El incendio desatado sobre fin de año en Río Negro, luego extendido a Paysandú, y que ya fue controlado por Bomberos, aunque continúan varios focos activos, generó repercusiones a nivel político, centradas en las medidas de apoyo que tomó el gobierno para las poblaciones afectadas y una reedición del debate sobre las plantaciones forestales, ya que gran parte de las 30.000 hectáreas que se estiman afectadas son bosques arbolados.
Al visitar la zona, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, especificó a VTV Noticias que OSE exonerará a 1.900 viviendas damnificadas. Por otra parte, Julio Luis Sanguinetti, vicepresidente de UTE, dijo a la radio Universal que se está valorando la posibilidad de exonerar las tarifas de diciembre, enero y quizás una extensión. Sobre la cantidad de personas que recibirán el apoyo y la opción de extenderlo, se está aún dialogando con los distintos ministerios, indicó.
En tanto, en conversación con Desayunos informales, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, anunció que el gobierno tratará de liberar fondos del Fondo Agropecuario de Emergencia para intentar dar soluciones a los productores. Asimismo, planean “reprogramar los vencimientos de la contribución inmobiliaria rural adecuando el calendario a una situación más confortable para los productores”. A su vez, Telemundo informó que para muchas de las personas damnificadas, el pago del Banco de Previsión Social (BPS) se hará en cuatro cuotas.
“A esa gente que perdió prácticamente todo ¿le van a exonerar dos meses de la UTE o la OSE? Esas medidas no son suficientes, creo que son una tomada de pelo”, manifestó a la diaria Rafael Menéndez, diputado por Cabildo Abierto. Agregó que lo anunciado por el gobierno hasta ahora “no son medidas” y que debe haber respuestas “de fondo y sobre todo responsables, porque hay responsables forestales y también del gobierno”, sostuvo en alusión al incendio.
“A mí me interesa saber ya cuántos pueblos están en la misma situación de los que quedaron encerrados, porque eso es fundamental, y sobre eso vamos a tener que tomar medidas. No pueden quedar pueblos encerrados en la forestación”, expresó.
A su vez, señaló que las decisiones que surjan del gobierno serán producto de “la presión que hace la sociedad civil, que finalmente es la que aun desorganizadamente, sin protocolo, ayudó a mitigar este incendio”.
Menéndez indicó que, a su entender, en primera instancia se tendría que “resarcir económicamente a los productores afectados”. Mencionó que muchos de ellos tienen su ganado muerto y otros con afectaciones, y que como consecuencia del incendio “quedaron incapacitados productivamente de por vida”, como también ocurrió en el caso de las colmenas.
El legislador cabildante hizo referencia también a medidas que “el Ministerio de Ganadería [Agricultura y Pesca] tiene que atacar urgente”, como la reparación de alambrados o la alimentación del ganado con “una logística de distribución de fardo”.
“Informar sobre las decisiones tomadas”
Alejandro Sánchez, senador del Frente Amplio y presidente de la Comisión Permanente del Poder Legislativo, que funciona con 15 miembros durante el receso, manifestó a la diaria que las distintas bancadas parlamentarias han resuelto que solicitarán al Poder Ejecutivo una exposición en Comisión Permanente respecto del incendio en el litoral.
La intención es que, cuando se tenga un “diagnóstico de cuáles fueron las causas, las acciones que se tomaron”, y cuando los focos de incendios estén completamente apagados, el Ejecutivo asista para “informar sobre las decisiones tomadas, cómo comenzó todo, cuáles fueron los problemas y cómo asistir a las personas damnificadas”. El objetivo es “prevenir y ver qué hacemos para adelante, porque empezó el verano y hay que mejorar los protocolos de atención, prevención y acción”, indicó Sánchez. Legisladores del oficialismo, por su parte, confirmaron que hubo conversaciones en este sentido.
Por otra parte, el senador del FA dijo que las medidas anunciadas por el gobierno “son razonables”. Aun así, comentó que “hay que asumir” que “el pueblo fue quien se organizó para combatir el incendio”. El foco para Sánchez debe estar en “recomponer las capacidades productivas de los más pequeños y los pobladores”. En este sentido, manifestó que hay que tener en cuenta que “hay grandes productores que tienen seguro, y otros que no”, y que se está en “un momento de mucho déficit hídrico y dificultades de sequía, que generan un problema mayor”.
“Mucho por mejorar en el control de lo forestal”
Las soluciones propuestas por el gobierno son “paliativos”, consideró en diálogo con la diaria el senador del Partido Nacional Sebastián da Silva. Para el nacionalista hay dos situaciones: por un lado, “el daño de la quemadura de los árboles, que tiene seguro”, y por otro, “la realidad que queda para la convivencia en los montes”.
Hacia adelante, marcó como un desafío el hecho de que Uruguay “no tiene cultura de asegurar los ganados”, e indicó que “es un tema al que le vamos a hincar el diente”.
En cuanto al decreto implementado por el Ministerio de Ambiente que prohíbe la realización de plantaciones a menos de 500 metros de zonas pobladas y que Peña recogió como una de las herramientas de prevención a futuro –en este caso, había localidades a unos 100 metros–, Menéndez señaló que “puede que mitigue, pero lejos está de evitar un desarrollo insostenido de la forestación”. Agregó que el contenido del decreto “en muchos aspectos va contra el proyecto de ley forestal vetado”, que Menéndez redactó desde CA, donde “la idea era regular las plantaciones forestales”.
Por otra parte, Da Silva aseguró que los incendios y su expansión “evidenciaron que tenemos mucho para mejorar en el control y cumplimiento de lo forestal”. Remarcó, a su vez, que los incendios fueron “en el riñón de lo mejor de lo forestal, donde está mucho más sofisticado el sistema de prevención, e incluso ahí todos vimos cuál fue el resultado”.