El viernes 7 de octubre, ante la decisión de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, de no comparecer personalmente a la Junta Departamental ante un llamado a sala, los ediles opositores resolvieron iniciar el proceso de juicio político contra la jerarca. En los días posteriores, la decisión fue muy comentada y recibió cuestionamientos incluso desde filas del propio Partido Nacional.
Los ediles prometieron en aquella sesión que harían llegar la fundamentación para el juicio político en días posteriores, y así lo hicieron ayer, en un escrito de 20 páginas que se adjuntó al expediente contra Cosse, al que accedió la diaria.
Allí alegan como causal para impulsar la medida la no comparecencia de Cosse a sala, que a su entender incumple los artículos 284 y 285 de la Constitución. Apuntan a que fue una decisión “libre” y “voluntaria” de la intendenta que no estuvo motivada por razones de fuerza mayor. Remarcan que en los llamados a sala “es la única instancia donde el intendente debe concurrir personalmente, sin posibilidad de hacerse representar”. Para fundar jurídicamente su posición, citan a los juristas José Korseniak y Ruben Correa Freitas, quienes consideran la violación de la Constitución como una causal de juicio político.
Por otra parte, los ediles recuerdan que la intendenta había sido llamada a sala porque había 30 pedidos de informes realizados por ediles sin contestar, algunos de ellos remitidos hacía más de un año. Comentan que “sorprendentemente, entre el lapso que media entre la sesión que aprobó el llamado y la fecha donde efectivamente se iba a realizar, aquellos pedidos de informe” comenzaron “a llegar, muchos de ellos con respuestas escuetas y elementales, otros con respuestas donde no contestaban la totalidad de las preguntas consignadas”.
Los ediles sostienen que lo sucedido el 7 de octubre “no es un hecho aislado, es el corolario de más de dos años de gobierno” en los que la intendenta “ha tratado de eludir todos los mecanismos de contralor antes expuestos, socavando la división de poderes y el sistema republicano de gobierno”.
Este viernes por la noche, en el programa Legítima defensa, Cosse dijo que la acción de los ediles es “un disparate” que “no tiene fundamento legal ni político”. “Se trata de armar un tema que no existe en la agenda” para “tapar otros problemas”, opinó, y apuntó particularmente contra el Herrerismo como impulsor de la medida.