Una delegación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y un representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para América del Sur comparecieron este miércoles ante la Comisión de Población y Desarrollo del Senado por el proyecto de internación involuntaria que elaboró el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
El documento, que fue aprobado en la cámara baja con votos del oficialismo, prevé “la prestación de asistencia obligatoria por parte del Estado a personas en situación de calle” y, con base en la Ley 18.787, amplía el concepto de “hospitalización involuntaria”. Además de abarcar, como la ley de 2011, a las personas en situación de calle con riesgo de graves enfermedades o de muerte, también incluye a quienes tengan su “capacidad de juicio afectada como consecuencia de una descompensación de su patología psiquiátrica o por el consumo de sustancias psicoactivas”.
Francisco Mena, integrante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que la internación compulsiva “no puede sustituir la atención social” que “corresponde” en el marco de una política de desarrollo social, y que “cada caso debe ser atendido al tenor de su necesidad específica, considerando seriamente la habilitación de un modelo de atención que provea servicios comunitarios e institucionales diversos, que den apoyo social”.
Señaló que si bien el texto propuesto dice que esto no implica privación correccional de la libertad de la persona, “en los hechos podríamos estar al frente de la decisión de una autoridad que implica una limitación de la libertad, y es justamente ese elemento el que genera la necesidad de respetar garantías que pueden proteger los derechos humanos en juego como son la libertad personal, la defensa jurídica, el apelar una decisión en un plazo razonable y que, si se toma la decisión de internar, esta pueda ser revisada periódicamente a fin de que no se prolongue más allá de lo que se reputaba como estrictamente necesario”.
A su vez, sostuvo que la tutela judicial deberá cobrar “especial importancia” en la medida en que la internación psiquiátrica involuntaria constituya una “violación a la libertad personal”. Advirtió que el proyecto es aplicable a niños, niñas y adolescentes, lo que agudizó la “preocupación”. Sostuvo que desde la perspectiva internacional de los derechos humanos, se sostiene que respecto de este grupo de personas existe un estatuto jurídico de protección reforzada atendiendo el interés superior del niño, niña y adolescente, la responsabilidad por la prevención, el derecho a la salud y al “mejor nivel de una vida posible”.
En tanto, el representante de la OPS, Hernán Montenegro, justificó la discrepancia con el proyecto con base en lo dispuesto por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce que las personas con problemas de salud mental “disfrutan de capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las personas que no tienen esta condición de salud mental”, algo que calificó como “muy importante”, según consta en la versión taquigráfica.
Indicó que las personas en situación de calle tienen una “probabilidad” de ser internadas de forma involuntaria “mayor” que el resto de la población, por lo que esta intervención “en sí misma” puede ser “muy traumática y caótica” y generar un encuentro “muy negativo con el sistema de salud, que también se complementa con el tema de los refugios”.
Por su lado, el consultor en sistemas y servicios de salud de la OPS en Uruguay, Wilson Benia, indicó que en el caso de que alguien sustituya al sujeto de derecho, a la persona, y decida por ella, “eso implica un cuidado de forma coercitiva, y hay un enorme riesgo de contravenir los derechos de autonomía de la persona y de su autodeterminación”.
Por otra parte, sostuvo que en estos escenarios se suele “restringir fuertemente” la capacidad de las personas para elegir, entre otras cosas, qué tratamiento médico quieren transitar. “Entonces, esto, ¿qué consecuencias trae? Se generan aspectos que se ven vulnerados en cuanto a derechos básicos que, cuando somos pacientes, todos queremos preservar. Me refiero al consentimiento informado, a la confidencialidad, a la privacidad, al hecho de que se comunique lo que le está pasando a algún miembro de la familia”, cuestionó.
Asimismo, Benia dijo que a posteriori “genera miedo” porque “estas escenas siempre tienen un componente traumático, pues generan un antecedente negativo que puede impedir que las personas luego, a la hora de sentirse mal y de tener otros malestares posteriores a esta situación puntual, no quieran recurrir al sistema de salud”. Es decir, se generaría una “disrupción” en el vínculo del individuo “cuando tiene que buscar atención en el campo de la salud mental”.
Alternativas
Benia señaló que visto este panorama en que las personas tienen su capacidad de decisión “limitada y necesitan apoyo”, hay aspectos preventivos que son “muy importantes, porque siempre hay que manejar alternativas”. En ese sentido, dijo que una de ellas es alinear los servicios que buscan a estas personas que están en situación de calle y a la intemperie “para asegurarles la alimentación o el ingreso a los refugios con el personal sanitario”: “Allí hay que generar una dinámica intersectorial. La generación de esa dinámica intersectorial entre refugios, provisión de alimentos y atención sanitaria continenta a las personas y evita las exacerbaciones de sus patología de base que, a veces, en soledad, son las que determinan estas descompensaciones que exigen una intervención brusca, traumática, puntual”.
A su vez, aseguró que para que esto sea posible, es necesario que quienes atienden a las personas en situación de calle “tengan una capacitación para detectar precozmente la descompensación, para intervenir de manera eficaz y para ser capaces de calmar y contener”. “Los trabajadores de la salud en primera línea, que son quienes tendrán que intervenir en los casos excepcionales, requieren capacitación, necesitan una lógica centrada en el paciente, deben tener conciencia de que están participando de un intercambio traumático para el paciente –porque es traumático que a uno lo lleven a un lugar a la fuerza; irremediablemente, tiene consecuencias y el trabajador de la salud tiene que hacer reducción del daño en ese sentido– y deberá desarrollar capacidades de empatía y comunicación”, afirmó.