A la Mesa Política del Frente Amplio (FA) concurrieron este lunes los tres referentes de la fuerza política en seguridad social: Jimena Pardo, José Luis Baumgartner y Ernesto Murro. Ellos son quienes, con discrepancias manifiestas, integraron la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) que tiempo atrás comenzó a delinear el proyecto de reforma jubilatoria que hace algunas semanas ingresó al Senado. Además, integran la comisión interna que creó el FA para analizar el texto y ayudar a definir qué pasos dar en el Parlamento.
En la última sesión del Plenario Nacional del FA se ratificó que la fuerza política rechazaría en general el proyecto del gobierno, principalmente por entender que implicará trabajar más años para cobrar jubilaciones menores a las actuales. Sin embargo, luego de una discusión interna, se definió por mayoría acompañar algunos artículos que, en particular, puedan ser beneficiosos para determinados sectores de la población.
En este contexto es que en la Mesa Política de este lunes Pardo, Baumgartner y Murro presentaron un informe en el que se sugiere acompañar menos de 20 artículos más literales de algunos otros, de los 330 que tiene el proyecto en total, lo que sería menos de una décima parte. De todas formas, el propio Murro aclaró en rueda de prensa que las definiciones finales sobre qué propuestas acompañar las terminarán tomando “la dirección del FA y las bancadas de diputados y senadores”.
Según el documento, al que accedió la diaria, para los tres expertos, “el proyecto a consideración del Parlamento constituye un todo, un conjunto en el que cada parte está relacionada con las demás”, a diferencia de lo que se entiende que era la ley de urgente consideración, “que, por vía oblicua y en los hechos, contenía una veintena de leyes, y que por lo tanto era pasible de ser separada en partes”. En este sentido, “en este proyecto de reforma previsional no es sencillo escindir o considerar algunos artículos para su abordaje por separado”.
Tras esas precisiones, señalaron que entre los “artículos generales que se podrían votar favorablemente” figuran, con algunas observaciones, el 243 sobre el “financiamiento del BPS” (Banco de Previsión Social), así como los referidos a la compensación al BPS por exoneraciones y aportes rurales, que son el 245 y el 246, “y el no pago a DGI [Dirección General Impositiva] por transferir siete puntos de IVA a BPS”, que es el 248. A su entender, “estas medidas mejoran la presentación de la situación financiera del BPS”.
En cuanto a los “artículos puntuales que se podrían votar favorablemente”, en la lista figura el 18, que implica, “en algunos casos, durante el período de transición o convergencia, aplicar el cálculo integral por el nuevo Sistema Previsional Común si resulta más beneficioso para la persona que el cálculo que le corresponda en ese momento de dicha convergencia”. También se recomienda acompañar un literal del artículo 40 para “acceder a cobrar renta vitalicia generada por ahorro individual en AFAP en caso de 60 años de edad y carecer de cobertura de seguridad social”.
También señalaron el artículo 44, sobre “la mejora en aumentar a dos años de trabajo el reconocimiento por hijo con discapacidad severa para madres trabajadoras”, aunque propone que se incluya expresamente a “las mujeres afiliadas a las cajas paraestatales y asegurar la financiación respectiva”, ya que la disposición abarca al BPS y a las cajas Policial y Militar, mientras que para la Notarial, la Bancaria y la de Profesionales el artículo en discusión indica que “podrán disponer la aplicación de lo dispuesto” en “sus respectivos ámbitos de afiliación”.
Los expertos del FA también proponen acompañar el artículo 46, “sobre la exclusión de períodos cercanos a la maternidad para la mejora del cálculo del monto jubilatorio de las mujeres”, y un literal del 62 para “ampliar hasta 23 años la pensión de hijos/as solteros/as en caso de realización de estudios terciarios”. Además, se sugiere acompañar un literal del 72, que refiere a que “la pensión de sobrevivencia a la que inicialmente no se tuvo derecho por no cumplir con los requisitos económicos para ello pueda comenzar a servirse después o reiniciarse, si se hubiere perdido, una vez que dichos requisitos sí se cumplen”.
Por otro lado, se sugiere acompañar los artículos 197, 198, 202, 203, 208, 209 y 210, referidos a mejoras en las pensiones por invalidez o vejez. Luego se hace referencia al artículo 311 sobre el retiro militar obligatorio, “subiendo edades y acotando este tipo de retiro a personal del cuerpo de Comando y del cuerpo combatiente”, pese a que, como observación, se señala que “toda la transición del subsistema militar debe ser más rápida, profundizando lo que se pudo avanzar sólo con votos del FA en la reforma de 2018”.
También se sugiere apoyar el artículo 323, de “inclusión” en la seguridad social y de salud “de personas becarias en posgrados, maestrías y doctorados de la Agencia Nacional de Investigación” y “de la Universidad de la República”, y el 327, sobre el “imprescindible informe técnico de servicios especializados del BPS en caso de controversias judiciales o administrativas” por trabajadores con fibromialgia.
Por último, en el informe figuran algunos “artículos que requieren mayor análisis”, como los que van del 82 al 88 y refieren a la “acumulación de servicios entre distintas cajas”, donde se “tiende a generar cambios beneficiosos para las personas en general y que todo servicio por el que se aportó se refleje en las pasividades a percibir”. También del 228 al 242, sobre la “compatibilidad entre jubilación y actividad remunerada”, y del 261 al 268, sobre el “personal de embajadas, consulados y similares”.