En su último plenario, el 20 de enero, el Congreso de Intendentes (CI) le encomendó a la comisión de seguimiento del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) presentar un borrador de acuerdo para unificar los valores de las multas por infracciones de tránsito en todo el país, como forma de laudar el proceso de unificación que comenzó en 2016 y debía comenzar a implementarse en enero de este año. Según informó El País días atrás, se definió marzo como fecha límite para la entrega del documento, con posibilidad de prórroga por única vez por un plazo de 60 días, para que la discusión quede saldada en el primer semestre del año.
Si bien las 19 intendencias departamentales ya se pusieron de acuerdo en la codificación de las infracciones y en la mayoría de los montos de las multas –en un 90%, según el presidente del CI, Guillermo López–, persisten las diferencias en cuanto a los valores, principalmente de aquellas por exceso de velocidad y espirometría positiva.
El intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, fue uno de los que planteó revisar los números, por entender que el acuerdo al que llegaron los anteriores jefes departamentales no necesariamente se adapta a la realidad actual. “Cuando unificaron, en 2017, los intendentes anteriores lo tiraron para aplicar en 2022. Yo creo que hay que rever eso porque por algo no lo aplicaron ellos”, dijo Besozzi a la diaria.
La principal dificultad radica en las diferencias existentes entre las multas que aplican los distintos departamentos, que, en aras de nivelar, deberían subir o bajar significativamente sus valores. En ese sentido, Besozzi comentó que en el caso de Soriano hay “algunas multas que bajan, otras que quedan igual y otras que suben bastante por encima”, y consideró que para los últimos casos “hay que tener cuidado que cuando vos cobrás una multa sea razonable el pago”, porque, de lo contrario, el ciudadano “no paga la multa y en vez de castigar lo llevás a ser un deudor contumaz”. El intendente del Partido Nacional aseguró estar “de acuerdo con unificar”, pero insistió en la necesidad de revisar los montos que se acordaron en el período anterior.
El director de Tránsito de la Intendencia de Canelones ‒gobernada por el Frente Amplio‒ y asesor del CI en temas de tránsito, Marcelo Metediera, señaló que en 2016 hubo grandes avances en el camino de la unificación y se logró pasar de 4.484 códigos que había en el país a 213, pero no se aplicó en términos generales –Montevideo, por ejemplo, implementó la gradualidad en las multas por exceso de velocidad–, porque el documento no pasó por las 19 juntas departamentales. En ese sentido, cuestionó el freno impuesto por algunos intendentes a la implementación del acuerdo, y consideró que responde a “posicionamientos políticos más que al valor de multa”.
Según Metediera, hay departamentos que actualmente aplican multas de tres unidades reajustables (UR) por exceso de velocidad, y otros, de 30 UR ‒lo que equivale a 4.119 pesos y 41.190 pesos, respectivamente‒. “Canelones está bajando el valor de la multa de exceso de velocidad para llegar a un acuerdo. ¿Estoy sacando cuentas de cuánto menos voy a recaudar? No”, reflexionó Metediera, y opinó que “debe haber una política de Estado con los temas de tránsito”. “Si todos nos paramos fuerte en las cosas que cada uno necesita, a los acuerdos no se llega. En mi opinión, y me hago cargo, seguramente haya valoraciones políticas o posibles manejos políticos de esto, porque si acordaste a nivel nacional montos, sanciones, escalonamiento, ¿cuál es la dificultad? ¿Perder el poder de manejar las multas?”, preguntó.
Un “margen de discrecionalidad”
El intendente de Salto, Andrés Lima, perteneciente al FA, reconoció que “no es fácil” llegar a un consenso nacional “por las diferencias que hay”, pero sostuvo que en su caso entiende que “se debe hacer el esfuerzo por unificar”, entre otras cosas porque “el Sucive ha demostrado desde su implementación, en 2012, que ha sido muy beneficioso”. “Hoy constituye el principal ingreso genuino de los gobiernos departamentales. Ha sido positivo y evita aquella famosa guerra de patentes”, analizó.
Lima aseguró que ve “voluntad” de todos los involucrados para llegar a un acuedo, más allá de algunas resistencias. Para destrabar la discusión, en la última reunión de la Mesa del CI, planteó “dar un pequeño margen de discrecionalidad”; es decir, que “en vez de poner que por cruzar un semáforo en rojo la multa es de cinco UR para todas las intendencias, se puede acordar que frente a esa infracción las intendencias podrán aplicar una sanción que irá de tres a seis [UR]”. “Eso da la posibilidad de que cada intendencia, según sus características, tenga un pequeño espacio de discrecionalidad”, apuntó Lima, y Besozzi consideró que es una “muy buena idea marcar un rango” en lugar de fijar tarifas rígidas.
Metediera, en tanto, se desmarcó del planteo de Lima: “Mi opinión personal es que eso es volver a que cada uno haga lo que quiera. Eso no apuntaría a esa política de Estado nacional que establece las reglas del juego claras para todos. Para eso dejémoslo como está, que cada uno cobre lo que quiera”, manifestó. En su opinión, “la discrecionalidad del manejo político no le hace bien a la seguridad vial” y se deben “hacer todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo y que las reglas sean claras a nivel nacional, para todos iguales”.
López, del PN, dijo a la diaria que confía en que se va a llegar a un acuerdo, y que para no seguir “discutiendo infinitamente” es que se fijó un plazo. “La idea es que a mitad de año tengamos esa unificación para que después toda la parte operativa, sistemas informáticos, administrativa, se pueda implementar, y que terminemos 2022 con todo eso funcionando”, señaló. En su opinión, la discusión debe tener un “fuerte componente técnico de seguridad vial”.