Gonzalo Elizondo y Pablo Vio fueron los primeros en denunciar públicamente los abusos sexuales que sufrieron en 2002 en el Colegio del Salvador de Buenos Aires, una prestigiosa institución educativa de esa ciudad a la que sólo asisten alumnos varones, cuando tenían entre 10 y 11 años y cursaban sexto grado de primaria. Ese año se cometieron otros diez abusos contra niños en la institución. Luego comenzaron a escribirles excompañeros de estudio para contarles que habían vivido abusos similares. En total, conocen 42 víctimas en este colegio entre 1997 y 2003 por parte del mismo abusador, César Fretes.
Elizondo y Vio presentaron dos reclamos administrativos al provincial de los jesuitas, Rafael Velasco. El primero fue de reparación integral, con cinco puntos fundamentales: esclarecimiento de los hechos, sanción a los responsables, garantía de no repetición, disculpas públicas e indemnización a las víctimas, pero fue rechazado.
El segundo reclamo fue un pedido para que les dieran una copia del expediente canónico de expulsión de Fretes; también fue rechazado.
No era la primera vez que Fretes era acusado de abuso a alumnos del colegio: en 1998, bajo la rectoría de Luis de Maussion (antecesor de Velasco), una familia le planteó que su hijo había sufrido una situación así con el jesuita, pero el rector desestimó el testimonio. Tampoco era novedad para Velasco que Fretes fuera acusado de abuso: en 2001, un alumno de sexto grado logró frenar al sacerdote en un intento de abuso; al contarle a Velasco, el rector no sólo lo desestimó sino que expuso a la víctima ante sus compañeros, tildándolo de “mentiroso”, recuerda Elizondo 23 años después. Ese niño abandonó el colegio.
Pero las denuncias contra Fretes se acumularon entre 2002 y 2003 cuando, al finalizar ese ciclo lectivo, tres familias denunciaron en el colegio que sus hijos habían sido abusados. Recién entonces Velasco solicitó al provincial Alfonso Gómez que Fretes fuera trasladado.
El religioso fue trasladado a Mendoza, sin investigación interna ni comunicación alguna que informara a otras familias sobre lo ocurrido.
En la comunidad San Luis Gonzaga de la provincia cordillerana, los denunciantes supieron que Fretes “rompió en más de una oportunidad la supuesta restricción de interactuar con menores. Hasta ahora no sabemos de abusos ocurridos en Mendoza, pero sí que es muy probable que hayan ocurrido. Es más, el propio Andrés Aguerre en una charla privada que tuve con él me reconoció que en 2007 lo expulsan [a Fretes] porque lo encontraron ‘interactuando con menores’”, dice Elizondo a la diaria.
El vínculo con Uruguay
Estos casos de abuso en el Colegio del Salvador tienen a religiosos vinculados a Uruguay acusados de inacción o encubrimiento ante las denuncias recibidas.
Andrés Aguerre es uno de esos religiosos uruguayos. Fue rector del Colegio del Salvador entre 2004 y 2010, viceprovincial de la Compañía de Jesús para Uruguay y Argentina, y actualmente es el vicerrector de la Universidad Católica de Córdoba. “Él mismo nos explicó que fue notificado en 2003 de los abusos de Fretes, y mientras fue rector recibió al menos a ocho chicos que fueron a contarle que habían sufrido abusos por parte de Fretes en los años en que estuvo en el Colegio del Salvador. En todas estas oportunidades, Aguerre no hizo nada para tratar de dar con más víctimas, sino que siguió ocultando y tapando la situación. Incluso autorizó que Fretes se acercara en 2005 a un grupo de alumnos que estaba de campamento en Mendoza”, relata Elizondo.
Una persona que señalan como fundamental en esta trama es Rafael Velasco, actual superior provincial de los jesuitas para Uruguay y Argentina. “Juega un rol muy importante. Se ocupó de que no se hablara de lo sucedido y ni las familias ni los docentes de ese momento fueron notificadas. Tampoco hizo ningún intento por dar con más víctimas de Fretes”, explica Elizondo.
Cuando en 2018 Velasco asumió como provincial de los jesuitas “nuevamente hizo todo lo posible para que no se hablara de este tema. En la reunión que tuvimos con él en 2020, se negó nuevamente a hacer público lo ocurrido y tratar de dar con más víctimas”.
Según Elizondo, Álvaro Pacheco, delegado para la prevención y denuncias de abusos en la Compañía de Jesús en Argentina y Uruguay y rector del colegio Seminario (ver recuadro), rechazó su planteo sobre los hechos denunciados. “Le pedí en más de una oportunidad que esclarezcan lo sucedido con Fretes y que traten de dar con más víctimas. Pero se negó una y otra vez alegando que Velasco no estaba de acuerdo”.
Un sacerdote al que también señalan como involucrado en el encubrimiento es el uruguayo Alejandro Tilve, provincial entre 2012 y 2018. Los denunciantes entienden que, habiendo ocupado ese cargo, es muy probable que haya sido informado de la situación.
En junio de 2020, Elizondo envió una carta al papa Francisco, que fue profesor en el Colegio del Salvador, “solicitándole que interceda para poder esclarecer los hechos, dadas las resistencias del provincial Rafael Velasco. Lamentablemente, no recibí respuesta”.
A nivel legal, el Colegio del Salvador y la Compañía de Jesús rechazaron en agosto de este año el reclamo administrativo en el que los denunciantes solicitaban una reparación integral y la copia del expediente canónico de expulsión de Fretes efectuada en 2007.
Ante este panorama, Elizondo y Vio evalúan iniciar acciones civiles contra el colegio y la Compañía de Jesús y acciones penales contra los encubridores.
Vocero de los jesuitas: “No nos parecía oportuno” que el colegio hiciera público el hecho
Consultado por la diaria, el vocero de los jesuitas Álvaro Pacheco dijo que los hechos denunciados se dieron en Argentina, que los jesuitas del Colegio del Salvador y el mismo provincial actual los reconocen y piden perdón, aunque el tema de una eventual indemnización queda pendiente de una presentación ante la Justicia ordinaria.
“Con Gonzalo conversamos desde 2019 varios caminos para acompañarlo a él personalmente en lo que iba viviendo cuando tomó más conciencia del abuso sufrido y de las consecuencias. Una de sus preocupaciones era que el colegio lo hiciera público, aun 20 años después, para permitir que otros también tomaran conciencia. Recuerdo sí haberle dicho que no nos parecía oportuno, porque justamente otras familias o compañeros suyos, víctimas también, ya se habían contactado con los rectores del colegio en su momento y preferían que no se hiciera público, y no quisieron hacer la denuncia ante la Justicia”, comentó Pacheco. Eso sí, agregó que los jesuitas les comunicaron a ambos que “eran libres, por supuesto, de dar a conocer su historia”.
El traslado de Fretes de Buenos Aires a Mendoza es un nuevo ejemplo de una práctica repetida y sistemática de la iglesia católica de cambiar de lugar de residencia a los religiosos acusados de abusos sin comunicar a las comunidades religiosas las razones de estas decisiones, lo que expone a otras personas –en general niños, niñas y adolescentes– a sufrir abusos.
El vocero de los jesuitas dijo que este tema de los traslados es complejo y que “una cosa es un traslado para encubrir, y que de alguna manera permite que el abusador siga cometiendo sus delitos en otras partes, cosa que lamentablemente se dio mucho en la iglesia de esos años, pero otra muy distinta es apartar al denunciado del lugar habitual donde cumple funciones para que los chicos no sigan corriendo riesgos y para que no entorpezca la investigación con su presencia”.
Según Pacheco, esta segunda opción fue la que se tomó con Fretes y la que se sigue recomendando para el tratamiento de casos de abuso: “Apartar al denunciado, enviarlo a otra parte con restricciones, hacer la denuncia e iniciar un proceso con todas las garantías. De hecho, no existieron denuncias en Mendoza, por lo que se puede decir que las restricciones funcionaron”.
En la respuesta al pedido de las víctimas de acceder al expediente canónico del religioso Fretes, el abogado de los jesuitas, López Romano, mencionó que no resulta posible acceder al pedido, “dado que se trata de documentos que, además de contener datos de una persona ya fallecida, se refieren a cuestiones de naturaleza religiosa vinculadas a la intimidad de terceras personas, que no podemos revelar sin su consentimiento”.
Pacheco agregó que “aquí nuevamente tenemos que ser respetuosos con los otros exalumnos, también víctimas, que no quieren hacer público su caso, y mucho menos revelar confidencias que se hacen en un ámbito privado, canónico”.
Sobre la reparación económica que reclaman Elizondo y Vio, Pacheco dijo que se pagará sólo si la Justicia así lo resuelve. Mientras tanto, les comunicaron la disposición a ayudarlos y acompañarlos, por ejemplo, con apoyo psicológico.