El proyecto de ley de reestructuración de deudas de personas físicas que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado la semana pasada generó reparos este martes en la sesión del Senado. Luego de un largo debate y un cuarto intermedio, volvió a comisión.
La iniciativa, presentada por Cabildo Abierto (CA), propone “solucionar el problema del endeudamiento de los deudores de modestas condiciones económicas”, explicó el miembro informante, el senador Guillermo Domenech. En una primera etapa, se inicia un procedimiento de carácter administrativo ante Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los seis meses del inicio de la deuda. En esa instancia se busca la conciliación entre las partes, promoviendo “quitas o espera”, y los acuerdos deberán garantizar un ingreso mínimo del deudor que no puede ser menor a 60% de sus ingresos.
Si fracasa esa instancia, el proyecto prevé una etapa judicial, en la que se designará a un contador para que estudie la viabilidad de la propuesta de pago. Si no se llega a acuerdo, el juez impondrá una sentencia que resulte factible de cumplir por el deudor y no podrá ser inferior al pago de 40% de la deuda.
Domenech sostuvo que el endeudamiento afecta “a miles y miles de compatriotas” y mencionó que según los últimos datos del Banco Central del Uruguay (BCU) hay 632.992 clientes en categoría 5, es decir, deudores calificados como irrecuperables, de los cuales 235.582 tienen deudas en más de una institución.
En sus primeras intervenciones, los legisladores de la oposición puntualizaron que no les conformaba el proyecto de ley, pero estaban dispuestos a acompañarlo. La senadora Liliam Kechichian señaló que era crítica con lo que se estaba votando porque se partía “de un diagnóstico que, en términos generales, no es correcto”. A modo de ejemplo, señaló que en la exposición de motivos se afirma que se registró un fuerte crecimiento en los créditos al consumo y elevados niveles de endeudamiento, pero no se incluye información cuantitativa “que permita demostrar tales afirmaciones”.
En la misma línea opinó el senador frenteamplista Mario Bergara, expresidente del Banco Central, quien sostuvo que “no es un buen proyecto y mucho menos una solución”. A su entender, el proyecto desconoce los “equilibrios que deben tener los cuerpos normativos entre acreedores y deudores, desvirtúa la importancia de los contratos financieros, que podrán sonar feos, pero son contratos”, y además “parte de un preconcepto muy negativo de lo que es la actividad financiera” porque “se parte de la base de que los agentes financieros son culpables de los endeudamientos y operan en contra del bienestar de la gente”.
Bergara también señaló que en la comisión tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como el BCU se manifestaron en contra de la iniciativa. “No es nueva la situación en Uruguay de que por acuerdos políticos se violenten contratos financieros, con la mejor intención de favorecer a consumidores o productores”.
“Nosotros vamos a acompañar a regañadientes este proyecto porque acompañamos la sensibilidad que generan estas situaciones, pero este proyecto no va a dar solución, no es consistente con el cuerpo normativo que tenemos en materia concursal y puede tener efectos nocivos contrarios a los que estamos buscando”, expresó.
“La señal es muy buena, la ley espantosa”
A su turno, el senador nacionalista Rodrigo Blás dijo que no le “cerraban” varios aspectos. En concreto, cuestionó que la Cámara de Senadores vote un proyecto de ley como “señal”, aunque no sea una buena propuesta. “La señal es muy buena, la ley espantosa”, expresó.
“Le estamos diciendo al comprador consumidor compulsivo que tiene una forma de comprar un lavarropa, un televisor led, un sommier, hasta los championes, con la posibilidad de que mañana se lo rebajen 40% porque no tiene posibilidad de pagarlo”, agregó.
Blás señaló que no iba a votar un proyecto que no está “debidamente fundamentado desde el punto de vista legal y constitucional”. “Si eso va a costar que hoy salga la televisión diciendo: ‘acá están los que querían ayudar a los que deben y acá están los que no’, que de casualidad somos los herreristas, que nos pongan ahí, pero no vamos a apoyar el quiebre de un sistema legal y financiero, por el cual se erigieron las relaciones comerciales en nuestro país, y mucho menos lo vamos a dar a regañadientes. Uno puede votar con dudas, [pero] votar a regañadientes en mi escuela se llamaba un acto demagógico”, apuntó.
El nacionalista Gustavo Penadés también sostuvo que no compartía la iniciativa y propuso continuar estudiándola en la comisión. “No comparto su concepción intervencionista, ni las prohibiciones que se generan sobre personas físicas, ni el exceso de poder que se otorga a la Justicia y a los jueces”, expresó.
Sin embargo, en filas blancas no todos se manifestaron en contra de la iniciativa. El senador Sebastián da Silva señaló que pasar el proyecto a comisión “no es un entierro, es un CTI agonizante”, y que de esta manera se postergaría su tratamiento para el año que viene. “Qué me van a hablar de la validez de los contratos cuando se le cobra 130% de tasa interés a una maestra y a una empleada doméstica. Es una bofetada al sentido común, a la sensibilidad”, apuntó.
A comisión
Ante los reparos de varios legisladores nacionalistas, el senador del FA José Carlos Mahía propuso una moción para que el proyecto volviera a comisión, porque en su momento entendieron que “era una iniciativa de la coalición de gobierno”. Se solicitó un cuarto intermedio y cuando retomó la sesión, la vicepresidenta Beatriz Argimón puso a votación el proyecto de ley, sin los legisladores de la oposición en sala.
Al volver del cuarto intermedio, los senadores frenteamplistas cuestionaron el proceder de Argimón y solicitaron que se reconsiderara la votación.
Finalmente, por mayoría se votó que el proyecto pase a la comisión. Los senadores del Partido Nacional que no apoyaron la propuesta fueron Juan Sartori, Carlos Camy, Carmen Asiaín, Graciela Bianchi y Da Silva, y del Partido Colorado fueron Germán Cardoso y Pablo Lanz.