En 1989 el movimiento cooperativo vivía una situación sumamente difícil. El crecimiento de las cooperativas era bloqueado a partir de la política delineada por el gobierno sanguinettista con la expresa intención de desarticular el desarrollo de los movimientos sociales.
La gran pregunta por responder era: ¿cómo volver a crecer? Recomponer las fuerzas no fue sencillo. Sin embargo, es oportuno realizar un análisis profundo de la coyuntura de ese año 1989, último de la primera presidencia de Julio María Sanguinetti. El tema de la vivienda con otros actores –no precisamente con Fucvam– comenzó a tomar nuevamente estado público, se abordó el problema de la tierra urbana, permitiendo dar una de las batallas más significativas de la historia de la organización.
Se ejecutaron casi 1.000 desalojos por mes entre los años 1986 y 1988. El número de desalojados de este trienio supera los 35.000. Esto provocó situaciones angustiantes que conmovieron a la opinión pública de aquellos años. Titulado “Crónica de una larga angustia”, un artículo aparecido en La República del 27 de mayo de 1989 decía:
“Los ocupantes precarios del ex hotel Juncal de Rincón 706 resistieron pacíficamente el lanzamiento previsto para las 14 horas de ayer y consiguieron postergar hasta el próximo lunes la ejecución de la orden judicial. Unas 500 personas, casi 200 adentro del inmueble y casi 300 afuera no permitieron la actuación del alguacil del Juzgado de Turno y de 25 policías que intentaron penetrar por medio de la fuerza al edificio de la Ciudad Vieja”.
En la Ciudad Vieja es donde se concentraba la mayor resistencia a los desalojos de una serie de hoteles abandonados, pero la organización de los pobladores era débil e incipiente, independientemente del valor con que su gente enfrentó el conflicto planteado.
A los desalojos se sumaron las primeras denuncias de venta de terrenos por parte de políticos integrantes de la Junta Departamental de Montevideo. Paralelamente, la dirección de Fucvam emitió un comunicado en enero de1989, en cuyo texto se detallaban los puntos fundamentales de la estrategia a desarrollar en ese contexto. Uno de ellos estaba destinado a las cooperativas “en trámite”, es decir, aquellas pocas que quedaban con personería, tierra y tramitando su préstamo, y otro a las cooperativas “en formación”, es decir, los escasos nuevos grupos que habían resistido, con pocos integrantes, sin personería y sin tierra.
Terrenos denunciados en la Junta Departamental
Este fue un elemento de particular importancia en la lucha que se desarrolló y fue aprovechado por Fucvam. El 25 de febrero se denunció la omisión de la Intendencia y del Banco Hipotecario para con el condominio del barrio Maracaná. Sus pobladores estaban siendo estafados por un club de la Lista 85 (del doctor Enrique Tarigo, vicepresidente de la República). Esta primera denuncia la intentó resolver el arquitecto Vicario, director del Sector Tierras de la Intendencia de Montevideo, a través del envío de una nueva regularización para el fraccionamiento de los terrenos. De todas maneras, la bola de nieve comenzó a agrandarse. Si vemos estos temas junto a la resistencia que la gente estaba haciendo en los hoteles, los desalojos masivos que se daban en el período, se estaba preparando un terreno propicio para que una organización como Fucvam pudiera elevar el planteo y se lograra por primera vez que se discutiera la temática de la tierra urbana.
Montevideo se vio convulsionado durante todo mayo con más desalojos. A tal punto, que el diario El País, permanentemente oficialista, decía en un artículo del 28 de mayo:
“En las primeras horas de la tarde se notaba ya cierta ebullición en la Ciudad Vieja. Los habitantes del edificio a ser desalojado comenzaron a golpear cacerolas y a vocear consignas contra la medida que arreciaba cuando la alguacil se hizo presente en el lugar para consumar el desalojo”.
Y paralelamente con esto, nuevamente otra denuncia de estafa de tierras volvió a ser tapa de los diarios:
“Solos, con su ingenuidad a cuestas, cientos de uruguayos sin techo desfilan por un escritorio de la calle Tacuarembó y 18 de Julio; la mayoría de ellos jamás ha penetrado un edificio tan lujoso. En ese ámbito tan respetable, nada ‘raro’ puede suceder; los responsables de la inmobiliaria son tan amables... Sin embargo, [...] en GAFEL SA Inmobiliaria, se vende lo imposible reflotando el viejo negocio del condominio”.
De esta manera, se irá perfilando un debate fundamental acerca del tema de la tierra urbana. Si bien el mayor bloqueo estaba en el otorgamiento de las personerías jurídicas, lo cual era una flagrante violación a los derechos humanos ya que existía una prohibición legal de constituirse como cooperativa, lo real fue que la medida de lucha que permitió ese desbloqueo estaba ligada al problema de la tierra y no a la legalización de las personerías.
El desgaste de cuatro años de gobierno sanguinettista se estaba haciendo sentir. Su popularidad ya no era la misma y Fucvam utilizó esa situación para golpear, pero no sólo con denuncias, sino con el planteo de una plataforma que trascendía la lucha por las personerías.
Un nuevo fenómeno social aparece en escena: los asentamientos
En el escenario surgió un nuevo fenómeno urbano para Uruguay, que fue el de los llamados asentamientos irregulares. No existen antecedentes de ellos hasta entrada la década de los 80. La brutal ofensiva desplegada por el modelo neoliberal a las condiciones de vida de los trabajadores se expresó en la vivienda con virulencia en un acelerado crecimiento de los asentamientos.
Los asentamientos marginales crecieron 90,3% entre 1984 y 1990 y 45% entre 1990 y 1994. 70% de esta población carecía de empleo permanente. 60% de los ocupantes precarios provenía de barrios consolidados de Montevideo, lo que revelaba que el problema no era la migración campo-ciudad, sino, por el contrario, la expulsión de la propia ciudad hacia la periferia.
Este brutal fenómeno social se producía como consecuencia directa del desempleo, y al no existir ninguna política de vivienda que atendiera el problema –ya que para 1989 se había consumado la desestructuración total de la política de otrora– se generó una crisis urbana sin precedentes.
El análisis de esta nueva situación llevó a la dirección de Fucvam a definir que al problema de las personerías había que ligarle el tema de la tierra urbana. Es decir, para que el modelo del cooperativismo autogestionario se desarrollara necesitaba que se cumpliera la cadena de personería, tierra, financiamiento para construir y asesoramiento técnico.
El éxito del modelo sólo se construye si estos cuatro elementos están articulados. Lo que aquí estaba planteado era la lucha por la propia sobrevivencia del movimiento cooperativo.
El gobierno sanguinettista vino a terminar de hacer la obra comenzada por la dictadura en el campo de la vivienda. Para profundizar esta afirmación, resulta necesario citar a la arquitecta y urbanista boliviana Graciela Landaeta, que en el libro Acceso al suelo urbano explica lo que Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle promovieron del mismo modo que otros políticos neoliberales en el contexto latinoamericano:
“En el contexto del llamado ajuste estructural de las economías latinoamericanas, para ajustarse a los requerimientos de las economías globalizadas se inicia la satanización del Estado Benefactor, emergiendo como el responsable de la crisis e incluso de las abultadas deudas externas por las políticas sociales desarrolladas en las décadas anteriores. Se reconoce la ineficacia estatal para atender las necesidades habitacionales y en medio de un inusitado afán por minimizar las responsabilidades sociales del Estado, el Banco Mundial y otras agencias internacionales establecen la nueva tónica. Inicialmente se ofrece un descubrimiento novedoso: la vivienda no es una necesidad vital sino un bien mercantil sumamente maltratado por su ineficiente manejo en el mercado inmobiliario”.
La solución propuesta es regularizar estos mercados y permitir que la oferta de vivienda, como cualquier oferta de alimentos o zapatos, llegue al conjunto de consumidores y cada cual adquiera lo que pueda adquirir, con lo cual el problema quedaría resuelto. Como parte de esta receta mágica se define la exclusión del Estado como productor de vivienda, quedando esta responsabilidad reservada a los propios demandantes, quienes deberán definir si autoconstruyen o delegan esta tarea a la empresa privada del ramo. El rol del Estado se limitará a la gestión financiera, es decir, facilitador.
Pero como la receta tampoco ofrece demasiadas satisfacciones en cuanto a resultados, finalmente se deja de ofertar vivienda y se hace alusión a una fórmula nebulosa y transaccional: las soluciones habitacionales, que comprenden diversos rubros, lotes con servicios, refacciones, e incluso el término vivienda se relativiza y se homologa con propuestas que no son sinónimos: núcleo básico, célula básica, vivienda progresiva, semilla, etcétera.
Entender esto nos dará toda la dimensión y la importancia que tuvo la lucha de 1989. Fucvam con esta lucha traspasó largamente las fronteras corporativas de su espacio para enfrentarse frontalmente a las supuestas políticas habitacionales impulsadas desde los organismos multilaterales para todos nuestros países. Pero el modelo neoliberal tenía otro aliado, que lamentablemente se encarnó en supuestos sectores progresistas o de izquierda muy permeables a seguir el curso de la pobreza y la derrota.
El gran acierto de Fucvam en ese período no sólo fue dar la lucha contra los neoliberales, sino también contra aquellos confundidos de siempre que veían en la autoconstrucción la salida al problema. Detrás de esta segunda perspectiva hay un sustento ideológico fundamentado en la década de los 60 por Turner (consultor, arquitecto e ideólogo de la autoconstrucción). Dentro de este esquema, Turner planteaba que la autoconstrucción era la mejor vía de solución al problema de vivienda de los pobres, puesto que ofrece a los usuarios libertad personal en el proceso de concepción y producción de su vivienda y posibilita mínimas intervenciones estatales y de los organismos internacionales.
En definitiva, Turner encontró la salida para los gobiernos y organizaciones internacionales neoliberales diciéndoles a los pobres “arréglense como puedan”. Esta idea hoy todavía es sustentada por los que en la historia siempre le han ofrecido un atajo al movimiento obrero, un camino que, por heroico que parezca, es el más fácil, conduciendo a la resignación de la pobreza. Veremos pues cómo Fucvam y su gente fueron capaces de dar un salto en calidad y del mero planteo de personería primario se trascendió en una plataforma que engloba personerías, tierras y préstamos para construir.
Covicenova y la ocupación de Cerro Norte en 1973
La ocupación de Cerro Norte realizada el 25 de febrero de 1973 por 109 familias fue un hecho político de trascendencia tanto de la lucha por la tierra como por la vivienda.
Conocí a la cooperativa de vivienda Cerro Norte Vanguardia (Covicenova) en 1982, que es la continuación histórica y el resultado de la lucha emprendida en 1973.
Hurgando en la historia de las cooperativas de vivienda y habiendo intentado documentar algo de lo realizado por el movimiento cooperativo uruguayo, había uno que me costaba no solamente conocer a fondo sino también entender los porqués de su lucha.
25 de febrero de 1973
Nuestro país se encontraba con una brutal polarización de la lucha de clases y estábamos en los albores del golpe de Estado perpetrado por Juan María Bordaberry y las Fuerzas Armadas en junio de ese mismo año. En uno de los peores períodos de represión vividos en nuestro país, 109 familias se lanzaron a esta lucha y encontrarán la brutal respuesta del régimen.
El 25 de febrero ocuparon las viviendas que aún no estaban terminadas por el Instituto Nacional de Viviendas Económicas. El complejo habitacional estaba ubicado en la zona de Cerro Norte, sobre la calle Haití. Las ocupantes eran familias que vieron la posibilidad de que lo que estaba construido en su barrio pudiera resolver, entre otras carencias, el tema de la vivienda.
Su consigna central era Libertad, Trabajo y Vivienda. Su estructura era sumamente horizontal, sencilla y práctica para la tarea a realizar. Las distintas familias ocuparon las viviendas y cada block elegía a sus coordinadores, quienes eran los organizadores de las tareas votadas en la asamblea de ocupantes. En varios reportajes aparecidos en los diarios de la época los ocupantes hablaban sobre la importancia de la asamblea y hacían otras declaraciones tales como “acá no hay patrones y mandamos todos”.
La represión a la ocupación no se hizo esperar; el Poder Ejecutivo de la época, siendo su ministro del Interior el coronel Néstor Bolentini, ordenó un operativo poniendo a la cabeza al coronel Alberto Ballestrino, para cercar la ocupación con más de 200 efectivos policiales.
Esto generó la repulsa de todo el barrio del Cerro, pero de todas formas quedó cercada la ocupación con un cordón que inhabilitaba a los 116 ocupantes a salir o entrar libremente. Inmediatamente se generaron comités solidarios con los ocupantes para mantener la denuncia en la calle.
Durante todo marzo de ese año existieron distintas negociaciones con los ocupantes, pero increíblemente el Poder Ejecutivo lo que les ofreció fue el traslado a una escuela agrícola al sur del Río Negro. Esta propuesta no fue aceptada.
Se comenzó entonces a hacerse negociaciones en el Parlamento a los efectos de frenar la inminente desocupación, denuncias por parte del diputado Jaime Pérez y Enrique Rodríguez, parlamentarios del Partido Comunista, al igual que Carlos Baráibar, independiente del Frente Amplio, y Juan Zorrilla, del Partido Nacional.
En momentos en que una comisión parlamentaria sacaba una resolución, el gobierno de Bordaberry vetó cualquier propuesta de solución. Los diarios de la época informaban de la crítica situación en la que vivían los ocupantes y se hicieron informes desde el Ministerio de Salud Pública de la delicada situación de salud de muchos de los niños y adultos durante la ocupación.
Esto terminó con la muerte de dos niños. Concretamente, el 26 de marzo falleció la niña Sandra Aguilar, de apenas seis meses, y unos días después, por deshidratación, un bebé de tres meses llamado Gustavo.
Falleció también uno de los líderes de la ocupación, Edgardo Javier Robas, y nada de esto sensibilizó a las autoridades de la época. La solidaridad rodeó en forma permanente la ocupación. Obran en la documentación de la época declaraciones de apoyo de distintas organizaciones de la izquierda: la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE), las Agrupaciones Rojas, el sindicato de Funsa, la Central Nacional de Trabajadores, la agrupación 1955 de la Asociación de Empleados Bancarios (AEBU), el Sindicato Panaderos, entre otros.
La resistencia de los ocupantes creció a pesar de las condiciones en las que se encontraban, y lograron, con la solidaridad de estudiantes de Magisterio, tener una escuelita dentro de la propia ocupación.
A diario se discutían distintos temas que llaman la atención; por ejemplo, un artículo aparecido en el mensuario Política Obrera del Frente Obrero Revolucionario (FOR) daba cuenta de la importancia de comenzar a discutir temas tales como la reforma urbana.
El 10 de abril de 1973, un impresionante despliegue represivo desalojó a todas las familias, que recibieron la solidaridad del cura Luis Mayón, de la capilla de San Rafael, a la cual se trasladaron varios de los participantes que fueron detenidos en el operativo represivo.
El 15 de mayo los ocupantes decidieron formarse como cooperativa de vivienda: Covicenova. Pasarían años hasta que el 28 de enero de 1981 se les otorgara el préstamo. A esa altura de los acontecimientos quedaban muy pocos de los ocupantes vivos. Y el 22 de octubre de 1983 terminaron de construir sus viviendas, ubicadas entre las calles Cibils y San Fuentes. La batalla dada por los compañeros y las compañeras de aquella época demuestra la validez de su lucha. Aunque pocos hayan llegado, es mucho lo que les debemos.
Esta nota fue publicada en el Suplemento Habitar.