El gobierno anunció la última semana que no modificará en este momento el precio de los combustibles, pero además confirmó que cuando decida el próximo ajuste se pondrá en marcha un nuevo esquema para la fijación de tarifas, que proyecta a tres años un mercado menos regulado y con varios cambios en la cadena interna de abastecimiento. Sobre qué implica esto para Ancap, cómo se estimaron los “sobrecostos” que el Ministerio de Industria, Energía y Minería calculó para incorporar a la paridad de importación y otros asuntos relativos a los cambios que vienen dialogó el ministro Omar Paganini con la diaria.

¿Por qué el gobierno decidió días atrás realizar una conferencia de prensa y anunciar que no habría de momento un aumento de los combustibles?

Hoy hay un atraso muy fuerte en los costos por el aumento del petróleo. Con el mecanismo tradicional el Ejecutivo hubiera decretado una suba de tarifas inevitable por esta situación que se acumula ya desde hace unos cuantos meses y que necesita para el plan financiero de Ancap un reconocimiento de ese costo, que es el principal. El crudo tuvo un aumento desde 50 dólares a fin de año a 65 dólares en marzo, 30% de suba, y toda la región ha reconocido esto en sus tarifas de combustible: en Argentina [el incremento fue de] 21% en gasolinas, en Brasil 24%, y en Estados Unidos y en Europa también subió el combustible. Uruguay hizo un muy pequeño ajuste en la gasolina en enero, que hoy ya es negativo si lo pasamos a dólares, y el gasoil se dejó congelado. Por lo cual desde el punto de vista técnico corresponde un ajuste de tarifas para hacerse cargo de los costos reales que tiene todo el proceso en Uruguay. Cuando el gobierno decide no hacerlo es una decisión política que tiene que ver con la coyuntura muy especial en la que estamos. Decidir esto no es no hacerlo nunca, es postergar la decisión en aras de que estamos en el peor momento de la pandemia.

¿La perspectiva hacia adelante es que el petróleo continúe en esos valores? La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, dijo que con los números actuales corresponde un ajuste de 18%.

Sí, manejamos que el petróleo va a andar en ese entorno. En este momento oscila en torno a 63 o 64 dólares por barril, estuvo en 70 dólares el mes pasado y ahora bajó. En noviembre había estado abajo de 40 dólares, pero tras los últimos repuntes ahora llegó a cierta meseta. En este contexto, los números son los que dijo la ministra, aunque el petróleo va a subir y va a bajar hacia adelante; la novedad es que esperamos que las tarifas también suban y bajen acompañando eso.

Respecto del nuevo esquema que entrará a regir cuando se realice el próximo ajuste, ¿el Ejecutivo se guarda la posibilidad de tomar una decisión política sobre la tarifa o será netamente el precio de paridad de importación (PPI) más el factor X?

El Ejecutivo siempre tiene la posibilidad de, ante una situación muy excepcional, cambiar la política, porque esto es una política, pero queremos una regla que se mantenga en el tiempo y la queremos establecer así porque da más transparencia y previsibilidad. El Ejecutivo va a tender a que sea PPI más el factor X [estimado en tres pesos por litro], que sea pronto y que se mantenga. Para llegar al PPI puro en tres años, la idea no es subir el X por encima de tres pesos, eso seguro que no, y tratar de reflejar una periodicidad que podrá ser bimensual.

Pensando en el nuevo esquema, ¿cree que el gobierno tiene para trabajar en el aspecto comunicacional? ¿Ve que la sociedad está preparada para incorporar un esquema de precios de combustibles que pueda derivar en fluctuaciones bimensuales?

Creo que hay un aspecto a trabajar y es importante comunicarlo bien. Pero sin duda es un acostumbramiento, y lo vamos a tener que hacer todos los actores de la cadena. No es tan novedoso que el combustible varíe; estamos acostumbrados a un período bastante largo en que varió poco, pero cuando el petróleo pegó subas fuertes en el mismo año los gobiernos han subido los combustibles más de una vez, históricamente. Lo que casi nunca pasó es que los bajaran. En este modelo nuevo pueden subir y pueden bajar.

¿Cuánto cree que pesa para encarar este proceso la relevancia que tuvo el tema de las tarifas en la campaña electoral? Se hablaba de bajar precios y esto podría ser a largo plazo. En lo cercano, el esquema llevaría a que subieran.

Hay que ponerse en la coyuntura. En 2017 o 2018 llevábamos bastante tiempo con el petróleo que había bajado mucho y Ancap no lo había reconocido, al punto tal que buena parte de la recomposición de las cuentas durante el período de Marta Jara se debió justamente a no trasladar al precio esa baja del crudo. Hoy estamos en una situación distinta de la que estuvimos hace dos años, cuando fue la campaña electoral; la coyuntura cambió bastante. Entiendo que eso pueda dificultar la comunicación, pero es la realidad. Siendo transparente, la gente se va a acostumbrar a manejar información objetiva y a saber lo que va a pasar, como el dólar, que fluctúa, más allá de que las variaciones son más lentas en el campo de los combustibles que a nivel financiero.

Mencionaba el ejemplo del dólar, ¿en este esquema el gobierno tendrá un rol similar al Banco Central, que interviene para evitar saltos bruscos?

Por ahora no está previsto un fondo de estabilización, como tiene, por ejemplo, UTE. Lo que vamos a tener para suavizar [los cambios en la tarifa] son los períodos entre ajustes. De repente si hay una suba y baja en los dos meses ir al promedio, pero no vamos a hacer más. Queremos un sistema bien transparente en que esté claro que el precio se compone de una manera conocida por todos y sin discrecionalidad del gobierno.

¿Cómo explica de una forma entendible el llamado factor X y cómo estimaron los componentes que lo integran?

El factor X lo imaginamos como un valor máximo que va a ir convergiendo a cero en tres años. Veremos si [los ajustes se hacen] cada seis mes o un año, pero irá bajando. El factor X se compone de aquellas cosas que hay que tomar en cuenta que para un importador de combustible [teórico, según el cálculo que realiza la Unidad Reguladora de Servicios de Energia y Agua –Ursea–] no juegan. Un importador compra el crudo, paga el flete y lo internaliza en el país, mezcla con el biocombustible que obliga la ley [al menos 5%] y lo entrega a la cadena de distribución, que también tiene sus márgenes y el costo de los fletes, aplicando a todo los impuestos que correspondan. Queremos que Ancap llegue a los mismos costos que si fuera un importador, pero hay cosas que le pedimos que no haría un importador, por ejemplo un subsidio al supergás, y si lo hiciera se le debería reconocer un sobreprecio, eso hacemos. O el sobreprecio [es] porque la empresa produce portland de forma deficitaria, desde hace muchos años. No estamos tomando otra decisión más que decir “si hay este subsidio –después discutiremos si está bien o no– lo reconocemos”, ese es el concepto. En los biocombustibles Ancap mezcla el doble porque tiene la producción de ALUR en Bella Unión y Paysandú. Ese sobrecosto por encima de 5% lo reconocemos. Y después hay otros costos que tienen que ver más con cosas que Ancap podría mejorar en la interna, sobrecostos estructurales. Tres pesos por litro no es poco, pero tampoco es algo descomunal.

Le pregunto sobre algunas advertencias que hacen el Frente Amplio y los sindicatos. ¿Con el nuevo esquema puede pasar que las estaciones de zonas alejadas queden desabastecidas, cierren o deban vender a un precio incrementado?

Eso va a ser regulado por la Ursea mediante un mecanismo que se llama “zona desabastecida”: establecerá que en las zonas donde exista ese riesgo va a haber un subsidio directo a esas estaciones para mantener el servicio. La otra cosa establecida es que habrá un precio máximo nacional para el combustible, para evitar abusos en zonas alejadas. Esa combinación de cosas evita el riesgo grande de algunas zonas desabastecidas. Hablamos de la fase tres, en el último año [de los tres].

También se plantea que la herramienta del PPI se usa para debilitar a Ancap y en algún tiempo, cuando los números sean malos, volver a la idea del gobierno de desmonopolizar los combustibles. ¿Usted descarta eso?

La desmonopolización en este período de gobierno está descartada, sí, de plano. El acuerdo político en la coalición fue este. Después, atribuir intenciones al mecanismo... no me voy a poner a discutir con ellos. El mecanismo es transparente, conocido, claro, y permite mostrar dónde están los problemas y trabajar para resolverlos. No creo que nadie pueda objetar eso. Si resulta que al final el precio de paridad de importación es muy inferior a lo que Ancap puede lograr, entonces tenemos otro problema y discutamos eso, y no tapando el cielo con las manos. La solución de la coalición es la que estamos implementando, no es desmonopolizar. A algunos nos podría gustar, no lo niego.

Sobre las finanzas de Ancap, en 2020 la empresa obtuvo ganancias operativas, pero el resultado fue de pérdida por la evolución del dólar. ¿Cómo debe leerse ese resultado? ¿Genera preocupación o no?

Es un conjunto. El negocio tiene su parte física y su parte financiera, eso termina en un resultado final y hay que manejar el riesgo cambiario, que para Ancap es importante. Que una empresa que mueve 2.500 millones de dólares pierda 12 millones en un año tan especial como 2020 no es un resultado que nos preocupe. Muestra una gestión equilibrada. Nos consta que se bajaron costos de funcionamiento. Hubo un ajuste brutal de la demanda en marzo y abril del año pasado que hizo caer las ventas en forma muy importante a una empresa que tiene costos fijos. Las finanzas de Ancap para el Estado uruguayo son muy importantes; en el gobierno queremos protegerlas, y entendemos que este mecanismo que vamos a poner a funcionar le permite tener las finanzas saneadas y equilibradas, que es uno de los objetivos de la gestión. Pasa que en este período especial estamos resignando ingresos que le van a generar pérdidas. El gobierno se va a preocupar por que financieramente no se le generen problemas de funcionamiento y apoyar a Ancap. Probablemente termine el año con alguna pérdida vinculada a esta coyuntura.

La ministra Arbeleche hablaba de la posibilidad de que no se vuelque a Rentas Generales la ganancia de la subsidiaria Ducsa y ayude para la renovación de créditos, ¿con eso alcanza o puede haber una transferencia directa a Ancap?

No creo que sea necesario, la empresa va a estar equilibrada sin ese tipo de medidas. También depende de qué pasa con la pandemia. Lo que dijo la ministra Arbeleche es un repertorio de más cosas, pero son de orden financiera, no son de transferencia directa.

Los componentes del factor X: portland, biocombustibles y supergás

¿El camino a recorrer por Ancap en el negocio del portland es buscar la forma de equilibrar los números o es prescindir del negocio?

Diría que es buscar algún mecanismo para equilibrar los números. No está descartada la asociación con terceros, que puedan aportar capital, inversiones, mercados. Lo que sucede es que el mercado uruguayo es pequeño para la capacidad instalada y Ancap, de todos los jugadores, es el menos eficiente. Que elijamos invertir en Ancap portland cuando tenemos que invertir en tantas otras cosas parece difícil, entonces el camino asociativo es razonable.

En el caso de los biocombustibles, en el informe que envió su ministerio a la Asamblea General recomendó eliminar el biodiésel. ¿Qué dirá el proyecto de ley que enviará el gobierno?

Estamos convencidos de que no es buen negocio el biodiésel para Uruguay, en un sentido amplio. El impacto es más negativo que positivo. Tiene un impacto positivo mayormente en que permite una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que es parte de los compromisos por el cambio climático. También generan cierto dinamismo económico en el mercado, al usar cultivos que se producen en Uruguay, y en la etapa industrial. Pero también, al subir el precio del gasoil, el combustible de la producción por excelencia, tiene un impacto en otros negocios, que de repente tienen problemas y generan menos empleos. ¿Cuál es el balance? Nosotros estamos convencidos de que esos 1,8 pesos que se le agregan al gasoil hacen perder negocios más valiosos que los que hace ganar. No hay riesgo de que caiga un sector agrícola por no producir diésel. Para el país es mejor desde el punto de vista productivo, del empleo, bajar esos dos pesos que usarlos para producir biodiésel. Nos queda el tema de las emisiones, y eso está discutiendo el Ejecutivo, para enviar un proyecto de ley con más componentes. Hay opciones de fomento a la movilidad eléctrica o algún esquema impositivo a las emisiones.

Sobre el subsidio al supergás, ¿las modificaciones a futuro irán por el lado de apuntar a los sectores de menores ingresos y que no sea general, como ahora?

Hoy es un producto que está subsidiado para cualquiera que lo consuma, es un subsidio a la oferta. Va mucho más allá del objetivo inicial, que era ayudar a que las familias accedieran a un energético barato si tienen necesidad. Entonces el punto es cómo lograr un esquema más sano de subsidios, donde se subsidie a quien se quiere y no a quien lo puede pagar. Una familia en una casa de Carrasco tiene supergás en su domicilio, y podría pagar 300 pesos más por garrafa sin ningún problema. Entonces lo que sucede después es que aquellas familias que sí tienen un peso [en el sentido de una carga], si tienen que pagar 300 pesos más por garrafa, consiguen el subsidio pero junto con los otros, y al final en el combustible estamos haciendo una cosa que no es la óptima. Es la [situación] histórica que se ha hecho en Uruguay. [Se busca] Pasar a un esquema de subsidio a la demanda más focalizado que el de hoy. En ese proceso estamos y no va a ser una solución de dos minutos. Pueden jugar la tecnología y el sistema financiero, podemos hacer distintas cosas para pasar a un subsidio a la demanda.

Pasando a la parte de la cadena de combustibles posterior a Ancap, ¿cree que lograrán convencer a los empresarios, como a los estacioneros, que es mejor el futuro esquema de menos regulación y más competencia?

Entendiendo sus preocupaciones, también que tenemos unos cuantos puntos de acuerdo con ellos, como que la regulación pase de Ancap a la Ursea, que se alivianen los biocombustibles y más. A ellos les preocupa que algunos cambios de reglas de juego les afecten el negocio, como le preocupa a cualquiera y es natural, pero nosotros tenemos que mirar al cliente final, al consumidor, que debe recibir mejores condiciones. Siempre un poco de competencia es buena, porque hace que los empresarios se esfuercen por bajar sus costos y mejorar su servicio. Hoy hay muy poca competencia, de hecho no compiten con base en precio ni producto. Dada la ubicación en la que están [las estaciones de servicio], se puede determinar más o menos cuántos litros van a vender. Hay que cuidar algunas cosas que les pueden preocupar a los distintos eslabones de la cadena para lograr un equilibrio y que no haya desbalances que al final produzcan problemas, pero normalmente los mercados se van a ir acomodando si uno regula con seriedad y escuchando a las partes, que es lo que estamos haciendo. El cambio lo vamos a hacer de forma gradual y previsible. Todos los cambios traen un poco de miedo y la necesidad de adaptación, pero tampoco estamos planteando una revolución radical. Es un cambio que tiene por objetivo final que los costos nacionales asociados a los combustibles disminuyan, dentro de Ancap y de la cadena de distribución.