Los diputados de la coalición en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda trabajan en una redacción alternativa para el artículo 207 de la Rendición de Cuentas, que generó malestar en el Congreso de Intendentes porque busca descontar de las partidas constitucionales asignadas a los gobiernos departamentales los gastos en los que deba incurrir el Poder Ejecutivo por el desalojo y la reubicación de asentamientos irregulares. La nueva redacción, en principio, elimina la posibilidad de descontar dinero de esas partidas, pero habilita al gobierno nacional a entablar un juicio para resarcirse de los costos si considera que hubo una omisión por parte de intendencias, organismos públicos, personas públicas y privadas, entes autónomos o servicios descentralizados.
El diputado Rodrigo Blás aclaró que el borrador, al que accedió la diaria, está en revisión, y que se están estudiando “algunos aspectos procesales y de forma”, pero consideró que lo importante de la nueva redacción “es el concepto: modificar el 207 dando un mayor poder a las intendencias y a los organismos públicos para controlar y evitar las ocupaciones y la instalación de nuevos asentamientos, y a la vez hacer responsables a las intendencias y a los distintos organismos públicos respecto de su predio”, señaló.
Blás indicó que se decidió dejar por fuera las partidas del artículo 214 porque “hay prácticamente un consenso en que las partidas son constitucionales y que, por tanto, no pueden ser afectadas”; por tanto, se decidió “transformar la afectación de las partidas en una responsabilidad solidaria por omisión, que en caso de que suceda tiene que reclamarse por la vía civil ordinaria”. “Si cualquier intendencia está omisa en cuidar y eso provoca un asentamiento, que a su vez genera gastos de realojo, el Poder Ejecutivo podrá hacerle un juicio a esa intendencia y cobrar lo que corresponda. Pero lo mismo va a suceder si el predio ocupado es de AFE y AFE no lo cuidó ni ejerció los derechos que se le están dando para desalojar rápidamente o evitarlo”, ejemplificó.
En síntesis, la idea es darle “un precio, por decirlo de alguna manera, a la omisión de los organismos públicos en cuidar sus bienes”, reafirmó el legislador. El nuevo texto toma elementos del proyecto sobre ocupaciones que elaboró el diputado Diego Echeverría, que busca fortalecer el rol de “policía territorial” de los gobiernos departamentales.
Por su parte, el diputado blanco Álvaro Viviano sostuvo que el objetivo de la redacción alternativa es promover el “ejercicio de un compromiso mayor de las intendencias, generando además dispositivos que permitan actuar rápidamente, pero no avanzar en el tema de las multas o descontar partidas”. Reconoció que los cambios responden a los reclamos de los intendentes, que “están en pie de guerra”, dijo. Afirmó que se mantuvo un intercambio con los jerarcas departamentales, pero señaló que “en este nuevo paso la pelota quedó un poco en la cancha nuestra”, en referencia al Parlamento. Una vez concretada la nueva redacción, se la comunicarán al Congreso de Intendentes para “pedirles su opinión”.
“Indudablemente, el centro de la nueva redacción es que las intendencias no se eximan totalmente de responsabilidad, que sean parte solidaria y responsable en el tratamiento del tema”, enfatizó Viviano.
El último punto del borrador establece que la “omisión” de los gobiernos departamentales “en prevenir la ocupación de asentamientos irregulares” los hará “responsables solidarios” de los costos que se le generen al Poder Ejecutivo en el procedimiento de realojo, pero el resarcimiento en este caso “se deberá ejercitar por las vías administrativas y judiciales pertinentes, pudiendo desarrollarse una instancia de conciliación en la Comisión Sectorial de Descentralización”. Lo mismo aplica para “organismos públicos o personas públicas/privadas, entes autónomos, servicios descentralizados y demás equiparados” que “omitan la debida diligencia” en la guarda de sus propiedades y “toleren por acción u omisión” la ocupación o instalación de asentamientos irregulares.
Respecto del artículo 251 de la rendición, que también generó malestar entre los intendentes porque posterga hasta 2023 la actualización de las alícuotas según las que el gobierno nacional transfiere recursos a las intendencias, Viviano afirmó que por el momento “sigue en la discusión tal cual está” en el proyecto original, aunque dijo ser “conscientes” de que “existen conversaciones entre los intendentes y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto por el alcance de ese artículo”. “El criterio de la bancada va a ser que el acuerdo que alcancen las intendencias con la OPP nos lo transmitan, y veremos si confirmamos el artículo que está o variamos su diseño. Por ahora, el 251 está firme como vino”, apuntó.