
Este asunto de la diferencia entre el PPI que determina la Ursea y el valor al público del gasoil 50-S fue expuesto en Twitter por el ingeniero agrónomo José Luis Matonte, que sigue el proceso de reformas en el mercado de combustibles. “No es del todo cierto” que los precios al público se alineen con el PPI, porque “al gasoil menos contaminante y más exigente, el que debería usarse, la Ursea le determinó un precio de 26 pesos [a la salida de la planta de refinación], pero Ancap lo vende a 42 pesos”, planteó.