La directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social, Mónica Bottero, reafirmó su postura contraria al proyecto de tenencia compartida y “corresponsabilidad en la crianza” del Partido Nacional y Cabildo Abierto, que está a estudio del Senado, por entender que los cambios que los legisladores introdujeron al texto luego de las comparecencias de las delegaciones –entre ellas, la suya– no fueron significativos, y que sigue teniendo una “concepción adultocéntrica”. Además, dijo a la diaria que la iniciativa “viola las convenciones internacionales” en materia de protección a las infancias y “se afilia a la posición del síndrome de alienación parental”, que calificó de “falacia”.
El 14 de junio, Bottero compareció ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado y expuso sus cuestionamientos al proyecto, lo que le valió críticas de legisladores de la coalición. En esa misma sesión, una de las promotoras del proyecto, la nacionalista Carmen Asiaín, adelantó que se estaba trabajando en cambios, que luego se plasmaron en la versión unificada de los proyectos del PN y CA.
Algunos de los cambios que se hicieron al texto refieren al contacto con las niñas, niños y adolescentes cuando media una denuncia entre los padres –uno de los puntos más cuestionados del proyecto original por la falta de garantías–; la nueva redacción dejó esta decisión en manos de la Justicia, pero propone modalidades para llevar adelante las visitas: por ejemplo, “en lugares públicos, en presencia de familiares del niño, niña o adolescente” o “en reparticiones estatales adecuadas”. También se introdujo un pasaje específico en el sentido de garantizar el cumplimiento de la pensión alimenticia y una mención al “derecho” del niño, niña o adolescente a “ser oído en todas sus etapas”. Sin embargo, las modificaciones no fueron suficientes para obtener el visto bueno de la jerarca del Partido Independiente.
Bottero opinó que Asiaín “hizo una redacción alternativa tomando esas sugerencias [en referencia a las suyas], que además concordaban con la opinión de Unicef, la Asociación de Magistrados y la Asociación de Defensores, pero esa versión no prosperó”; señaló que, en cambio, “prosperó otra más cercana a la propuesta inicial de Cabildo Abierto”, y dijo no estar “de acuerdo con esa propuesta”. Tal como manifestó en el Parlamento, remarcó que uno de los elementos del proyecto que le resultan más preocupantes es la posible mantención del vínculo de adultos denunciados con niñas, niños y adolescentes, de forma tal “que ante una denuncia de abuso, hasta tanto no se probara, el supuesto abusador pueda seguir viendo al niño”.
“La concepción de esta versión sigue siendo adultocéntrica; lo que el niño dice parecería que no importa”, aseguró Bottero, y lo atribuyó a que “se afilia un poco a la posición del ‘síndrome de alienación parental’, que ya fue ampliamente demostrado que es una falacia”. La directora del Inmujeres afirmó que “en principio” es “partidaria de que no exista ninguna ley de este tipo”, y si bien admitió que “ante casos muy excepcionales capaz que está bien que se legisle –por ejemplo, cuando se impide que los abuelos paternos puedan ver a los niños–”, consideró que esta propuesta va “mucho más allá”.
Sin acuerdo en el Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género
Una nota del 22 de diciembre de la página web de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo(INDDHH) informa que el Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género hacia las Mujeres “creó un grupo de trabajo para redactar un informe que asesore en el proyecto de ley sobre corresponsabilidad en la crianza y en el proyecto de ley sobre tenencia compartida responsable”. Sin embargo, consultada por la diaria, una fuente institucional del Inmujeres afirmó que “el Consejo no cerró ese informe porque no fue aprobado por todas las instituciones”.
Bottero confirmó que si bien se estuvo “intercambiando” sobre el tema en ese ámbito, “por la vía de los hechos, en realidad, no funcionó nunca el grupo”, y que, en cambio, lo que surgieron fueron posicionamientos individuales, como el suyo. Apuntó que esto se debió a que “en el Consejo había diferentes miradas” sobre el proyecto, y que “ni siquiera se llegaron a discutir en profundidad”. “Es un tema controvertido, incluso en la interna de la coalición”, y “no tenía sentido [sacar un pronunciamiento] cuando ya hablaron todos los organismos y las entidades que tenían que hablar”, opinó.
El Consejo está integrado por el Inmujeres, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Administración Nacional de Educación Pública, el Congreso de Intendentes y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual.
La INDDHH participa en el ámbito en calidad de organismo invitado. En el marco de la discusión sobre este asunto, la institución presentó un informe propio con su opinión, que también envió al Parlamento. En dicho documento, la INDDHH concluyó que “las modificaciones normativas formuladas en los proyectos de ley mencionados se consideran regresivas y debilitan la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
El informe se elaboró antes de la unificación de los proyectos del PN y CA. La directora de la INDDHH Mariana Mota dijo a la diaria que luego de la unificación y de la introducción de los cambios anunciados por la coalición, la INDDHH consideró la posibilidad de redactar un nuevo informe, pero llegó a la conclusión de que no hubo modificaciones “sustanciales”, por lo que “no ameritaba”.
La exjueza resaltó que la iniciativa pone “el foco en una pretendida situación de que hay una parte de la pareja, generalmente los hombres, que no están siendo contemplados en sus derechos”, y opinó que “hay una falta de conocimiento de cómo se definen estas cuestiones a nivel judicial, donde los jueces siempre miran por el niño y no por la mamá”. “Esa afirmación de que los jueces hacen favoritismo por las madres no tiene correlato con la realidad. Se pretende regular por ley una situación de un grupo bastante minoritario, pero que evidentemente tiene mucha fuerza y presión”, aseveró.