Ancap avanza en dos reformas de distinto alcance, en los sectores del pórtland y el supergás, que son prioridad para el gobierno y enfrentan distintos escollos jurídicos, en un caso del Frente Amplio (FA) y en otro de las empresas privadas Acodike y Riogas. Igualmente, el ente estatal entiende que tiene argumentos legales para rebatir los recursos que presentaron quienes se oponen a los cambios y ratifica su intención de licitar las dos plantas de envasado de supergás en diciembre, así como de buscar un socio privado para el negocio del pórtland.
El jueves, los senadores del FA presentaron un recurso de revocación en Ancap contra la decisión del directorio del 8 de setiembre de aprobar un proceso competitivo para el pórtland, al entender que hubo “una decisión fuera del ámbito de competencia” del ente y “sin una norma legal habilitante”, por lo que la resolución está “viciada de nulidad”. El argumento es que, según el artículo 317 de la Constitución, la reforma que pretende el gobierno requiere el aval del Parlamento y no puede tomarse por una decisión administrativa del directorio.
Cuando esto se aprobó, el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, explicó a la diaria que significaba el inicio formal del “llamado a interesados” para asociarse al negocio del pórtland, luego de un proceso de casi un año en que se recabaron consultas de unas 17 firmas privadas. La intención del gobierno es “trasladar el riesgo del negocio” al privado y “dejar de poner dinero”, ya que esta línea de negocios da pérdidas desde hace años.
El ente estatal cuenta con dos plantas de producción de pórtland y según la Federación Ancap (Fancap) emplea a unas 550 personas, una mitad funcionarios de la estatal y la otra a través de servicios tercerizados. Tanto la oposición como el sindicato plantearon que se trata de una privatización del negocio del pórtland.
“El recurso [que presentó el FA] debería suspender el proceso y se le pide a Ancap que reconsidere [la decisión del directorio], con base en los argumentos expuestos. Hay una violación de la Constitución y la asociación se debería poner a consideración del Parlamento. Si no fuera así, tendremos que examinar los próximos pasos a dar”, dijo este jueves en rueda de prensa el senador suplente del FA José Nunes.
Consultado por la diaria, el vicepresidente de Ancap, Diego Durand, confirmó que el recurso del FA frena de momento el proceso de asociación para el pórtland, pero planteó que los servicios jurídicos de la empresa tienen argumentos para “levantar el efecto suspensivo”. De hecho, comentó que el cuestionamiento a la resolución que plantea la oposición ya fue realizado semanas atrás por Fancap y “los argumentos son sustancialmente los mismos”.
Sobre el recurso del sindicato, Stipanicic dijo a El Observador en octubre que una eventual demora del proceso “causa perjuicios y pone en riesgo” los planes de Ancap, por lo que era “una traba administrativa válida, pero que se levanta relativamente fácil”. En esa línea, Durand expresó que la búsqueda de un socio para el pórtland se da “en el marco de una ley” de 1996, que en su artículo 14 permite en los negocios “no monopólicos” como el pórtland la asociación “en forma temporal o permanente, con empresas públicas o privadas”.
Agregó que en 1998 hubo recursos de inconstitucionalidad contra esa norma que fueron “rechazados” por la Suprema Corte de Justicia, por lo que “si se volviera a plantear debería” ocurrir “la misma respuesta”.
También Durand indicó que “en 2008 la administración de Daniel Martínez [que presidió Ancap por tres años desde 2005] validó una asociación del pórtland con la empresa argentina Loma Negra”, que se suscribió a finales de los 90 y se renegoció en ese entonces. Hoy en día Loma Negra tiene 0,169% de las acciones de Cementos del Plata, la firma que comercializa el pórtland que produce Ancap, y el ente posee las acciones restantes.
“La ley [de 1996] está vigente, no ha sido derogada, y en ese marco continuamos con el proceso de asociación del pórtland, que es legal y tiene antecedentes sucesivos en anteriores administraciones, de distintas banderas políticas”, subrayó el vicepresidente de Ancap.
Según el recurso de revocación del FA, el artículo de la ley de 1996 es “una norma genérica” que “no específica ni expresa” su alcance; “por tanto, en modo alguno podría sustentarse jurídicamente” en ello la resolución de Ancap sobre el pórtland. La empresa estatal “carece de una disposición específica que le autorice a asociarse con otros sujetos”, dice la oposición, y añade que “la regla constitucional es de inequívoca y unívoca lectura merced a su tenor literal, en cuanto a que, para proceder en la forma que lo hizo el directorio, requería disposición legal votada por mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara” del Parlamento.
“Por tanto, lo resuelto por el directorio de Ancap está viciado (de forma manifiesta e indiscutible) de nulidad por ausencia de competencia, en cuanto dispone transitar y aprobar un procedimiento excepcional de contratación de asociación con privados sin observar el mandato constitucional”.
Distribuidoras de supergás preparan acciones legales
Ancap lanzó una licitación para las dos plantas de envasado de supergás que actualmente operan las distribuidoras Acodike y Riogas, en virtud de que en 2023 vencen los contratos vigentes y se pretende un cambio en la regulación del sector. Las compañías presentaron recursos jurídicos por entender que hay vicios legales en el proceso, pero el vicepresidente de Ancap sostuvo que “sigue adelante el proceso competitivo” con “algunas modificaciones” respecto de “la licitación original”. Entre otros aspectos, se garantiza la continuidad de los puestos laborales vinculadas al envasado, lo que destrabó un posible conflicto con el sindicato.
Según supo la diaria de fuentes empresariales, las dos compañías analizan si se presentan o no a la licitación, pero además tienen la decisión de que cualquiera que sea el resultado recurrirán al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para anular la reforma que busca el gobierno. Entre otros argumentos, plantean que el pliego circuló entre los actores del sector antes de que fuera oficial, y que se licita un negocio “a ciegas” porque la futura regulación será establecida por la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua recién en marzo de 2023.