El Poder Ejecutivo informó el lunes “las líneas de acción que se implementarán a partir del diagnóstico y las recomendaciones” del Diálogo Social sobre seguridad y protección social. La principal repercusión tuvo que ver con el pilar de ahorro individual, y más específicamente, con la no inclusión en el planteo de un “organismo público” que centralice la administración de estos fondos previsionales, lo que deja a las AFAP solo con la función de inversión y rentabilización.
El PIT-CNT señaló el incumplimiento de lo acordado durante el proceso de Diálogo Social y, en este marco, convocó a un paro general parcial para el 11 de agosto. Desde el oficialismo, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, puntualizó que la propuesta se descartó porque “las condiciones económicas, financieras e institucionales no están maduras”. Estas idas y vueltas hicieron pasar algo inadvertida la inclusión dentro de “las líneas de acción” de un aspecto que no figuraba en el documento final del Diálogo Social: el anuncio de “una ampliación gradual de los activos elegibles en el exterior”.
En el marco del impulso de “medidas que permitan alcanzar una mayor rentabilidad” para el ahorro de los trabajadores, el gobierno anunció la intención de lograr “una mayor diversificación y diferenciación de las inversiones”, lo que implica ampliar la posibilidad de inversión en el exterior, “manteniendo la estricta regulación y supervisión profesional”. Asimismo, se puntualiza que esto se hará “protegiendo el financiamiento de las inversiones productivas domésticas”.
El tope de la inversión de los ahorros previsionales en el exterior es regulado por la Ley 18.673 de 2010, que en su segundo artículo modificó la ley que creó las AFAP en 1995, al establecer que -entre otras posibilidades- las administradoras podrán invertir en “valores de renta fija emitidos por organismos internacionales de crédito o por gobiernos extranjeros de muy alta calificación crediticia, con las limitaciones y condiciones que establezca la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay, hasta un 15% del activo del Fondo de Ahorro Previsional”.
Ese 15% amplió el abanico de posibilidades de inversión de las AFAP, que hasta entonces estaba limitado al ámbito nacional. Otro de los cambios tuvo que ver con la ampliación de la posibilidad de invertir en proyectos productivos del 25% al 50% del activo del Fondo de Ahorro Previsional, así como la reducción gradual del tope de inversión en deuda pública hasta el 75%.
Esta propuesta de aumentar el tope de inversión de fondos previsionales en el exterior ya se había manejado en el período de gobierno pasado a partir del informe de la Comisión de Expertos en Seguridad Social que terminó con la aprobación de la última reforma previsional. El documento proponía “ampliar los activos elegibles, para incorporar mayor participación de acciones de renta variable e instrumentos emitidos en el exterior, no correlacionados con el riesgo país de Uruguay”. Si bien esto se tradujo en la iniciativa que llegó al Poder Legislativo, no logró las mayorías necesarias tras las negativas de las bancadas del Frente Amplio (FA) y Cabildo Abierto (CA).
¿Qué respalda la propuesta del Ejecutivo?
En la actualidad, el Fondo de Ahorro Previsional representa 27.000 millones de dólares, lo que en otras palabras es aproximadamente el 30% del producto interno bruto de Uruguay. En ese sentido, los activos previsionales que se pueden invertir en el exterior -el 15% del Fondo de Ahorro Previsional- alcanzan el entorno de los 4.000 millones de dólares. El restante 85% -23.000 millones de dólares- debe ocuparse entre proyectos productivos y deuda pública.
En ese escenario, Oddone explicó a El Observador que, si bien las AFAP “han financiado” proyectos productivos privados, ha sucedido en “un número reducido” de casos. El jerarca añadió que eso lleva a que “el grueso de la cartera de las AFAP” sean títulos de deuda pública, lo que, al tener un país “con el menor riesgo país de América Latina”, se vuelve una inversión muy segura y, por tanto, poco rentable.
Fuentes del Ejecutivo reconocieron a la diaria que este aspecto no fue “abordado en profundidad” durante el Diálogo Social. Sin embargo, se entendió pertinente considerarlo dentro de las líneas de acción como consecuencia de la identificación de una “limitación” de la “rentabilidad” del ahorro individual producto de los tipos de inversión disponibles para las AFAP.
Más allá de este diagnóstico, se detalló desde el Ejecutivo que aún no se cuenta con datos concretos sobre los efectos que podría tener la ampliación de la inversión de los fondos previsionales en el exterior en los “márgenes” de rentabilidad de los aportantes. En cualquier caso, se señala que esta apertura a la inversión internacional se hará “manteniendo márgenes de riesgo totalmente acotados” y bajo “la supervisión y la regulación del Banco Central”.
Más allá de las intenciones señaladas, esta propuesta podría convertirse en otra de las diferencias del gobierno con el PIT-CNT en relación con la seguridad social. José Olivera, integrante del Secretariado Ejecutivo de la central sindical, dijo días atrás en la diaria Radio que, además de la no creación del organismo público de gestión centralizada del ahorro individual, aparece otro planteo “que es más preocupante y que nunca estuvo en el Diálogo Social: la apertura a la inversión de los fondos de los trabajadores y las trabajadoras al exterior”. “Nos parece que es una muy mala señal, porque de alguna forma esto lesiona la credibilidad de los actores”, concluyó el representante sindical.
Diferencias en el FA
Las diferencias entre el gobierno y el movimiento sindical en cuanto a las “líneas de acción” surgidas del Diálogo Social se traducen en diferencias dentro del FA. Ejemplo de esto lo manifestó el senador socialista Gustavo González, quien señaló a la diaria que estos aspectos dispuestos por el Ejecutivo, que generaron la discusión con el PIT-CNT, son en definitiva “un gran negocio para las AFAP”. Consultado sobre si no cree que la diversificación de las inversiones -y específicamente una mayor llegada al exterior- puede repercutir en mejores montos a la hora del retiro, González contestó: “Eso hay que verlo, lo que habíamos demostrado con el plebiscito [de la seguridad social] es que lo que se cobra por las AFAP es vergonzoso en la mayoría de los casos”.
El diputado del Partido Comunista Bruno Giometti recordó a la diaria que el FA no apoyó el planteo con similares características que impulsó en 2023 el gobierno de Luis Lacalle Pou. En ese sentido, puntualizó que “habrá que analizar en función de qué cambio en la realidad” ahora sí “amerita” que la propuesta “se ponga sobre la mesa”. Giometti entiende que el objetivo del Ejecutivo está en “rentabilizar más” los ahorros individuales, pero enfatizó que, una vez que se conozca el proyecto de ley, se deberá estudiar, “tanto en la bancada como en la fuerza política, si es posible compatibilizar este planteo” con la necesidad marcada por el gobierno de “direccionar una mayor parte del ahorro nacional existente hacia un proyecto de desarrollo productivo en la economía uruguaya, con un fuerte rol de las empresas públicas”.
El dirigente comunista sumó como otro aspecto a tener en cuenta que esta ampliación de las inversiones en el exterior “no implique en ningún caso que pueda haber riesgos de que estos fondos no regresen a la economía uruguaya”. Subrayó que, en definitiva, se tratará de “estudiar el costo-beneficio de tener quizá algún punto más de rentabilidad en el fondo de ahorros”.
Sol Maneiro, diputada del Movimiento de Participación Popular y participante en el Diálogo Social en representación del FA, señaló a la diaria que el aumento de las inversiones de los fondos previsionales en el exterior “son ideas que siempre aparecen arriba de la mesa a la hora de pensar alternativas para mejorar el valor de las prestaciones”. Aseguró que, en cualquier caso, se definirá la postura de la fuerza política cuando se cuente con detalles sobre “instrumentos, plazos y montos habilitados”.
Por último, Alejandro Zavala, diputado por El Abrazo, coincidió con la lectura del ministro Oddone y puntualizó a la diaria que “no hay proyecto de inversión ni público ni privado [en Uruguay] para acaparar” un Fondo de Ahorro Previsional que creció hasta los 27.000 millones de dólares. En ese sentido, aseguró que las inversiones de las AFAP “terminan siendo en deuda pública con tasas bajas”. Agregó que poner inversiones en el exterior también permite, además de una eventual mejora de la rentabilidad, “no tener todos los huevos en la misma canasta”.
El costo político
“El movimiento sindical había acordado otras cosas al parecer y tenía una expectativa que esto lo deja sin respuesta”, resumió González. Definió como “un problema” para el gobierno este escenario de discordia con el PIT-CNT, teniendo en cuenta “la situación frente a la opinión pública” que reflejan las encuestas. “A mí me parece que evitar todo enfrentamiento, aunque sea de palabra, con el movimiento sindical es lo más ajustado, sería lo más correcto”, sumó el legislador.
“Los acuerdos emanados del Diálogo Social hay que cuidarlos, esa es la base social del gobierno: mujeres, trabajadores, jubilados”, planteó en la misma línea la senadora de Casa Grande, Constanza Moreira. “A mi juicio, se dan muchas señales al sector empresarial más poderoso que, sin embargo, no parece estar dispuesto a invertir en asegurarle sostenibilidad política al gobierno”, complementó. “Tener ‘contentas’ a las AFAP no tiene un sentido claro, es el sector financiero al final; nuestro problema es el sector productivo, los trabajadores, la gente en situación de pobreza, las mujeres, la pequeña y la mediana empresa”, sumó, y resumió: “No debemos alimentar un conflicto con el movimiento sindical por esta causa”.
Giometti, por su parte, definió como “entendible la incomodidad y el malestar” del movimiento sindical ante propuestas que no recogieron un “punto específico” del Diálogo Social relativo al ahorro individual. Añadió que a ese no cumplimiento se suma que el cambio en la propuesta es resultado de que “hubo una presión muy fuerte de las AFAP” para que no se incluyera el organismo público que centralice la administración del ahorro individual.
“Esto genera, obviamente, una dificultad en lo que llamamos ‘el bloque’”, comentó Giometti. “Nosotros entendemos que para ir avanzando en las transformaciones es importante hacerlo en acuerdo con las organizaciones más importantes de este país, de trabajadores y jubilados”, reforzó el diputado, y mencionó que gran parte de los puntos acordados en el Diálogo Social sí fueron recogidos por la propuesta del Ejecutivo.