Los trabajadores de los casinos se manifestaron en contra del espíritu del proyecto sobre juegos online, que está a estudio de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Si bien no están en contra de la totalidad del proyecto, sostienen que esperaban un mejor tratamiento en el Parlamento. Leonel Revelese, de la Federación Nacional de Trabajadores del Juego (Fenaju), expresó ante los parlamentarios su “enorme preocupación” por cómo fue enviado este proyecto por parte del Poder Ejecutivo: “Y también -¿por qué no?, con libertad no ofendo-, sin ofender ni mucho menos la honorabilidad de este Parlamento, estamos preocupados por cómo este Parlamento está tratando este proyecto, es decir, como si fuera la regulación de una actividad económica más. Nos parece que ahí están los errores”.
Además, apuntaron que de aprobarse la iniciativa se promovería la ludopatía, es decir, la adicción al juego. Juan Arteaga, dirigente del sindicato, puso el ejemplo de España, donde “la ludopatía se multiplicó por diez gracias al juego online”, según consta en la versión taquigráfica. Advirtió que en ese país aumentó la ludopatía en adolescentes de entre 14 y 18 años. “Eso también hay que tenerlo en cuenta. Hoy acá se da un fenómeno similar con los jueguitos por internet de los niños, algunos de los cuales han accedido a las tarjetas de crédito de los padres y las han usado para comprar en esos juegos, pero esto ya es otra cosa: el juego online ha generado ludopatías desde muy temprana edad”, alertó, y sostuvo que la industria del juego nunca ha estado “bien regulada” en Uruguay.
Arteaga consignó que existen plataformas “clandestinas” y que el que les da la conectividad es Antel: “Entonces, el juego en sí ha tenido malas regulaciones o no se ha podido abarcar todos los aspectos necesarios”.
Al ser consultado sobre los cambios que debería tener el proyecto, que ya fue aprobado por la misma comisión pero del Senado, Revelese insistió con que el rol del Estado “no surge contundentemente claro como, a nuestro entender, debería suceder: un rol protagónico, un rol de administración, de intervención, de fiscalización y también de responsable del juego”. Para eso, plantean que haya una sola plataforma, que sea del Estado, y que se “enganche la actividad privada a través de cada servidor”.
“El privado se conecta ahí, pero el Estado tiene el control de a dónde va el dinero, las apuestas, etcétera. Porque si la idea es que todo el que tenga un casino físico pueda tener uno online, va a haber una competencia feroz en un país chico, y Uruguay está saturado en oferta de juegos: estamos en primer o segundo lugar en el mundo”, agregó.
“A pedido de los empresarios”
“¿Cómo se va a regular el lavado de activos en el juego online? ¿Dónde va a estar el dinero del jugador? ¿En una billetera electrónica? ¿En una cuenta en otro país? ¿La plataforma misma dónde va a estar instalada?”, se preguntó Arteaga.
Ejemplificó con el casino Enjoy, donde él trabaja, dado que el Decreto 360/017 regula los premios cuando la apuesta y el valor de lo ganado son superiores a un determinado número y se grava un 12%. “En el casino están los cartelitos cuando alguien gana un bono, pero en el caso del juego online, ¿cómo se va a poder regular eso? Es decir, el juego online nos abre más interrogantes que certezas”.
Asimismo, el sindicalista aseguró que este proyecto de ley salió “a pedido de los empresarios”, algo en lo que el diputado cabildante, Sebastián Cal, reafirmó. “Sabemos que están más en busca de las apuestas deportivas que del juego de casino. ¿El juego de casino va a ser por cámara? ¿Va a haber un pagador con una mesa, supongamos, de ruleta tirando una bola, o va a ser estilo maquinita? Tampoco se sabe eso, porque hay de las dos modalidades”, dijo, preocupado, Arteaga.
Por último, Sergio Martínez, también dirigente de Fenaju, expresó que se va a iniciar “un camino ante un enemigo muy poderoso”, y afirmó que no quisiera estar en el lugar de un parlamentario porque “tienen que equilibrar lo social con don dinero, ya que en esta época eso es muy difícil. Como trabajadores del juego les venimos a anunciar que necesitamos actitud del Estado en este tema”.
Afirmó que es “claro” que se refieren al lavado de activos, turismo y fuentes de trabajo, pero hizo foco en que hoy se está “omiso” y que de aprobarse el proyecto se va a estar “más omiso, porque se necesita otro tipo de decisión por parte del Estado”. “¿Cuánto va a poner? ¿Cuánto se le va a pedir al privado? ¿Vamos a virar nuestra actitud con respecto a esto? ¿Vamos a hacerlo? Esa es la inquietud que tenemos los trabajadores del juego. Lamentablemente, sabemos lo que es vender los marcos de las puertas y ventanas de una casa para jugar; lo sabemos porque tratamos a los jugadores. Sabemos lo que es ir a jugar grandes sumas de dinero con todos los dientes cariados y los zapatos a la miseria; lo sabemos. Y esto irá más allá”, concluyó.
El caso de Inglaterra
Tras la comparecencia de Fenaju, dieron sus puntos de vista desde la Banca Cubierta Colectiva de Quinielas de Montevideo y de la Asociación de Agentes de Quinielas del Interior. Roberto Palermo, presidente de la Banca de Montevideo, criticó que el sistema político vea con buenos ojos lo que hizo Inglaterra: “¿Cuál fue el problema que generó Inglaterra con esta propuesta de considerar el juego como una actividad de ocio común, como un servicio de entretenimiento común y no pensándolo desde el punto de vista de que entrañaba un riesgo? El problema fue que autorizaron la competencia entre las empresas. ¿Y qué generó la competencia entre las empresas? Generó algo que si bien es cierto que es bueno para el resto de la economía, para el resto de los bienes y servicios, no es bueno para el juego”, expuso.
En ese sentido, dijo que el resultado fue que las empresas, en esa “competición exacerbada” que tuvieron, “aumentaron la publicidad y la tasa de premios”. Señaló que al aumentar la tasa de premios, además, “generaron un problema económico no sólo para las propias empresas, que empezaron a perder, sino también para el Estado, porque el Estado cobra un impuesto que es sobre el win, que es la diferencia entre la apuesta y los aciertos; sobre esa diferencia se hace la imposición del Estado”.
Fue así que se fue aumentando la devolución de premios, “que pasó de 83% a 85%, a 87%, a 89%, y hoy está en 95%; por lo tanto, si alguien juega 100, pagan 95% y sacan el impuesto, las empresas pierden plata”. En consecuencia, ¿qué es lo que está pasando? Que este enfoque liberal que se hizo ya generó un primer problema económico y obligó a las empresas a radicarse en paraísos fiscales”, finalizó.