A pesar de que los artículos referidos a la portabilidad numérica están entre los 135 de la ley de urgente consideración (LUC) que serán puestos a consulta de la ciudadanía, el gobierno avanzó en las últimas semanas con los trámites referidos al proceso de licitación del administrador de la base de datos (ABD), que finalmente estará en manos del consorcio Cleartech-Cietel.
La recolección de casi 800.000 firmas presentadas ante la Corte Electoral tuvo como uno de los debates este asunto, ya que la LUC incluyó la portabilidad numérica, esto es que el número de celular es propiedad del usuario y no de las compañías telefónicas.
El Frente Amplio (FA) y el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), contrarios a la medida y que impulsan su derogación, señalan que se debe frenar la puesta en marcha del nuevo sistema para evitar consecuencias posteriores en caso de que los artículos sean derogados. Mientras tanto, el gobierno, por intermedio del Comité de Portabilidad Numérica, sostiene que la ley ya está vigente y, por este motivo, debe completar todos los pasos previos para disponer cuanto antes del nuevo mecanismo.
Días atrás, el Comité de Portabilidad Numérica, que integran la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec), la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y Comunicación (Agesic), Antel, AM Wireless Uruguay SA (Claro) y Telefónica Uruguay SA (Movistar), acordó por unanimidad de sus integrantes que se agregara en los contratos a firmar con la empresa encargada de la administración de la base de datos una cláusula que exima al Estado de toda responsabilidad jurídica ante la eventual derogación de la portabilidad numérica. Así lo confirmó a la diaria el titular de Dinatel, Guzmán Acosta y Lara.
“La cláusula de responsabilidad exonera al Estado para que si mañana prosperara el referéndum el ABD no puede reclamar ni lucro cesante ni daños”, explicó Acosta y Lara, y luego añadió que “también las empresas de telecomunicaciones” deberán “exonerar de responsabilidad al Estado de cualquier tipo de reclamo en ese sentido”.
En cambio, en diálogo con la diaria, el director de Antel en representación del FA, Daniel Larrosa, interpretó que hay “una decisión claramente política” del gobierno de avanzar “con varios de los artículos que están impugnados”. También criticó a las autoridades de la compañía estatal de telefonía, que decidieron “avalar” el avance en el proceso licitatorio del ABD y la puesta en marcha de la portabilidad numérica –lo que Larrosa no votó en el directorio–.
El representante de la oposición afirmó que si se avanza y los artículos se derogan, “el Estado va a quedar con problemas legales varios”, tanto con la empresa a la que se adjudicó la administración del sistema como “con los contratos que Antel deba hacer de acá en adelante para instrumentar la base de datos”.
Larrosa explicó que Antel ya “ha hecho contratos por dos millones de dólares y va a tener que seguir haciendo” para poder instrumentar internamente el nuevo mecanismo. Además, consideró que la cláusula para cubrirse de un eventual juicio “es de muy difícil aplicación”, y citó el artículo 24 de la Constitución, que dice que los órganos del Estado son “civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección”. “Por más cláusulas que uno ponga en un contrato, la Constitución establece otra cosa”, dijo Larrosa.
El director de Antel por el FA señaló que “la cláusula es mejor tenerla que no, pero lo mejor sería dejar todo quieto por seis meses”, hasta que pase el referéndum. “No hay apuro, no hay ningún servicio vital para las telecomunicaciones que se esté perdiendo”, aseguró.
Larrosa también dijo que “lo más perverso” de avanzar en la portabilidad numérica a pesar de su posible derogación es que a aproximadamente “100.000 personas”, las que calcula que podrían llegar a cambiar de empresa manteniendo su número, “se les condiciona el voto”. Consideró que con esta situación “se genera una incertidumbre jurídica” para los individuos.
Al respecto, Acosta y Lara afirmó que no existirá incertidumbre alguna para quienes, en vigencia de la ley, se cambien de empresa portando su número. “Si mañana se derogara la portabilidad numérica, no les afecta”, dijo. “No es que quedan en el limbo o se les obliga a volver para atrás. No tiene un efecto retroactivo. El que lo hizo [el cambio de empresa], eso ya está. Va a estar en una empresa con la numeración de otra. El proceso va a estar y el ABD no es que se vaya a la casa, va a tener que mantener el servicio de los que portaron”, apuntó.
Sobre los motivos de avanzar pese al futuro referéndum, Acosta y Lara manifestó que aún la Corte Electoral no confirmó la realización de un referéndum, pero además aseguró que la ley está vigente: “No podemos decir ‘la dejo en stand by’. Jurídicamente no lo podemos hacer, políticamente no lo queremos hacer”.
Agregó que una vez acordada la cláusula, que se concretó la semana pasada, empezó “el proceso de firma del contrato y ejecución por parte del ABD, que tiene que empezar a trabajar con los técnicos de las empresas”. La intención del gobierno era que el nuevo mecanismo fuera aplicable desde octubre, pero el jerarca manifestó que “se está trabajando” para que quede activo a partir de “los primeros días de diciembre”.