A tres días de las protestas que comenzaron el domingo en San Antonio de los Baños y se extendieron en pocas horas por ciudades y pueblos de toda Cuba, las autoridades hicieron anuncios económicos que apuntan a aliviar uno de los motivos de malestar en la población. El primer ministro, Manuel Marrero, anunció junto al presidente, Miguel Díaz-Canel, que quienes lleguen a la isla por los aeropuertos estarán autorizados a ingresar en su equipaje alimentos, productos para el aseo y medicación, sin límites y sin pagar aranceles, siempre que no se trate de importaciones con fines comerciales y que la aerolínea lo permita. La medida se aplicará desde el lunes hasta el 31 de diciembre.
Esta política es un intento de responder al desabastecimiento de productos de primera necesidad que enfrentan los cubanos. “Incluso ha habido medicamentos claves que han faltado”, admitió Marrero. Atribuyó esta situación a la carencia de divisas, al aumento de la demanda mundial de medicamentos a causa de la pandemia y a que el bloqueo estadounidense, intensificado en los últimos años, dificulta a los proveedores garantizar los envíos a Cuba.
A su vez, el ministro de Economía, Alejandro Gil, anunció cambios en la política de salarios. “Se eliminará gradualmente la escala salarial en la empresa estatal socialista, lo que aumenta su autonomía y mejorará los ingresos de sus trabajadores”, dijo.
Los problemas económicos no son los únicos que motivaron las protestas, pero sí son uno de los detonantes del malestar social. Se refleja en distintos ámbitos, como el energético. En los últimos meses los cubanos sufrieron apagones recurrentes. En San Antonio de los Baños se acumularon varios días consecutivos con hasta 12 horas de corte de energía programado.
Según informó el medio digital cubano El Toque, el gobierno explicó en un comunicado, el 21 de junio, que hubo roturas, problemas para distribuir combustible necesario para generar energía, y que hay equipos que están en mantenimiento.
A las dificultades energéticas se suman otras. Una de las grandes fuentes de ingresos para Cuba, las remesas que llegan desde Estados Unidos, fue afectada por el endurecimiento de las sanciones impuestas por ese país. El bloqueo que se mantiene desde 1962 nunca se detuvo, pero durante el gobierno de Barack Obama, de 2009 a 2017, se flexibilizaron las restricciones para viajar a la isla, entre otras medidas que mostraron un acercamiento entre Washington y La Habana. Esto se terminó durante los cuatro años de gobierno de Donald Trump, que escuchó los reclamos de sus votantes de Florida y dio marcha atrás a esas políticas. Esa situación se mantiene sin cambios pese a la llegada de Joe Biden a la presidencia estadounidense.
Un hombre es arrestado durante las manifestaciones del 11 de julio, en La Habana.
Foto: Yamil Lage, AFP
A su vez, la población cubana enfrenta el impacto de una política económica y monetaria compleja. El gobierno implementó a comienzos de este año los comercios que sólo aceptan “monedas libremente convertibles”, como el dólar. Si bien se anunció que ese sistema se aplicaría para la venta de algunos artículos, como los electrodomésticos, se fue ampliando a otros productos, incluso los de primera necesidad. Se dio así impulso a la dolarización parcial de una economía en la que no hay dólares disponibles, al menos no en el mercado oficial, con un precio fijo de 24 pesos cubanos. Como consecuencia cobró fuerza un mercado negro de divisas y se redujo el poder de compra de los salarios.
Otra gran fuente de ingresos para la isla, el turismo, sufrió un impacto muy fuerte debido a la pandemia de covid-19. De acuerdo con El Toque, aunque las fronteras siguen abiertas, con circuitos turísticos restringidos por el coronavirus, la cantidad de personas que viaja al país cayó de manera abrupta. En los primeros seis meses de 2021 visitaron Cuba 122.000 turistas –muchos de ellos provenientes de Rusia–, lejos del récord de 4,2 millones que se llegó a alcanzar antes de esta crisis sanitaria.
Cuestión de salud
Al mismo tiempo, el logro de Cuba de convertirse en el único país en desarrollar vacunas propias contra la covid-19 en América Latina no fue suficiente para evitar la crisis sanitaria. Los propios tiempos de desarrollo y testeo de las cinco vacunas cubanas demoraron su aplicación.
Recién el 9 de julio una de esas vacunas, Abdala, obtuvo el permiso de las autoridades regulatorias cubanas para su uso de emergencia. De todos modos, tanto Abdala como Soberana 2 ya eran aplicadas para entonces de modo experimental en ciertos sectores de la población: los trabajadores de la salud y los habitantes de algunas zonas del país, como La Habana. Recibieron al menos una dosis de las tres que se requieren más de tres millones de personas en una población de 11 millones y medio.
Algunas zonas quedaron postergadas, y la propia producción de las vacunas enfrenta dificultades y demoras, porque Cuba debe importar el equipamiento y los componentes pese a sus limitaciones económicas y al embargo, que hace mucho más difíciles las transacciones bancarias internacionales.
En los últimos días, y también antes de las protestas, los contagios de covid se dispararon en la isla, que había mantenido la pandemia bajo control por muchos meses. El jueves se registraron 67 muertes, el mayor número desde que llegó el virus a la isla. Hasta abril las personas que murieron por covid-19 en Cuba no llegaban a 500, pero en los últimos meses el número trepó a 1.726, y los contagios rondan los 6.000 diarios. La provincia más afectada es la de Matanzas, donde en las primeras dos semana de julio se registraron 16.447 contagios, una cifra que pone a prueba las capacidades del sistema de salud.
La situación sanitaria en Matanzas generó una campaña en redes sociales para enviar donaciones a la zona. Esa iniciativa, con los hashtag #SOSCuba y #SOSMatanzas, que se extendió al exterior, llamaba a eludir a las autoridades al hacer llegar las donaciones y llegó a pedir una “intervención humanitaria” en Cuba, un país que tiene en su memoria numerosos intentos de intervención extranjera.
La Habana, el 3 de mayo de 2021.
Foto: Yamil Lage, AFP
Protestas y derechos
A la injerencia externa vinculó Díaz-Canel las manifestaciones del domingo, e incluso llamó a los “revolucionarios” a salir a las calles para hacerles frente. En algunas zonas su llamado tuvo como respuesta contramanifestaciones. Al día siguiente, y sin explicación oficial, estaba bloqueado el acceso a internet. La situación se mantuvo por tres días y luego continuaron las dificultades para acceder a redes sociales, que divulgaron y extendieron la protesta surgida en San Antonio de los Baños.
Los reclamos de los manifestantes no son sólo económicos. Incluyen libertades civiles y cambios en el poder, y tienen entre sus antecedentes más recientes las protestas del Movimiento San Isidro, un grupo de artistas e intelectuales que se opone al decreto 349, que exige a los artistas contar con la aprobación de las autoridades para presentar sus obras. Uno de sus integrantes, el rapero Maykel Osorbo, fue detenido en mayo y enfrenta un juicio por “desobediencia, resistencia y desacato”.
Entre las consignas que se oían el domingo, se repetía la de “Patria y vida”, incluida en la letra de un rap lanzado este año por Osorbo, Yotuel Romero y otros músicos, y cuya letra se opone a la consigna de Fidel Castro “Patria o muerte. ¡Venceremos!”.
Según denunció la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Érika Guevara-Rosas, uno de los integrantes del Movimiento San Isidro, Énix Berrío, está desaparecido desde el martes. Ese día fue a una reunión y no regresó a su casa. Tampoco pudo ser localizado por su hija en centros de detención ni en comisarías.
Amnistía Internacional denunció “detenciones arbitrarias y selectivas” contra los manifestantes. Según sus registros, 247 personas fueron detenidas o están desaparecidas. También condenó que ante las protestas el gobierno llamara a defender en las calles la Revolución, porque “estos llamados a la violencia han tenido consecuencias catastróficas”.
A su vez, la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió una investigación “independiente, transparente y eficaz” sobre la muerte de un manifestante durante las protestas en La Habana. Pidió la urgente liberación de todas las personas detenidas por “ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, opinión y expresión”, expresó su preocupación por el “presunto uso de la fuerza en contra de los manifestantes”, y reclamó también que se restablezcan los servicios de internet y el acceso a redes sociales. También volvió a reclamar que se levanten las “sanciones sectoriales unilaterales” contra Cuba “dado su impacto negativo en los derechos humanos, incluido el derecho a la salud”.
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