Este martes, con la mayoría de votos de la coalición de gobierno, la Cámara de Senadores aprobó una serie de artículos de la Rendición de Cuentas que modifican el régimen de certificaciones médicas en el sector público. A partir del próximo año cada empleado estatal tendrá un máximo de nueve días al año de licencia médica. Luego, a partir del décimo día, cobrará 75% del salario.
“Quizá no sea la mejor propuesta”, reconoció Jorge Gandini, senador del Partido Nacional (PN), durante la votación de los artículos. Pero “todos reconocemos”, incluso la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), que “tenemos un problema de abusos muy fuerte, muy notorio particularmente en algunos organismos públicos”, afirmó. Según datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil, 45% de los empleados estatales estuvo certificado al menos una vez durante 2021 y el promedio de días entre quienes se certificaron fue de 34 días.
“Sabemos que hay abusos de toda naturaleza”, repitió Gandini; y aclaró que los nueve días de licencia médica no son “una sanción”. A su entender, se trata de “un subsidio” de 75% del salario para los funcionarios públicos a partir del décimo día de enfermedad, con algunas excepciones. A modo de ejemplo, indicó que el embarazo quedará excluido del nuevo régimen, así como enfermedades crónicas o situaciones de internación hospitalaria.
Para el senador frenteamplista Daniel Olesker “es claro que pagan justos por pecadores”. “Nunca es bueno igualar para abajo”, dijo en referencia a la equiparación del sector público con el sector privado, uno de los argumentos esgrimidos por el oficialismo a favor del cambio de la normativa. “La experiencia en el sector privado demuestra que se obliga a las personas a trabajar en condiciones sanitarias a veces muy difíciles para poder solventar los ingresos”, apuntó.
En sintonía, Amanda Della Ventura, senadora del Frente Amplio (FA), manifestó que los artículos aprobados este martes en el Senado son “muy perjudiciales” para los trabajadores públicos. “Sabemos que había y hay abusos en el uso de las licencias médicas, pero la mayoría no abusa. Esto lo que hace es sancionar a quien no abusa. Nos parece muy injusto y terrible”, expresó. Como alternativa, señaló que “debería buscarse la forma de evitar los abusos” a través de un mayor control de los certificados médicos, porque “quien firma es el médico”.
“Lo hacen porque son piola”
Al respecto, días atrás, en un evento organizado por COFE, la senadora nacionalista Graciela Bianchi había señalado que “perseguir” la falsificación de un certificado sólo puede hacerse por “querella de falsedad”. “Un proceso penal que imagínense... No podemos ni con los homicidios, ¿vamos a perseguir los certificados médicos? Es realmente complicado”.
La legisladora del PN volvió a ratificar su posición este martes en el Senado. Expresó que los médicos “lo hacen porque son piola o porque [los empleados públicos] son socios de su propia mutualista”, y subrayó que “no se puede atacar por ese lado”. “¿Se imaginan lo que sería hacer denuncias en Fiscalía, que no puede con las que ya tiene?”, volvió a preguntar. A su juicio, el cambio aprobado en la cámara alta otorga “un marco general” para “tratar de ordenar el Estado”, “porque así no se puede seguir”.
A su turno, el senador del FA Óscar Andrade planteó que el tema debería abordarse a través de “la promoción de políticas de salud laboral”, mediante un enfoque integral con estudios epidemiológicos, “que no existen”. “Acá en el Palacio Legislativo tenemos gente trabajando en la altura y no tienen previsto un estudio psicosocial que diga si están preparados para trabajar en la altura”.
Andrade cuestionó que, en general, “el abordaje de la problemática es qué pasa con el que abusa de la licencia médica y no qué pasa con la salud de las trabajadoras y los trabajadores”.
“El afán es recaudatorio”
Al cierre del evento organizado por COFE, el presidente del gremio, Martín Pereira, sostuvo que la reforma presentada por el gobierno tiene “un afán recaudatorio” porque “hay 90 millones de dólares en juego”, que “es salario de los trabajadores”. Una vez implementado, aseguró, el nuevo régimen de certificaciones médicas no va a “corregir las situaciones que están mal”.
“Si alguien no va ex profeso porque consigue certificaciones médicas, y en vez de ganar 50 gana 35, va a seguir haciéndolo. No le va a cambiar, pero sí le va a cambiar al compañero que se enferma y a los nueve días le van a descontar 25% del salario”, señaló. Si bien opinó que “no hay lugar en el Estado para el que está abusando”, Pereira aseguró que el planteo del gobierno “no le cambia la realidad” al funcionario público en infracción.