Integrantes de organizaciones indígenas y sociales llevaron a cabo ayer, y también lo harán hoy, movilizaciones en varias ciudades y localidades de Guatemala exigiendo la renuncia del presidente del país, Alejandro Giammattei, y de la fiscal general María Consuelo Porras.
Las manifestaciones en el país centroamericano empezaron después de que el 23 de julio Porras diera a conocer su decisión de destituir a Sandoval de la jefatura de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Ese día, Porras informó que Carla Valenzuela estaría a cargo de la oficina; sin embargo, el martes, la fiscal general indicó que no sería ella quien asumiría el cargo, sino José Rafael Curruchiche.
Luego de ser destituido de su cargo, Sandoval decidió irse del país temiendo por su integridad física, así como por la de su familia.
Acompañado hasta la frontera con El Salvador por el procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas; el embajador de Suecia en Guatemala, Hans Magnusson, y activistas por los derechos humanos, Sandoval declaró entonces que su remoción se debió a que una investigación que involucra a altos funcionarios del actual gobierno del presidente Giammattei estaba muy avanzada. En una conferencia de prensa, el magistrado de 39 años de edad aseguró que la fiscal general Porras –quien es amiga personal de Giammattei– se habría interpuesto en varios casos que investigaba su oficina, al no autorizar las acciones penales necesarias para avanzar.
Según recordó la agencia Associated Press, Sandoval ganó notoriedad a nivel local e internacional por ser una de las personas clave en el desmantelamiento de más de 60 estructuras criminales, y contribuyó, junto con la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), a llevar ante la Justicia al expresidente Otto Pérez Molina y a miembros de su gabinete por actos de corrupción.
La destitución de Sandoval generó numerosas críticas contra la administración de Porras por parte de varios sectores de la sociedad civil guatemalteca y diplomáticos internacionales, informó el diario local La Prensa.
También se manifestó en contra de la salida de Sandoval el gobierno estadounidense, que el jueves cuestionó el nombramiento del nuevo fiscal anticorrupción en Guatemala. El “repentino nombramiento” de Rafael Curruchiche como jefe de la FECI “no agrega confianza en la capacidad del organismo para investigar y procesar de forma independiente los casos de corrupción”, dijo durante una rueda de prensa realizada en Washington el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, de acuerdo a lo que consignó la agencia AFP.
“Nuestra posición sigue siendo que es fundamental que la FECI pueda funcionar y que sus fiscales y analistas estén facultados para seguir investigando casos para mantener la lucha contra la corrupción en Guatemala”, afirmó el funcionario de la administración que encabeza Joe Biden.
“Cualquier interrupción de las investigaciones por motivos políticos no tiene cabida en un sistema democrático abierto y fuerte”, agregó Price. Curruchiche, exfiscal de Delitos Electorales, fue acusado de corrupción por legisladores opositores, en medio de informes que alegan que ofreció protección a empresarios sospechosos de financiamiento político ilegal.
La administración Biden considera la lucha contra la corrupción clave en su estrategia para frenar la migración masiva de centroamericanos, que se ha convertido en un importante problema político en Estados Unidos.