El análisis por parte del gobierno para decidir si en febrero se realiza o no un ajuste del precio de los combustibles —anunció que se efectivizará el lunes— tiene dos dimensiones. Por un lado, el factor internacional, con el precio del barril de petróleo, principal variable para Ancap, por encima de la referencia tras cuatro meses de tarifas de nafta y gasoil congeladas, y con previsiones que indican que incluso puede subir más. Por otro, lo local, donde hay aspectos financieros, como la reducción de las ventas de energía hacia Brasil —factor que el gobierno dijo que utilizó para no subir los precios—, y otros políticos, como el debate por el tema combustibles de cara al referéndum de la ley de urgente consideración (LUC).
“Lo están aguantando [el precio], pero andá preparando la billetera para abril”, escribió la cuenta institucional de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria dentro de un mensaje llamando a votar por el Sí. El tema está en la agenda de debate, y distintas voces de la oposición vienen señalando que la decisión del gobierno de congelar las tarifas se debe a la proximidad de la consulta popular y la inconveniencia de llegar a ella con el combustible en aumento.
“Si tanto saben, que digan los números del Cinco de Oro”, respondió el presidente Luis Lacalle Pou al ser consultado esta semana por esas críticas. También sostuvo que Ancap “tiene espalda para no tener que aumentar” los combustibles en febrero, aunque pidió esperar el informe que envía mensualmente la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea). Este jueves se conoció que esa referencia, el precio de paridad de importación (PPI), mostró en el último mes, en línea con el mercado de petróleo, un aumento de precios de entre 7% y 8%.
Pero como en los meses previos de tarifas congeladas el PPI también subió, hoy la distancia entre el precio al público y la referencia teórica es de 12% para las naftas y 19% para el gasoil. Es decir que de esa magnitud debería ser el aumento para llevar los precios a la paridad, lo que se da por descontado que no ocurrirá en febrero.
Según supo la diaria de una fuente del directorio de Ancap, en el mensaje que el ente envió al Ejecutivo recomendó un ajuste de los precios similar al que reflejó la Ursea. Esto se desprende del análisis de Ancap de las “estimaciones de los indicadores [del barril de petróleo] del Golfo”, lo que determina el precio del PPI, “más el costo de financiamiento, los costos reales de la inclusión de biocombustibles [producidos por Alcoholes del Uruguay, ALUR], la variación en el costo de financiamiento por la variación del tipo de cambio [el ente paga el barril en dólares y vende en pesos], el costo de la estructura por fuera de la refinería, el repago de inversiones y el margen comercial mayorista”.
El ministro de Industria, Omar Paganini, dijo este jueves al diario El Observador que se sigue con “preocupación” el “aumento de costos” a nivel internacional que impactan en Ancap, y se analiza “cuál es el margen” que tiene el gobierno para sostener los precios o realizar una suba. En esa ecuación pesan los aspectos financieros de Ancap, así como las lecturas políticas de la situación.
“La regla [de alinear los precios al PPI, establecida en la LUC] se instrumentó en un momento en que la trayectoria del petróleo fue netamente al alza, y con o sin esa regla hubiéramos tenido aumentos, fuera todos los meses, cada dos o cada seis meses. Pero la regla como innovación se aplicó en un momento en el que si se quería cumplir y aferrarse a ella había que subir los combustibles todos los meses, y eso más el referéndum quitó incentivos para cumplir por parte del gobierno en este contexto”, analizó en diálogo con la diaria el gerente de Consultoría de CPA Ferrere, Nicolás Cichevski.
Ventas a Brasil y el debate por el subsidio
Cichevski señaló que el asunto de las tarifas de combustible dispara varios debates: “Si el ajuste debe tener un enfoque excepcional o estar basado en una regla [el planteo inicial del gobierno]; si es con una regla cada cuánto debe ajustarse, la LUC habla de un máximo de dos meses sin ajustar, podría ser cada seis meses o un año, como era antes”; y cómo proceder en caso de que exista “un ingreso extraordinario, sea de carácter muy temporal o si tenemos la certeza de que por ejemplo seguirá de acá a un año”.
Esto último se relaciona con la decisión del gobierno de congelar los precios y apartarse del PPI en favor de los consumidores —marcaba una suba que no se procesó—, a raíz de que Ancap embolsó un dinero que no tenía previsto por la exportación de energía a Brasil, para la que UTE debe prender sus centrales térmicas y comprar gasoil. Si bien la exportación llegó a niveles récord en 2021, de momento se cortaron los envíos y la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, dijo a Subrayado que la expectativa es retomar las ventas hacia finales de febrero o marzo, en función de la previsión de generación eléctrica en Uruguay y el país vecino.
Cichevski debatió a través de Twitter acerca de la decisión política de qué hacer con ese dinero que ingresó a las arcas del Estado, y subrayó que el subsidio implícito al no ajustar las tarifas “alguien siempre lo paga”, y esto es “independiente de si luego sube, baja o se mantiene el precio del petróleo”.
El analista expresó que “no son números que se hayan divulgado” ni resulta “fácil” calcular “cuál es la renta” que deja a Ancap la exportación de energía, y así saber si existe un traslado directo de esa ganancia a contener el precio. Incluso si así fuera, entiende que la decisión del gobierno de destinar ese ingreso extraordinario a no subir las tarifas es “arbitraria”: “No hay una justificación técnica, podría usarse para cualquier otro fin, como bajar las tarifas de energía”.
Es que si bien puede pensarse que indirectamente hay un beneficio para toda la población por no subir los combustibles, ya que se evitan otros ajustes de precios enganchados, no se trata de un beneficio que llegue a todos por igual. “Beneficia a la población en proporción a su consumo [de combustible]. El subsidio al gasoil es más acaparado por sectores productivos y el de la nafta por los hogares, en mayor proporción los de mayores ingresos”, relacionado al uso de automóviles, detalló.
De acuerdo a números publicados tiempo atrás por la consultora Exante, 41% del consumo total de combustibles se concentra en el quintil 5 —20% de mayores ingresos—, mientras que el quintil 1 —20% de menores ingresos— representa 7% del consumo. Estos números son una aproximación a la forma en que se reparte el beneficio de congelar las tarifas.
Cuando entre enero y abril de 2021 también el gobierno mantuvo la tarifa con el barril de petróleo subiendo, lo que costó unos 60 millones de dólares en términos fiscales, el economista de Exante Pablo Rosselli dijo que fue “una forma muy poco eficaz de canalizar los escasos recursos disponibles hacia sectores y hogares que más lo necesitan”.
Refinerías, demanda y geopolítica
El petróleo Brent finalizó la jornada en 89 dólares el barril y el ministro Paganini dijo que el precio de referencia era 71 dólares en agosto, último mes de ajuste de tarifas previo al congelamiento que decidió el gobierno. Tiempo atrás, había confianza por parte de las autoridades en que la suba del crudo se atenuara y revirtiera hacia adelante, y volvieran los valores a un nivel cercano a agosto; sin embargo, hoy el mercado proyecta lo contrario.
Este jueves el precio futuro del barril de petróleo —señal de las expectativas del mercado— cotizó 18,5 dólares por encima del precio actual, la mayor prima para estas fechas en nueve años, según números de Bloomberg.
El análisis de un especialista en mercados del sitio estadounidense Oil Price explicó que la tendencia al alza del precio se debe a que las refinerías del Golfo comienzan su temporada de mantenimiento y la demanda de los consumidores ha crecido por encima de lo previsto, por lo cual los inventarios actuales están 2% por debajo del promedio de los últimos cinco años para esta época. Así las cosas, advierten por posibles nuevas subas de precio para los consumidores de gasolina en Estados Unidos, con un precio nacional promedio por galón que se encuentra casi un dólar por encima que hace un año atrás.
En la ecuación de los precios internacionales del crudo, también influyen las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania, así como entre Emiratos Árabes Unidos e Irán.
Cichevski señaló que el PPI de la Ursea toma valores promedio del mes, y cerró enero contemplando un barril en torno a 85 dólares, cuando ya cotiza cerca de 90 dólares. “Todo hace indicar que tarde o temprano el precio de los combustibles será ajustado, porque aumenta el precio [internacional] y sea todos los meses, de forma trimestral o semestral, los precios [locales] van a subir, o el subsidio implícito de Ancap o de Rentas Generales será cada vez más grande”, concluyó el analista.