El oficialismo reflotó un proyecto de ley que pretende regular la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros. La iniciativa, que ingresó a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado este jueves, consiste de 13 artículos, y establece varios requisitos para la compra de tierras situadas en suelos rurales.
La exposición de motivos del articulado, que fue presentado por varios legisladores que integraban la bancada del Frente Amplio durante el periodo de gobierno pasado –como el expresidente José Mujica, la exvicepresidenta Lucía Topolansky y la hoy vicepresidenta Carolina Cosse– pero naufragó, postula que la extranjerización de la tierra constituye un problema que afecta a la soberanía y es un “talón de Aquiles” para “las posibilidades de desarrollo” de nuestro país. Asimismo, expresa que resulta “imprescindible defender la tierra” dado que es “un recurso nacional estratégico”, y reivindica la necesidad de garantizar que “una parte importante del territorio” sea de propiedad uruguaya.
En el proyecto se distinguen los diferentes tipos de sujetos que estarían habilitados a adquirir tierras, para los que se establecen diferentes parámetros. Con respecto a las personas físicas de nacionalidad extranjera, el artículo 4 habilita únicamente a aquellos ciudadanos legales con diez años de residencia “continua, permanente y comprobada” en el país, un lapso que se reduce a la mitad en el caso de extranjeros que tengan hijos o hijas uruguayas. También están comprendidas aquellas personas extranjeras que “se encuentren unidas en matrimonio o en concubinato” con un ciudadano o una ciudadana uruguaya con “al menos cinco años de anterioridad a la fecha de celebración del negocio jurídico”, siempre y cuando sean capaces de demostrar la residencia “por igual término” de tiempo.
Por su parte, el artículo siguiente establece limitaciones para las personas jurídicas extranjeras, que sólo podrán adquirir tierras siempre y cuando no hayan sido constituidas fuera del país. Tampoco podrán participar de la compra de tierras las personas jurídicas cuya proporción mayoritaria recaiga bajo el control de personas extranjeras, ni aquellas sociedades de hecho que configuren alguna de las condiciones anteriores.
Igualmente, el artículo 6 habilita a “los fiduciarios y administradores de los fideicomisos, fondos de inversión, y cualquier patrimonio de afectación”, siempre y cuando sus beneficiarios “no sean personas físicas o jurídicas que se encuentren dentro de lo dispuesto por los artículos 4° y 5°”; y el 7 hace lo mismo con “los consorcios, grupos económicos o toda otra forma de colaboración empresarial regulada o no por la ley”.
En diálogo con la diaria, el presidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, el frenteamplista Aníbal Pereyra, explicó que el oficialismo optó por desarchivar el proyecto de ley para llevar adelante su análisis, algo que demanda una “consulta desde todo punto de vista” sobre el proyecto y sus potenciales alcances, así como sus “aspectos más técnicos o jurídicos”, con diversos actores del Estado y la sociedad interesados.
Pereyra subrayó que ya existe un marco legislativo favorable a la regulación de la compra de tierra por parte de extranjeros, y sostuvo incluso que no presenta “ninguna contradicción constitucional”, ya que la iniciativa en cuestión pretende ampliar sobre algunos de los derechos garantizados por la Carta Magna. Afirmó que el articulado no busca prohibir la compra de tierra por parte de extranjeros, sino “generar más elementos legales que determinen más arraigo o relación con el país”. También descartó que pueda afectar a la inversión extranjera, ni por consecuencia, la producción, ya que el articulado no “pone ningún tipo de trabas” en ese sentido.
Consultado sobre cómo entiende que será su tratamiento parlamentario, el senador oficialista matizó que articulados como el propuesto “llevan un tiempo”, y que, ante todo, “es importante abordarlos”. Respecto a cuáles cree que son las posibilidades para su aprobación, apuntó a presuntas “preocupaciones coincidentes” en torno al fenómeno de la extranjerización, y destacó la potencialidad del articulado “por lo que es [y] lo que significa desde el punto de vista de la mirada estratégica de cualquier país”, así como “desde el punto de vista de la soberanía [y] de los cuidados de los recursos naturales, que son finitos”.
“Esperemos que estos temas, que tienen que ver con cuestiones importantes en la vida del país [y] de la gente, no solo queden en el plano discursivo y retórico”, manifestó. Y sentenció: “Es un proyecto que se trabajó hace mucho tiempo con mucha seriedad, basado en datos [y] en la realidad del país”.