Este viernes estaba citado el senador blanco Juan Sartori por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) por lo que la presidenta del organismo, la cabildante Susana Signorino, consideró una “falta grave” al artículo 10 de la denominada ley cristal de los funcionarios públicos (17.060), al no presentar la declaración jurada de bienes e ingresos de su esposa. El empresario informó que no asistirá, además de que el jueves oficializó un recurso de inconstitucionalidad contra un artículo de la ley. Ante estos y otros hechos de las últimas horas, el Frente Amplio (FA) analizará el lunes “nuevas acciones” por el caso y baraja la idea de pedir la destitución de las autoridades oficialistas de la Jutep.
Esto último tiene un ingrediente extra: Signorino declaró el viernes 7 de octubre a El País que renunciará por “motivos personales” luego de su licencia de dos semanas, que inició tras la sesión del jueves 6. Según supo la diaria, la jerarca no notificó la decisión al organismo, que hoy tiene a su presidenta de licencia y como autoridades activas al vicepresidente, Guillermo Ortiz (Partido Nacional), y a la directora, Ana Ferraris del FA.
Sartori planteó en un escrito que elevó a la Jutep, consignado por El País, que se lo convocó “a un organismo desintegrado”, lo que no le ofrece “garantías”. Además, dijo que “hace unas horas” se le avisó de la audiencia que sería este viernes a las 14.00, lo que se “aparta de las normas del debido proceso”, ya que debe darse la notificación “con la razonable antelación”. La fecha original de la convocatoria al senador era el 3 de octubre, pero días antes envió una nota diciendo que iba a estar en sesión por la Rendición de Cuentas.
“Llevamos dos años y medio desde que Sartori asumió como senador y a los pocos meses ya se conoció la información sobre la declaración jurada de Sartori, y todavía la Jutep no ha llegado a la situación de declararlo como omiso, que es lo que debe hacerse cuando alguien no cumple. Van reiteradas citaciones a las cuales no va y la perspectiva es que esto siga en el tiempo hasta el final del período. Esto ya pasó la barrera de lo grave”, dijo a la diaria el senador frenteamplista Eduardo Brenta, que hizo tiempo atrás un pedido de informe para conocer la declaración jurada del legislador blanco.
A mediados del año pasado, se conoció la información de que Sartori había incumplido la normativa vigente, según detalló la Jutep, al reportar sólo su patrimonio y no sus ingresos, además de no incluir datos sobre los bienes de su esposa, la rusa Yekaterina Rybolóvleva. Posteriormente, cumplió con la exigencia personal, pero se negó a brindar información de su pareja, planteando ante el organismo que no corresponde por tener separación de bienes y haberse casado en el extranjero. Tras analizar el asunto, la Jutep no aceptó esos argumentos, ratificando que la ley obliga a brindar la información del cónyuge del funcionario público.
En agregado a estas acciones, este jueves Sartori informó a través de una nota enviada a la prensa que presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por el artículo 12 de la Ley 17.060, ya que entiende que, al obligarlo a presentar la declaración jurada de su esposa, “se viola el derecho a la privacidad” y “la intimidad”, consagrados en la Constitución.
“Es obligado a actuar sobre el patrimonio de su cónyuge, de quien se encuentra separado de bienes y en la situación de que ella no está dispuesta a brindar esa información, [...] la inconstitucionalidad de la norma se exhibe a partir de que [Sartori] no puede ni tiene medio jurídico alguno para obligar a que otra persona firme la declaración”, dice el recurso que presentó el constitucionalista Carlos Delpiazzo en nombre del senador nacionalista.
El FA podría promover una moción de condena en el Parlamento
Según supo la diaria, el FA estudiará todas estas noticias del caso Sartori el lunes, cuando se reúna la bancada. Se analizará tomar “nuevas acciones” con base en dos líneas: por un lado, apuntar a la actuación irregular de las autoridades oficialistas de la Jutep, analizando pedir su destitución; y por el otro, se podría buscar una moción de condena a nivel parlamentario. Esto último es un proceso similar al que se procuró hace unos meses contra la senadora blanca Graciela Bianchi y refiere al artículo 115 de la Constitución, que determina que el Senado podrá “corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes”.
En la nota de prensa que difundió, Sartori dijo que está “a favor” de la ley cristal que establece obligaciones para los funcionarios públicos y sostuvo que presentará una norma “alternativa que mejore la actual”. Brenta, en tanto, dijo que “está en su derecho” de cambiar la legislación, pero eso no altera el incumplimiento vigente, e ironizó: “Estaría bueno que actúe como legislador, porque la mayoría del tiempo no va a las sesiones ni está en el país”.