Los senadores del Frente Amplio (FA) Mario Bergara y Charles Carrera presentaron este miércoles una ampliación de la denuncia penal presentada el año pasado por la extensión de la concesión a la empresa belga Katoen Natie de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. La oposición manifestó que se sumó un “hecho sin precedentes”, en referencia a que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) intervino una decisión de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que había resuelto investigar una denuncia de Montecon por prácticas anticompetitivas a raíz del contrato y la prioridad para el despacho de buques que obtuvo la firma belga.
A pesar de la revocación del MEF, la comisión resolvió que es pertinente la denuncia de Montecon y decidió continuar con la investigación. No obstante, para el FA el MEF “sienta por primera vez el precedente de que la comisión debe efectuar un análisis inmediato y pronunciarse de plano acerca de si una denuncia recibida se encuentra dentro de su ámbito competencial, en vez de diligenciar la prueba que le resulte pertinente antes de tomar una decisión al respecto”.
Por ello, consideran que corresponde investigar cuáles fueron los motivos del subsecretario de la cartera, Alejandro Irastorza, para modificar “la práctica administrativa en este caso particular, entorpeciendo la labor de la comisión justamente en este caso en el que se encontraba investigando una decisión en la que estuvo involucrado el propio ministerio”, se afirma en la denuncia, a la que accedió la diaria.
El plan de negocios
Otro de los nuevos aspectos introducidos en la denuncia refiere al plan de negocios de Katoen Natie cuando se instaló en 2001. Mediante un pedido de acceso a la información pública, la oposición accedió al plan y considera que es una prueba importante para la investigación penal, ya que muestra que Katoen Natie era consciente de que “competiría en el negocio de los contenedores con otros operadores, tanto en muelles públicos como en otras terminales especializadas o polivalentes”.
Es por esto que, a juicio del FA, “no existen dudas en cuanto a que se obró de mala fe al justificar las razones que sustentaban la firma del acuerdo” entre el gobierno y la empresa, “simulando una realidad que no era tal y que poco tenía que ver con las ‘reglas de juego’ que la misma empresa aceptó cuando se presentó a la concesión”. Esto porque previo al acuerdo con el gobierno, Katoen Natie amenazó con un juicio internacional por lo que entendía que eran incumplimientos del Estado uruguayo en virtud de la concesión iniciada en 2001.
En el plan de negocios que presentó el FA, la empresa belga detalla en un capítulo cuál será “la competencia que enfrentará la terminal especializada” y, en esa línea, menciona que deberá competir “desde un comienzo” con “los restantes operadores en la terminal polivalente o multipropósito por la captación de los tráficos que han sido proyectados para el puerto de Montevideo en su conjunto en el capítulo anterior”. En esos otros muelles es que opera la firma Montecon, competidora de Katoen Natie y la que acaparó en los últimos años más actividad a nivel del puerto montevideano.
En la denuncia, el FA considera que “no existen dudas de que el marco legal preveía la posibilidad de que existiera libre competencia entre operadores” y que “la propia empresa Katoen Natie así lo reconocía y aceptaba cuando inició este negocio”. Para la oposición, esto tiene “relevancia en materia penal” porque “incorpora otro elemento probatorio que demuestra que los negociadores actuaron con absoluta arbitrariedad y plena conciencia de la ilegalidad de lo que estaban firmando” cuando suscribieron el contrato de extensión de la concesión hasta 2081 con nuevas condiciones.
Katoen Natie: “repiten argumentos de Montecon”
Katoen Natie respondió ante la ampliación de la denuncia del FA. “Los senadores repiten casi textualmente los argumentos expuestos por la empresa Montecon”, sostuvo la empresa belga. También desmintió lo relativo al plan de negocios, al plantear que “fue realizado antes de la promulgación del decreto de reglamentación” y que allí “no hay acreditación o compromiso alguno, sino una evaluación sobre la futura actividad de la terminal especializada que aún no existía”.
Además, la compañía de servicios portuarios indicó que “no cuestionó nunca el principio de libre competencia portuaria, consagrado por la Ley de Puertos de 1992”, y agregó: “Los senadores muy bien saben que lo que la empresa cuestionó y cuestiona hoy es que ese principio haya sido insistentemente desconocido por Montecon, beneficiada con la utilización ilegítima de espacios públicos, subsidios tarifarios, y prácticas discriminatorias” que fueron “en perjuicio” de Katoen Natie y “las arcas públicas”. La firma concluyó que lo establecido en el nuevo acuerdo “es enteramente consistente con la libre competencia en las áreas públicas multipropósito”, ya que se trata de “una prioridad no exclusiva ni excluyente”.