El artículo 138 de la Rendición de Cuentas, que modifica un artículo de la ley de creación del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) sigue despertando críticas. Ahora provienen de la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), que tiene representación en el instituto a través de dos personas que nombra el Poder Ejecutivo a propuesta de las Cooperativas Agrarias Federadas, la Federación Uruguaya de Centros Regionales de Experimentación Agrícola y la CNFR. Fernando López, integrante de la CNFR, opinó que con la nueva redacción del inciso del proyecto de ley vinculado al Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA) “se puede desvirtuar el espíritu que tiene la ley”.
Según consta en la versión taquigráfica, López señaló ante los integrantes de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de Diputados que, si bien comparten la necesidad de apoyar la transferencia tecnológica, también tiene que estar vinculada a la investigación, “ya que la actual legislación vinculada a los FTPA así lo permite”. “Esta modificación que flexibiliza podría, por ejemplo, llevar a que recursos que hoy están en el INIA para investigación -que el INIA no hace y la hacen terceros-, donde también hay componentes de transferencia, puedan derivar a otros programas”, aseguró ante los legisladores el viernes.
López indicó que entienden que hay que mantener aquellos programas donde hay “extensión y transferencia” en clave de “coinnovación, sobre todo, asociado a líneas de investigación no previstas por el propio instituto”. Agregó que esta redacción también podría derivar en recursos a institutos u otras dependencias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
“No es que estemos en contra de eso, pero deberían contar con su propio presupuesto para hacer esa transferencia de tecnología y extensión y no utilizar esto”, añadió. En la comparecencia del martes de la semana pasada, las autoridades del MGAP no hicieron referencia al polémico artículo.
El Consejo de la Facultad de Agronomía, mediante un comunicado, expuso semanas atrás que con esta nueva redacción se cambia “por completo” la intención del FPTA de promover el aporte de todo el sistema de investigación e innovación nacional a la “resolución de problemas del sector agropecuario, mediante la afectación preceptiva de 10% de los recursos presupuestales del INIA a la financiación de proyectos”.
Agregaron que la modificación propuesta en el proyecto de ley “elimina el espíritu inicial de los FPTA de contribuir a fortalecer a los actores del sistema de ciencia, tecnología e investigación del país, promoviendo la complementación de capacidades entre instituciones diversas”.
Este cambio, sumado a la baja del presupuesto para el INIA en la Ley de Presupuesto de 2020, que habilitó al gobierno a “reducir significativamente su aporte presupuestal a INIA, y a otros recortes en los recursos destinados a la investigación, constituye un nuevo golpe a las capacidades nacionales de generación de conocimiento y tecnología”.
Entrevistado por la diaria, el decano de la Facultad de Agronomía, Ariel Castro, manifestó su preocupación y aseguró que ha quedado “bastante claro” que la inversión en investigación agropecuaria no es un gasto y que genera ingresos al país que “ampliamente financian y justifican esa inversión”.
El presupuesto para el FPTA, destinado a financiar proyectos especiales de investigación tecnológica relativos al sector agropecuario, “no previstos en los planes del instituto”, viene de la afectación preceptiva de 10% de los recursos del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios y del aporte que el Poder Ejecutivo asigna anualmente, que es ahora, por la Ley de Presupuesto de 2020, “al máximo”, en vez de “al menos”, equivalente al establecido por el anterior inciso. También se financia de los aportes voluntarios que efectúen los productores y otras instituciones y de los “fondos provenientes de financiamiento externo con tal fin”.