El cambio de autoridades en la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, que se dio tras largos cruces en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) entre su presidenta y una de las directoras por el oficialismo, derivó en que haya un enroque de jerarcas. La nacionalista Sandra Etcheverry, quien compartió espacio con Rossana de Olivera, presidenta del Inisa e integrante de Cabildo Abierto (CA), pasó a la presidencia de ese organismo presidencial, que supo dirigir Rosario Pérez, quien pasó al ente encargado de los adolescentes para descomprimir el fuego cruzado que se tradujo en que CA pidiera la remoción de la nacionalista.
Tras ese cambio, que se produjo en enero de este año, Etcheverry se enfocó en poner en marcha la idea de llevar adelante un Plan Nacional de Acción por los Derechos Humanos, compromiso que data desde 1993 a partir de la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su Conferencia Mundial de Derechos Humanos, pero que en los distintos gobiernos “no se pudo concretar”, dijo la jerarca semanas atrás.
La senadora del Frente Amplio (FA) Silvia Nane hizo un pedido de informes sobre los cometidos de la Secretaría, luego de que Etcheverry no pudiera concurrir en setiembre a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de la cámara alta, que estudiaba por ese entonces la Rendición de Cuentas. En la respuesta se indica que tiene como tarea “encontrar puntos en los que haya determinada vulneración, o por diversas temáticas no se esté dando cumplimiento a la legislación aludida. Las áreas mayormente desatendidas deben ser estudiadas para encontrar dichos planes estratégicos, a los efectos de cubrir las garantías que el Estado debe brindar”.
Durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas, Nane dijo que le llamaba la atención que el inciso de la Secretaría no figurara en la información presentada por Presidencia: “Pregunto esto porque no están los indicadores y tampoco está en la descripción de las unidades que están en el Tomo II [del documento que presentaron las autoridades]. Tampoco veo los desafíos 2022 de esta Secretaría; entonces, quería entender cuál era el plan para el 2022 de la Secretaría de Derechos Humanos y qué acciones se hicieron durante el año 2021”.
Ya estamos
Finalmente, a mediados de este mes la Secretaría de Derechos Humanos anunció que presentará un plan nacional el próximo año. Según comentó Etcheverry, desde el organismo intentan comprometer a todas las instituciones del Estado “para firmar compromisos de los diferentes planes que hoy ya se están instalando en el país”, y agregó que este plan está bastante avanzado. “Es un compromiso irrenunciable”, afirmó.
Dicho plan institucionaliza la mirada de derechos humanos en políticas públicas a través de dos ejes temáticos: la atención a poblaciones vulnerables y no discriminación; el acceso a derechos y la educación en esta área.
En diálogo con la diaria, Etcheverry expuso que ya había un plan de acción que se venía construyendo con Pérez a la cabeza, pero “obviamente” no compartían “las mismas visiones”. Para la nacionalista, la extitular hizo el boceto del plan “más amplio”, mientras que ella busca hacerlo más “reducido” y con otro “vuelco de mirada”. “Cada uno tiene una impronta propia de trabajo; no tenemos ni diferencia política ni personal ni de ningún tipo. Cada uno tiene su impronta para trabajar, y la mía quiero que se vea en el plan nacional”, se excusó.
“No es fácil reunir a todos los organismos del Estado para firmar compromisos para que este plan se vea reflejado tanto desde la salud, del desarrollo social, de la vivienda. Es un tema muy amplio y creo que para que se haga el año pasado y llegue al final del período lo importante es que se haga”, afirmó.
En esa misma línea, Etcheverry criticó que no se haya creado un plan, a pesar de que es un “debe desde hace 29 años”: “Después de tres gobiernos del FA, donde se habló mucho de derechos humanos y no se pudieron poner de acuerdo, creo que sí podemos hacerlo. Es un gran avance”.
A su vez, sostuvo que la próxima administración que asuma tendrá un plan nacional que va a tener que ver con “nuestro enfoque político-ideológico”, además de “dejarle una herramienta fundamental para que la puedan mejorar, porque el primer plan para cualquier país es muy difícil”.
Por su parte, el extitular de la Secretaría de Derechos Humanos Nelson Villarreal dijo que es un error decir que es un “compromiso país” lo que suscribió Uruguay en 1993, porque se trataba de recomendaciones, a partir de lo expuesto en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. “Uruguay fue ratificando todas las convenciones, pero la construcción de una rectoría de derechos humanos se sistematizó con los gobiernos del FA”, indicó a la diaria, y agregó que hay que entenderlos en la acumulación de institucionalidad de Estado, donde el mojón estuvo en la Comisión para la Paz, que se creó durante el gobierno del colorado Jorge Batlle. “En los 15 años de gobierno progresista hubo avances en esa institucionalidad en la construcción de una rectoría y había que seguir caminando”, expresó.
En ese sentido, sostuvo que “hay una cuestión de relato de querer construir” y “después uno ve que se vuelve a inaugurar una escuela que ya se inauguró”, graficó. Asimismo, consideró que Etcheverry debería reconocer la “acumulación institucional” de los pasados períodos, pues se demuestra que “no hay continuidad de política de Estado, ni tampoco claridad de metodología de cómo lo va a instalar de alguna manera” al plan, opinó.
“No veo ningún sustento con profundidad, sistemático y desarrollado, que dé la expectativa de que se va a concluir efectivamente en un plan como se anuncia. Para mí es más discurso, más relato, que realidad”, concluyó.