La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) rechazó la “política de ajuste del gobierno” en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que recorta 891 millones de pesos anuales en rubros salariales y 430 millones de pesos en gastos de funcionamiento.
El gremio de empleados estatales afirmó en un comunicado que no se trata de “una limitación en la provisión de vacantes”, sino de “la eliminación definitiva de cargos de ingreso y ascenso, consolidando un achique permanente del Estado, reduciendo los rubros salariales y de funcionamiento, y profundizando la discrecionalidad en la creación de nuevas estructuras y cargos de particular confianza”.
La confederación señaló que la eliminación de “cientos de cargos vacantes” afecta a “casi la totalidad de los ministerios”. Cuestionó que el Poder Ejecutivo estableció esos recortes “sin negociación colectiva”, por lo tanto, “incumpliendo lo dispuesto por la Ley 18.508” [de negociación colectiva en el sector público].
Detallaron que se “eliminan cargos vacantes de ingreso y de ascenso, correspondientes a escalafones de servicio, administrativos, técnicos y profesionales”. También “se reducen cargos de ingreso a la función pública, se afecta la carrera administrativa y los ascensos, y se debilita la capacidad de los organismos para brindar servicios a la población”.
Por otro lado, señalaron que, al mismo tiempo, el gobierno “opta por crear nuevas estructuras”, como la Agencia Nacional para la Gestión de Inmuebles Estatales, para cumplir “funciones que hoy ya son desarrolladas por distintos organismos del Estado, entre ellos la Dirección Nacional de Catastro”. “En esos organismos que se crean continuarán designando para su conducción más cargos políticos y de confianza”, aseveraron.