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Luis Lacalle Pou durante la celebración del día de los mártires de la Aviación Militar (archivo, agosto de 2021).

Foto: Mauricio Zina, adhocfotos

Lacalle Pou recibió a familiares de procesados y condenados por crímenes de la dictadura

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Un integrante de la organización dijo que le pidieron al mandatario “sensibilidad para animar un debate político” que dé una “solución” a la “situación arbitraria en el procesamiento” de sus familiares.

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Leído por Andrés Alba.
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El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recibió este martes a la organización que se denomina Familiares de Prisioneros Políticos, compuesta por allegados y familiares a los procesados y condenados por crímenes cometidos en la dictadura que están recluidos en la cárcel Domingo Arena. Según dijo uno de sus integrantes a la diaria, en la reunión el mandatario no dio su parecer personal sobre los reclamos del grupo ni se comprometió a dar respuestas, pero sí coincidió “en la necesidad de contar la historia completa” y en que “no se puede mirar parcialmente el pasado reciente”.

Los delegados de la agrupación fueron recibidos por Lacalle Pou en la residencia de Suárez, y el jerarca estuvo solo en la reunión. Según sostuvo Diego Flores, yerno de Ariel Ubillos –procesado por el asesinato del estudiante Hugo Leonardo de los Santos, ocurrido en setiembre de 1973–, el objetivo de la reunión fue presentarle el “eje principal” de su “denuncia”, que es lo que consideran “una situación arbitraria en el procesamiento” de sus familiares. A su vez, este encuentro se enmarca en una ronda de audiencias que la organización inició en noviembre con el fiscal de Corte, el ministro de Defensa Nacional, la Suprema Corte de Justicia –que no los ha recibido– y con la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.

“Lo que le presentamos al presidente es que la LUC [ley de urgente consideración] que tenemos pasa por la atención de este tema, que para nosotros no se limita a lo que propone la Ley Manini”, sostuvo Flores en referencia al proyecto de ley de CA para otorgar prisión domiciliaria a mayores de 65 años, que, en su opinión, “no resuelve [su reclamo] pero sería un primer paso. La domiciliaria es una alternativa, lo que nosotros sostenemos es que es necesario derogar la ley interpretativa, la 18.831, que es la madre de todos estos problemas”.

Flores destacó la receptividad del presidente en la reunión: “Ayer nos atendió el Estado, nos atendió la República, la democracia que encarna el presidente de la República. Nos escuchó atentamente, se mostró comprensivo, entendió”, dijo, aunque aclaró que “no se comprometió a nada”. Si bien señaló que el grupo tampoco le pidió “compromisos puntuales”, indicó que sí le plantearon “la necesidad de una intervención política, que el sistema político tiene que resolver este tema, que es eminentemente político”. En ese sentido, le pidieron “sensibilidad para animar un debate político que provoque la solución al tema”.

Según dijo Flores, Lacalle no dio respuestas concretas a sus planteos, pero tomó nota de ellos. “Nos recordó que es un hombre de derecho, apegado a la institucionalidad, con lo cual, más allá de pareceres personales que no nos transmitió, hizo énfasis en que él estaba apegado a la norma y al profundo respeto por las instituciones”, manifestó. Por otro lado, consideró que el presidente “entendió todos” los reclamos. “Nos atendió muy bien, yo en lo personal sentí que era comprendido, que era atendido. Ahora vamos a ver qué hace”, reflexionó Flores.

En el encuentro también le informaron que denunciarán al Estado uruguayo ante Naciones Unidas “y preparando una batería de denuncias contra el Estado a nivel local”. “Nos preguntó cómo veníamos manejando el tema y tomó nota”, indicó Flores.

“Grave” y “vergüenza”

Consultado sobre el encuentro, el integrante de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, Raúl Olivera, dijo a la diaria que al recibirlos “el presidente de alguna manera está avalando que el Estado uruguayo tiene presos políticos”, lo que calificó como un hecho “grave” que “va de la mano de los dichos de [los senadores] Bianchi y Manini”.

Mientras tanto, Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, criticó en diálogo con la diaria la forma de autodenominarse del grupo: “Que todos los denominen presos políticos porque la asociación se llama así es una vergüenza, porque no son presos políticos, no están ahí por sus ideas, están por sus acciones, están por sus delitos, los más aberrantes delitos que se conocen”.

“Sería bueno una señal del presidente que aclare esto: la Justicia es la Justicia, punto. Estamos en un régimen democrático. Tiene fallas, lo que quieras, pero la Justicia les dio todas las garantías”, agregó Zaffaroni.

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